En un contexto de crisis económica y social, el proyecto de presupuesto nacional para 2025 presentado por el Gobierno nacional consolida el ajuste para los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras que garantiza beneficios fiscales para los más pudientes.
El informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) destaca que, si bien el presupuesto prevé un aumento general del 4,3% en términos reales, la recuperación está lejos de compensar la caída del gasto social experimentada en años anteriores, lo que pone en riesgo las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
El documento señala que la proyección de inflación del 18,3% en el presupuesto oficial está muy por debajo de las estimaciones de especialistas privados, que calculan un 38,4%. Esta disparidad sugiere que, de concretarse una inflación mayor, el ajuste real en el gasto sería aún más profundo.
En particular, el rubro de servicios sociales—que incluye educación, salud y programas de asistencia—crece apenas un 9% en relación con lo ejecutado en 2024, pero registra una caída del 17% frente a los niveles de 2023.
Uno de los puntos más críticos del análisis de ACIJ es la drástica reducción en áreas fundamentales para el bienestar social a mediano plazo, como Agua Potable y Alcantarillado (-57%), Vivienda y Urbanismo (-47%) y Educación y Cultura (-40%).
Además, subraya que políticas claves para la lucha contra la violencia de género y la salud sexual y reproductiva han sido desfinanciadas. Programas como Acompañar y la Línea 144 carecen de financiamiento, mientras que la Educación Sexual Integral y la prevención del embarazo adolescente sufren recortes significativos, consolidando una caída de hasta el 85% desde 2021.
Este ajuste en servicios sociales es presentado como una de las principales herramientas del Gobierno para alcanzar el superávit fiscal. A pesar de un incremento del 65% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) entre 2023 y 2025, este aumento apenas representa el 27% de los recursos recortados en otras partidas destinadas a la promoción social, el trabajo y la infraestructura básica.
El recorte del presupuesto en servicios sociales ha sido una parte fundamental en
el logro de superávit fiscal por parte del Gobierno: casi la mitad de la reducción del gasto entre 2023 y 2025 se explica por la baja en este rubro.
Mientras las partidas destinadas a garantizar derechos sufren reducciones considerables,
el presupuesto sostiene los privilegios fiscales que surgen cuando los gastos tributarios se
apartan de su objetivo inicial y terminan beneficiando mediante exenciones tributarias a
los sectores de altos ingresos.
El mantenimiento de privilegios fiscales beneficia a los sectores de mayores ingresos, exacerbando la desigualdad. Regímenes como el de la Economía del Conocimiento y el de Tierra del Fuego no solo permanecen intactos, sino que aumentan su impacto en términos del PBI para 2025.
