Con el trasfondo del interés hacia territorios ancestrales por parte de emprendimientos privados y grandes propietarios argentinos y extranjeros, se agrava en la actualidad la estigmatización y criminalización de pueblos indígenas, en especial hacia el pueblo originario mapuche.
Al mismo tiempo se siembran dudas sobre la legitimidad de demandas y derechos consagrados por las leyes y se presiona al gobierno nacional acusado de inacción.
El Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras difundió su vigésimo primer informe, “Los Ecos de la Conquista del Desierto. Estigmatización de pueblos originarios. Sectores económicos concentrados impulsan mensajes de odio”, donde se exponen los intereses detrás del ataque contra los pueblos originarios.
El pasado 30 de julio, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en la inauguración de la exposición del sector de este año, en el Predio Ferial de Palermo en Buenos Aires, dijo sobre algunos confusos episodios en la Patagonia: “El Gobierno y la Justicia se han mostrado indiferentes ante los ataques contra los propietarios y el personal, delitos perpetrados bajo el pretexto de reivindicaciones de quienes se autodenominan ‘pueblos originarios’, siendo simplemente delincuentes comunes”.
Este tipo de manifestaciones constituye una constante en las declaraciones de la Sociedad Rural Argentina, teniendo por objetivo intereses muy claros que responden al sector más concentrado del agro y que tienden a crear confusión en una porción importante de la opinión pública, más aún en un contexto de crisis y de lucha por la puja redistributiva.
Estas campañas de odio pretenden acelerar el proceso de concentración, haciendo recaer en quienes menos tienen los costos de la reproducción social. La forma en la que se estructuran estos discursos sobre los pueblos indígenas, asimilando sus demandas con acciones delictivas, pone un manto de duda sobre el conjunto de sus reclamos.
“Como todo discurso de odio tiene que ver con la negación del otro y la construcción de un enemigo interno, sobre todo con el pueblo mapuche en la Patagonia Norte. También lo vemos en hechos concretos con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Elías Garay. Todo eso tiene que ver con algo que se va fomentando y naturalizando que es la muerte como herramienta política”, explica Adriano Arach profesor de la Universidad Nacional del Comahue.
En nombre de la “argentinidad” se construyeron diversas fronteras dentro de la nación argentina. En estos procesos de profunda estigmatización, quienes pagan las consecuencias son quienes poseen una posición desventajosa, no sólo en términos socioeconómicos, sino también socioculturales, como son los pueblos originarios (junto a otros sectores) y en particular las mujeres indígenas por ser triplemente discriminadas: por mujeres, por indígenas y por empobrecidas.
“El discurso trata de instalar una idea de los pueblos mapuches en contra de la argentinidad, porque parten de un falaz discurso de que los mapuches son chilenos. Sin embargo, no dicen nada de las miles de hectáreas que ocupa un ciudadano británico como John Lewis, que además se apropió de un lago”, agrega Adriano Arach.
El gobierno nacional también ha demostrado ser lo suficientemente débil ante estos discursos y los ataques de los sectores concentrados de la economía. La Administración de Parques Nacionales (APN) declaró “sitio sagrado mapuche” al volcán Lanín, situado en el Parque Nacional del mismo nombre en la provincia de Neuquén.
Por medio del documento, a su vez, se determinó que debía crearse un mecanismo de trabajo conjunto con el pueblo mapuche para la elaboración de un plan de manejo del lugar, una situación que en realidad funciona así de hecho, aunque sin mucha publicidad, desde el año 2004.
Sin embargo, en menos de 24 horas después de su puesta en vigencia, y luego de feroces críticas que incluyeron al gobierno provincial neuquino, la medida se desechó. Asimismo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, decidió remover al directorio de la APN ante la presión de los poderes concentrados de la economía.
limpia y potable, alimentos y vegetales obtenidos por métodos de caza.
Radiografía de los pueblos originarios
Otro informe publicado por el OUBA en el que se relevaron a cerca del 80% de los pueblos indígenas de manera integral, arrojó que en Argentina existen más de un millón de integrantes de los casi 40 pueblos originarios que se distribuyen a lo largo de todo el país.
Existen diversos pueblos originarios en Argentina: toba-qom, mbya moqoit, guaraní, avá guaraní, kolla, diaguita, diaguita-calchaquí, wichí, huarpe, quechua, aymara, nivaclé, tonokote, omaguaca, tastil, günün a küna, comechingón, comechingón-camiare, ocloya, iogys, chané, tapiete, sanavirón, ranquel, wehnayek, atacama, lule y quilmes pehuenches, mapuche, mapuche-pehuenches, tehuelches, mapuche-tehuelches, selk’nam, haush y selk’nam-haush.
Los datos resultaron preocupantes para muchos índices: en el conjunto de la sociedad la informalidad ronda el 44% (de acuerdo a datos oficiales), mientras que en los integrantes de los pueblos indígenas puede alcanzar en algunas regiones o zonas en particular el 70%, 80% y 90% o prácticamente la totalidad de los trabajadores pertenecientes a dichos pueblos en determinados contextos.
La creciente deforestación disminuye las posibilidades de acceso a los recursos -agua limpia y potable, alimentos y vegetales obtenidos por métodos de caza, recolección y cultivos, como también la disponibilidad de madera para la producción de artesanías, paracocción de alimentos y desinfección del agua.
En ese sentido, Adriano Arach explica que “las localidades turísticas están siendo depredadores por la industria turística que es completamente extractivista. Y de la mano de esa industria están los llamados desarrolladores inmobiliarios que se instalan en territorios ancestrales. Por eso hay que crear a ese enemigo para apropiarse de la tierra”.
Las consecuencias de ese extractivismo son concretas: el 25% de las muertes de niñas/os menores de cinco años se debe a cuadros de desnutrición y a enfermedades prevalentes en la infancia producidas por la falta de recursos apropiados por los sectores concentrados de la economía.
