Si algo caracteriza a la Justicia es su dificultad para acelerar los procesos judiciales que ameritan urgencia. Un caso paradigmático es la investigación por la salvaje represión desplegada el 19 y 20 de diciembre del 2001, que tardó más de 13 años en llegar a juicio y sentar a (casi) todos los responsables políticos y materiales en el banquillo de los acusados.
Ahora, la Cámara Federal de Casación penal confirmó las condenas a prisión con cumplimiento efectivo al ex Secretario de Seguridad del gobierno radical, Enrique Mathov, y del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.
Para la Justicia, Mathov y Santos fueron los principales responsables políticos de la masacre que se desplegó en todo el país durante aquel diciembre signado por el hambre y los saqueos, sin considerar la imputación del expresidente De la Rúa, quien falleció en julio del 2019 y no pudo ser juzgado.
La causa tardó más de 13 años en llegar a juicio y en 2016, tras las primeras condenas efectuadas, se paralizó por las apelaciones de los procesados. Sin embargo, con el fallo del máximo Tribunal Penal del país, las condenas se ratificaron y ya se pidió prisión efectiva para el ex Secretario y el ex jefe de policía.
Así, en la fecha que se cumplen 20 años del estallido, se dio una de las noticias más esperadas para las familias de las víctimas de la represión del Estado. La sentencia dictada por Casación es apelable por vía de “recurso extraordinario”, algo que recaería en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los abogados defensores de las familias de las víctimas consideran que eso no sucederá porque la Cámara ya se había expedido al respecto y rechazó aquellos recursos extraordinarios.
Aquel 19 y 20 de diciembre la movilización desbordó las calles de todo el país para pedir la renuncia inminente del presidente Fernando de la Rúa. El frágil gobierno de la Alianza decretó el Estado de sitio y dio órdenes claras a las fuerzas de Seguridad: el saldo fueron 39 personas asesinadas. Pero los disparos no vinieron solo de las fuerzas de la policía, sino también de algunos comerciantes y seguridad privada, hechos que todavía no se han podido dilucidar del todo.
Las condenas efectivas dictadas para Mathov y Santos abrieron un sendero para que la Justicia pueda ampliar la investigación y cerrar una deuda pendiente en la democracia. Los ex funcionarios del gobierno de la Alianza fueron condenados por “homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón”, y heridas a Luis Marcelo Gómez, Marcelo Mariano Dorado, Paulo Diego Córdoba, Gustavo Ernesto Tito, Guillermo José Dittler, Ricardo Francisco Stern, Carlos Rubén Salinas Díaz, José Andrés Goteli, Ricardo Daniel González, Claudia Aguilera Farías, Víctor Eduardo Navarrete, Gerardo Martín Zurita Sánchez, Oscar Roque Coronel, Gustavo, Javier Arce, Diego Rodrigo Rivadaneira, Martín Gabriel Foronda, Eugenio Julián, Juan Martín Raspeño, Julio Marcelo Talavera, Fernando Javier Rico, Juan Pedro Montenegro, Eduardo Enrique De Pedro, Oscar Sergio Martínez, Gustavo Alexis Escobar y Claudia Rivero.
“Se comprobó que se ordenó reprimir”
“La causa de por sí era compleja”, explica para ARGMedios el abogado y querellante Rodrigo Borda. “Se trata de una causa con muchas víctimas, con muchos imputados y muchos hechos que investigar. Pero no es eso lo que explica la demora. Hubo enormes trabas y obstáculos, sobre todo de parte de la defensa de algunos de los imputados”.
Para el defensor de los familiares de Riva y Lamagna, “el juicio fue absolutamente esclarecedor” para determinar la responsabilidad de las fuerzas de Seguridad. “Los imputados decían que se habían matado entre ellos o había francotiradores, pero se comprobó que la policía disparó con balas de plomo (…) no fue un hecho aislado en manos de ´loquitos sueltos´, sino que se actuó con las órdenes recibidas”.
El abogado agrega: “Se acreditó que el poder político ordenó reprimir, sin importar los costos. De hecho, en aquellos días de represión, la policía comienza a tirar balas de plomo cuando ya no tiene más balas de goma”.
Para el miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la sentencia especificó, además, que se “utilizó de forma ilegal al estadio de sitio” que se aprobó el 19 y 20 de diciembre del 2001, y lamentó que el ex mandatario de la Rúa haya quedado sobreseído antes de su muerte.
Finalmente, Borda es optimista en considerar que “en pocos meses” los responsables de la masacre del 2001 terminarán tras las rejas. “Lo que consideramos es que ese recurso tiene que ser declarado inadmisible por la propia Cámara, porque antes Casación se había pronunciado de esa manera. Así que en los primeros meses del año que viene la Justicia va a tener que expedirse sobre esto y las sentencias de Santos y Mathov serán efectivas”, afirmó.
A 20 años de la jornada de estallido popular que marcó la historia nacional para siempre, familiares y amigos de las 39 víctimas publicaron un comunicado para exigir que se haga justicia. Esta vez de verdad. “Queremos recordar a nuestro pueblo acerca de los 20 años de impunidad de la que gozan los responsables políticos y materiales de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a merced de un Poder Judicial que hasta aquí no ha hecho más que dilatar el cumplimiento efectivo de las condenas de los acusados, garantizando que los asesinos de nuestras/os seres queridos se paseen libres por las calles de Argentina”.
En la carta también remarcaron que “a 20 años de aquellas históricas jornadas y a cinco años y medio de haber finalizado el juicio, aún no quedaron firmes las condenas de los responsables, aunque haya sido ampliamente comprobada su actuación en los hechos”. Señalaron la responsabilidad “tanto de Enrique Mathov (exsecretario de Seguridad de De la Rúa), como de la cadena de mando de las fuerzas policiales que han intervenido”.
