El presidente peruano, Pedro Castillo, aseguró el 24 de enero que su administración tomará todas las medidas necesarias para que la transnacional española Repsol “cumpla con sus responsabilidades penales, civiles y administrativas” por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla la semana pasada.
Durante un encuentro con pescadores artesanales del distrito de Chorrillos afectados por el derrame, el jefe de Estado también recordó que “no es la primera vez que Repsol le hace esto al país”, y subrayó que “hay que tenerlo en cuenta para futuros tratos que esta empresa tiene que hacer con el Estado”.
Castillo también criticó a los principales medios de comunicación por ignorar uno de los mayores desastres ambientales petroleros en Perú, porque es responsabilidad de una empresa corporativa. “Si esta contaminación fuera del gobierno, estaríamos todos los días en las páginas (de los diarios), en las pantallas (de la televisión), pero como es responsabilidad de estas empresas que están del otro lado (de derecha) , hay un silencio absoluto”, afirmó.
El mandatario aseguró que su gobierno defiende el espacio marítimo que le corresponde a la población de pescadores artesanales y no permitirá que se abuse de él. En ese sentido, anunció que se fortalecerá el Fondo Nacional de Fomento Pesquero (FONDEPES). Además, sostuvo que en la próxima sesión del consejo de ministros “haremos que el titular de economía y finanzas rasque la olla para dar mayores oportunidades a los pescadores artesanales”.
Más temprano, el 24 de enero, la primera ministra Mirtha Vásquez informó que el gobierno estaba revisando los contratos con Repsol para evaluar las sanciones contra su refinería La Pampilla por el desastroso derrame. Vásquez dijo que algunos líderes políticos estaban pidiendo al gobierno suspender las operaciones en las instalaciones de La Pampilla, cancelar su contrato o incluso expropiarla por el desastre, pero enfatizó que aún se están analizando opciones.
“Estamos evaluando los aspectos legales. Todavía no podemos decir si su licencia será suspendida. Cualquier empresa que realice operaciones riesgosas debe asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios y la indemnización. No pueden argumentar que no son responsables. Lo son, y por lo tanto tienen que pensar en las consecuencias”, dijo en una entrevista con la radio local RPP.
La semana pasada, el ministro de Medio Ambiente, Rubén Ramírez, dijo que Repsol enfrentaría una multa de unos 34 millones de dólares. Ramírez informó que además de la multa, la empresa deberá pagar los operativos de limpieza y la indemnización a cientos de pescadores, hoteleros y restauranteros que han perdido ingresos a causa del desastre.
El derrame de petróleo
El derrame masivo de 6.000 barriles de crudo ocurrió el 15 de enero cuando un buque tanque de bandera italiana Mare Doricum descargaba en la refinería La Pampilla de Repsol, ubicada a 30 kilómetros al norte de la capital Lima. Repsol culpó del incidente a las altas olas provocadas por la erupción volcánica en Tonga hace más de una semana y negó las acusaciones de negligencia.
Sin embargo, la Marina de Guerra del Perú afirmó que “las olas no tuvieron nada que ver con la ruptura de la infraestructura petrolera que precedió al derrame”, informó El Comercio, y agregó que los técnicos de la Marina están realizando una investigación profunda sobre lo sucedido.
El devastador derrame de petróleo contaminó 1,7 millones de metros cuadrados de suelo y 1,2 millones de metros cuadrados de océano, cubrió con alquitrán 21 playas en cuatro municipios de la costa pacífica de Perú y mató a una gran variedad de vida silvestre marina, además de ocasionar enormes pérdidas económicas a las industrias pesquera y turística.
Cientos de peces, focas y pájaros muertos han llegado a la orilla cubiertos de petróleo. El derrame también ha puesto en peligro el ecosistema de dos áreas protegidas: los Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón.
