La Cámara de Diputados dio media sanción al llamado Súper RIGI, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones destinada a atraer “nuevas industrias”. La iniciativa eleva el piso de inversión a USD 1.000 millones y otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por hasta 30 años.
Para Lucía Cavallero, investigadora del CONICET y del Transnational Institute, el nuevo régimen “es una continuidad del RIGI original, pero enfocado en nuevas industrias”, vinculadas a la inteligencia artificial, data centers e hidrógeno verde. Sin embargo, detrás de esos proyectos ya existen conflictos ambientales, sociales y territoriales.
Data centers
Uno de los principales objetivos del Súper RIGI es atraer mega data centers destinados al desarrollo de inteligencia artificial. El Gobierno sostiene que Argentina reúne condiciones
favorables para este tipo de inversiones por su disponibilidad de energía, agua y territorio.
Sin embargo, Cavallero advirtió que justamente esos recursos son los que hoy se encuentran bajo mayor presión. “Los data centers necesitan tres recursos que ya están en disputa: agua, energía y territorio”, explicó.
Chile se convirtió en el principal antecedente regional de este tipo de inversiones, donde existen 33 data centers en funcionamiento y otros 34 proyectos en vías de desarrollo. Allí, la expansión de los data centers ya provocó fuertes conflictos ambientales. En 2024, la Justicia chilena dejó sin efecto parte del permiso otorgado a Google para construir un nuevo centro de datos en Santiago al considerar insuficiente la evaluación sobre su impacto en un acuífero sometido a estrés hídrico. El proyecto preveía utilizar alrededor de 169 litros de agua por segundo para refrigerar los servidores. Finalmente la empresa decidió reformularlo con un sistema de enfriamiento por aire. Sin embargo, organizaciones socioambientales denuncian la presión sobre las aguas subterráneas.
El consumo de agua y electricidad y su competencia con otros usos productivos y con el abastecimiento de las comunidades, no presentan ventajas de ser un polo tecnológico. Además, las promesas de generación de empleo resultan estrategias de las empresas para conseguir visión positiva sobre sus proyectos. “Prometen empleo, pero es empleo temporal. Después esas instalaciones funcionan prácticamente automatizadas”, sostuvo Cavallero.
Que capacidad la de Peter Thiel: le bastaron unas semanas en Argentina para que, el mismo día la Cámara de Diputados discuta Super Rigi y el Senado (en comisiones) discuta sobre las sociedades automatizadas.
Atención el viernes a la agenda de Cancillería con la Pax Silica,…
— Pablo Serdán (@pabloserdan) June 24, 2026
Hidrógeno verde: el conflicto que ya comenzó en Paysandú
El hidrógeno verde es el otro sector estratégico que busca impulsar el Súper RIGI, y que anteriormente ha quedado truncado en Argentina por no avanzar en grandes inversiones que necesitan este tipo de infraestructuras. Un ejemplo de eso fue el proyecto de Fortescue en Río Negro impulsado durante el gobierno de Alberto Fernandez que finalente no pudo concretarse.
Actualmente en Paysandú, Uruguay, la empresa HIF Global proyecta instalar una planta para producir hidrógeno verde y combustibles sintéticos frente a la ciudad entrerriana de Colón. El megaproyecto ya despertó un fuerte rechazo de organizaciones ambientales, vecinos y autoridades de Entre Ríos que alertan por el elevado consumo de agua, y la contaminación industrial sobre el río Paraná.
Hoy es un día muy importante para Paysandú. Se firmó el memorando que asegura la instalación de la planta de hidrógeno verde de HIF en nuestro departamento. pic.twitter.com/oWPl3OdeXK
— Nicolás Olivera (@OliveraPdu) December 19, 2025
Las objeciones incluso llegaron a la Justicia argentina. Se presentaron acciones para exigir estudios de impacto ambiental transfronterizos y la intervención de la Comisión Administradora del Río Uruguay, mientras la causa continúa abierta. El conflicto reavivó la histórica “lucha de las papeleras” entre Argentina y Uruguay que comenzó a gestarse en 2005 y tuvo su etapa más intensa de protestas, bloqueos de rutas y judicialización internacional entre 2006 y 2010.
Aunque la planta de hidrógeno verde de Paysandú todavía no comenzó a construirse y su situación es particular por tratarse de un proyecto ubicado sobre un río compartido entre Argentina y Uruguay, el caso anticipa los debates que podría abrir el Súper RIGI. El nuevo régimen allana el camino para la llegada de este tipo de inversiones, presentadas como parte de la transición energética pero cuestionadas por sus posibles impactos sobre el agua, el territorio y otros recursos naturales. mediante mecanismos como el “greenwashing”, se promocionan como proyectos sustentables mientras trasladan los costos ambientales a las comunidades donde se instalan.
“El problema no es solamente qué inversiones llegan. El problema es bajo qué condiciones llegan, qué capacidad conserva el Estado para regularlas y qué queda finalmente para el desarrollo nacional.”, dice Cavallero.
El proyecto de Súper RIGI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 25 de junio y ahora deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley. Si es aprobado por la Cámara alta, las empresas accederán a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad regulatoria por 30 años.
