El interventor de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, Adrián Zigaran, confirmó que en las próximas horas comenzará la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia.
Esta medida, que forma parte del Plan Güemes impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, generó un fuerte rechazo por parte del país limítrofe.
El alambrado estará ubicado en la localidad de Aguas Blancas, una zona fronteriza con la ciudad boliviana de Bermejo, en el departamento de Tarija. La estructura se extenderá desde la terminal de ómnibus hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas. Según las autoridades argentinas, el objetivo de esta iniciativa es reforzar la seguridad en el límite internacional.
Sin embargo, el Gobierno de Bolivia expresó su preocupación a través de un comunicado emitido por su cancillería. “Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”, señaló el texto.
Además, advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
El ministro de Justicia boliviano, César Siles, también cuestionó duramente la decisión argentina, calificándola como una vulneración de los principios de convivencia pacífica y una posible contravención a los tratados internacionales.
“Consideramos que el mandato del presidente de Argentina es vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional. Esto iría en contra de los tratados internacionales”, afirmó Siles, quien instó a organismos como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) a pronunciarse sobre el tema.
La tensión diplomática entre ambos países no es nueva. En abril de 2024, Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, denunció la supuesta presencia de grupos armados iraníes en territorio boliviano, cerca de la frontera con Argentina, lo que deterioró las relaciones bilaterales.
Con la llegada al poder de La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei, las políticas migratorias en Argentina han sufrido importantes cambios. Programas destinados a combatir la discriminación, el racismo y la xenofobia fueron desfinanciados, mientras que el discurso oficialista en las redes sociales se ha caracterizado por un tono discriminatorio y racista.
Para los inmigrantes bolivianos, regularizar su situación se ha vuelto especialmente complicado. El costo de los trámites migratorios para ciudadanos del Mercosur pasó de 3 mil pesos a más de 50 mil, un aumento del 1.500%, dificultando el acceso a derechos básicos.
La construcción del alambrado y las políticas migratorias restrictivas evidencian un endurecimiento de las medidas del gobierno argentino hacia la población migrante y fronteriza.