En unos días se define la concesión de la Vía Navegable Troncal, por donde sale el 80% de las divisas de nuestras exportaciones. El Gobierno de Javier Milei ya hizo su jugada en uno de los procesos licitatorios más importantes de los últimos años. El Ministerio de Economía preadjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, dejando a la compañía a un paso de recuperar el control del sistema de dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay.
La decisión abre una última etapa administrativa de siete días para la presentación de impugnaciones antes de la adjudicación definitiva. Sin embargo, todo indica que Jan De Nul quedó en una posición inmejorable para volver a gestionar el corredor en donde está en juego 300 millones de dólares anuales.
Pero la resolución expuso una creciente tensión entre Estados Unidos y China quienes se disputan el negocio portuario regional.
La competencia entre las dragadoras belgas
La licitación enfrentó principalmente a dos gigantes del sector: Jan De Nul y DEME. Según el dictamen oficial, la oferta de Jan De Nul-Servimagnus obtuvo una ventaja significativa en la evaluación técnica, mientras que ambas compañías empataron en la oferta económica al presentar el valor mínimo permitido por el pliego.
Pero su resultado pudo haber estado definido por los nombres y apellidos de las nuevas alianzas conformadas para ganar el pliego vinculadas al empresariado portuario y al gabinete de Milei. Se trata de la empresa Servimagnus, socia local de Jan de Nul, que es presidida por Leonardo Román y que se ocupará de las tareas de dragado, balizamiento y remolcamiento, en nombre de “socia” de la belga. Por otro lado, el grupo Neuss Capital, otro socio estratégico de Jan de Nul, está vinculado fuertemente a Santiago Caputo, quien viene pujando para ellos en las ultimas privatizaciones de empresas argentinas.
Sin embargo, las empresas ganadoras también cuentan con negocios y alianzas del otro lado del continente, es el caso de Servimagnus con compañías estatales chinas como China Communications Construction Company (CCCC) Shanghai Dredging. La definición generó fuertes reacciones en Washington y genera una doble tensión en el oficialismo nacional que desde su llegada al poder, la decisión geopolítica de alineación con los intereses norteamericanos estuvo más que clara, y el pedido de Trump: vetar a las firmas estatales de Pekín en la infraestructura crítica del país.
Del otro lado está DEME, otro gigante belga del dragado con presencia global en infraestructura marítima, energía offshore y obras portuarias. Para esta licitación la compañía conformó un consorcio junto a la estadounidense Great Lakes Dredge & Dock, una de las principales firmas de dragado de Estados Unidos. La misma, calificó la decisión como una señal negativa para las inversiones norteamericanas y anunció que analiza posibles acciones legales para cuestionar el resultado.
— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 5, 2026
Una infraestructura estratégica
Aunque la presencia de Jan De Nul no es novedad –La compañía ya había gestionado la hidrovía entre 1995 y 2021 asociada con la empresa argentina Emepa a través de Hidrovía S.A., el consorcio que administró durante más de dos décadas la principal ruta fluvial del país— La preadjudicación a la misma reactiva un debate que atraviesa a distintos gobiernos desde hace décadas: quién debe controlar la principal vía logística del país.
La Vía Navegable Troncal es una red de más de 1.500 kilómetros que conecta los principales complejos agroexportadores de Argentina con el océano Atlántico. Por ella sale la mayor parte de la producción de soja, maíz, trigo y derivados industriales del país.
Además, funciona como corredor estratégico para las exportaciones de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, lo que convierte cualquier modificación en sus costos operativos en un asunto de impacto regional.
Por esa razón, no puede analizarse a la Vía troncal únicamente como una concesión de infraestructura, sino también como una herramienta de política económica, comercial y geopolítica.
Mientras el Gobierno sostiene que la nueva concesión permitirá modernizar el sistema y reducir costos operativos, sectores críticos cuestionan que una infraestructura estratégica continúe bajo gestión privada y extranjera.
