El próximo jueves 6 de agosto, el Senado argentino pondrá en discusión algo que ningún país serio está dispuesto a hacer: eliminar todas las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto del gobierno, bautizado como “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, comenzó con la intención de derogar la Ley 26.737 (que desde 2011 limita la propiedad extranjera al 15% del territorio) y aunque las últimas versiones filtradas sugieren que el oficialismo podría elevar ese tope al 20% o 25% para destrabar el consenso, el espíritu de la reforma sigue siendo el de flexibilizar hasta extremos inéditos el control sobre el suelo argentino.
Hay un dato que el gobierno de Javier Milei parece empeñado en ignorar. Mientras en Argentina se discute abrir la puerta a la compra de tierras por parte de extranjeros, el resto del mundo avanza en sentido contrario: más controles, más restricciones y una misma idea de fondo, que la tierra no es una mercancía cualquiera, sino un recurso estratégico ligado a la soberanía.
Los casos de Uruguay, Brasil y Paraguay
En Uruguay el Frente Amplio desarchivó un proyecto de ley que exige a los extranjeros 10 años de residencia permanente, comprobada y continua para poder comprar un campo. El senador Aníbal Pereyra (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros), presidente de la Comisión de Ganadería, lo dijo así: “Comprar tierras no es lo mismo que comprar una casa, y allí hay un interés del Estado de preservar los recursos naturales, porque la tierra es un recurso finito”.
Gran parte de la política uruguaya entiende que la extranjerización de la tierra constituye un “talón de Aquiles” para el desarrollo del país y la discusión no es si hay que regular, sino cómo hacerlo. Incluso quienes critican el proyecto por considerarlo demasiado restrictivo, como el senador Sebastián da Silva (Partido Nacional), no defienden una apertura total, sino que prefieren “poner exigencias en cuanto al empleo que dan, a lo que producen, a la inversión mínima”.
Por otro lado, en Brasil, a pesar de su histórica apertura al capital extranjero, la legislación limita la adquisición de tierras rurales por extranjeros al 25% de la superficie de cada municipio, y dentro de ese porcentaje, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10%. Si bien el sistema brasileño tiene sus falencias, establece un principio claro y es que el Estado conserva las facultades para controlar quién puede adquirir tierras rurales.
Otro de los casos latinoamericanos es el de Paraguay, que al igual que Argentina, es un país agrícola con alta participación extranjera. Se estima que entre el 14% y el 19% de su territorio rural está en manos foráneas, y en algunos departamentos fronterizos ese porcentaje llega al 60%.
Sin embargo, Paraguay no tiene un régimen de apertura irrestricta. Su ley de “Protección Nacional a las Tierras Rurales” establece un tope de 1.000 hectáreas en la Región Oriental y 2.000 en la Región Occidental para cualquier extranjero o empresa con capital mayoritariamente extranjero; un límite del 20% de la extensión territorial de cada departamento en manos de titulares extranjeros y la prohibición de utilizar “prestanombres” paraguayos para burlar la ley, bajo pena de nulidad absoluta del acto y sin derecho a indemnización .
A su vez, el propio gobierno paraguayo reconoce que los altos niveles de extranjerización son un proceso histórico, no una política deliberada. Y la ley deja claro que el Estado paraguayo no renuncia a su capacidad de controlar quién y en qué condiciones se queda con su territorio.
¿Y la panacea de Milei? ¿Qué pasa en Estados Unidos?
Si alguien cree que la apertura total es parte del “american way of life”, debería mirar lo que está pasando en Estados Unidos, donde la tierra productiva ya no es solo un recurso económico sino que se ha convertido en un componente central de la seguridad nacional.
La Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, presentó en noviembre de 2025 el National Farm Security Action Plan, un plan que prohíbe las compras de tierras agrícolas por parte de inversores vinculados a países considerados adversarios, como China, Rusia e Irán. Y no se detiene en el futuro porque la administración evalúa recuperar terrenos que ya hayan sido vendidos a esos compradores, explorando “todas las opciones disponibles”, incluidas órdenes ejecutivas y posibles decomisos.
El Congreso, por su parte, avanza con proyectos como la Protecting America’s Agricultural Land from Foreign Harm Act (HR 1438), que prohíbe la compra o arrendamiento de tierras agrícolas por personas vinculadas a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Incluso la Stop CCP Land Act (HR 1184) condiciona fondos federales a que los estados prohíban a esos países comprar tierras en su territorio. Y la LAND Act (HR 2124) propone el principio de reciprocidad: los extranjeros solo podrán comprar en Estados Unidos en las mismas condiciones que un estadounidense podría comprar en su país de origen.
El resultado es un mapa que cambió drásticamente. De acuerdo con el National Agricultural Law Center, mientras en 2022 gran parte del país permitía estas adquisiciones sin grandes restricciones, para 2026 ya son al menos 26 estados que aprobaron normas limitando la propiedad extranjera de tierras agrícolas entre ellos, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
Incluso el sistema federal se endurece. El Departamento de Agricultura (USDA) anunció en diciembre de 2025 una modernización de la Agriculture Foreign Investment Disclosure Act (AFIDA), que exige a los extranjeros informar cualquier interés en tierras agrícolas. La actualización busca mejorar la verificación de datos, cerrar brechas de información y coordinar las revisiones con el Comité de Inversión Extranjera (CFIUS) para identificar riesgos de seguridad nacional.
Estados Unidos, el país que predica el libre mercado, considera hoy la tierra agrícola un activo estratégico que debe ser protegido de manos extranjeras. Argentina, en cambio, se prepara para regalarlo.
¿Entonces qué se juega el jueves?
Argentina tiene hoy 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, casi el 5% del territorio. Sin límites, esa cifra podría trepar a 40 millones, más que toda la provincia de Buenos Aires. Pero el problema no es solo la cantidad. Es que la reforma no distingue entre inversión productiva y especulación; no separa la compra de un campo para producir alimentos de la adquisición de territorios con recursos estratégicos, como glaciares o reservas de agua.
El propio gobierno, ante la falta de consenso, habría retrocedido y ahora negociaría elevar el límite al 25% en lugar de eliminarlo. Pero el hecho de que haya tenido que ceder demuestra que ni sus propios aliados creen que la apertura total sea una buena idea. La senadora Alejandra Vigo (PJ- Córboda), que anticipó su voto en contra, lo dijo sin vueltas: “Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”.
Este jueves, el Senado no vota una reforma económica. Vota si Argentina quiere ser el único país del mundo que, en pleno siglo XXI, decide que su territorio, su agua y su soberanía no valen nada.