Tras visitar las zonas afectadas en la provincia del Callao el 20 de enero, el presidente Castillo lo calificó como “uno de los ecocidios más grandes de la historia en nuestras costas y mares”. Se comprometió a “sancionar a los responsables de los daños que afectan trágicamente a la flora y la fauna”, y subrayó que su gobierno nunca tolerará las acciones corporativas que “pisotean impunemente nuestros ecosistemas y el honor de nuestro pueblo”.
Acciones de gobierno
El 19 de enero, día en que residuos petroleros llegaron a dos playas en la costa pacífica del país, el gobierno peruano condenó la lenta respuesta de la empresa, que al parecer no contaba con un plan de contingencia en caso de derrames en la refinería. El primer ministro Vásquez dijo que Repsol engañó a las autoridades cuando habló de un derrame menor de menos de un barril y no emitió alertas públicas para que la población costera tomara medidas de protección. Como respuesta rápida, el mismo día, el gobierno formó un comité de crisis, integrado por los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Defensa, Producción, Energía y Relaciones Exteriores, para atender y responder al desastre de manera organizada.
El 20 de enero, el canciller Óscar Maúrtua solicitó apoyo técnico a organismos internacionales, como la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para enfrentar la catástrofe. El mismo día, la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental cerca de reservas marinas contra Repsol.
El mismo día, el presidente Castillo declaró la emergencia climática nacional y promulgó un decreto supremo que prohíbe la deforestación, el uso indiscriminado de acuíferos y otros actos que atenten contra la naturaleza, al tiempo que promueve el reciclaje y el establecimiento de una economía baja en carbono, entre otras medidas. para preservar los recursos naturales y los ecosistemas.
El 22 de enero, el gobierno declaró una emergencia ambiental de 90 días en los territorios costeros afectados para garantizar una gestión sostenible de los trabajos de recuperación.
El 24 de enero, un grupo de nueve expertos de la ONU llegó a Perú para ayudar a abordar y mitigar los daños causados por el derrame de petróleo. El equipo llevará a cabo un análisis de los impactos sociales y ambientales del desastre y apoyará a las autoridades para gestionar y coordinar su respuesta.
Protestas ciudadanas
Durante el fin de semana, el 22 y 23 de enero, cientos de peruanos salieron a las calles a protestar contra Repsol, acusándola de “ecocidio” y exigiendo que se responsabilice por el desastre ecológico.
El 22 de enero, miles de pescadores del municipio de Ancón marcharon por las calles del municipio exigiendo que la empresa les indemnice por los daños a las playas, el mar, la fauna y la flora que les impedirán ganarse la vida por un tiempo. mucho tiempo, debido a la contaminación.
Mientras tanto, un grupo de ambientalistas realizó plantones frente a la Embajada de España y la oficina de Repsol en Lima, exigiendo que la transnacional cumpla con sus obligaciones con el país, con el pueblo peruano y con la naturaleza.
El 23 de enero una vez más, cientos de ciudadanos marcharon hacia la refinería La Pampilla en el municipio de Ventanilla y se manifestaron frente a sus puertas exigiendo un rápido proceso de limpieza de las áreas afectadas y remediación de la contaminación. Los manifestantes destacaron que en 2013 Repsol se vio involucrada en otro vertido de petróleo de menor volumen, y fue multada por no controlar ni mitigar los daños.
Esa misma noche, el titular de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, admitió en televisión nacional que la refinería pudo haber reaccionado más rápido, pero dijo que recién al día siguiente del derrame se enteraron de la magnitud total del desastre. Insistió en que el plazo de 10 días que da el gobierno para el saneamiento de la zona directamente afectada es insuficiente y exigió que se extienda hasta finales de febrero. En nombre de la empresa, lamentó “no haber comunicado adecuadamente” todo, pero no aceptó la responsabilidad.
En tanto, la prensa local reveló que desde 2015, Reposol incurrió en 32 infracciones ambientales, pero solo fue multada por tres, de las cuales solo una fue pagada en su totalidad, según el acta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Por Tania Wadhwa para People Dispatch
