El 3 de junio de 2015, el asesinato de Chiara Páez, una adolescente santafesina embarazada, a manos de su novio, se convirtió en la chispa de una de las movilizaciones más contundentes de la última década.
Bajo la consigna #NiUnaMenos, una multitud salió a las calles para decir basta a los femicidios y a todas las formas de violencia machista. Ese día marcó un hito en la masificación de un movimiento que venía creciendo desde la vuelta de la democracia en territorios diversos, dentro y fuera del estado: barrios populares, sindicatos, instituciones sanitarias y educativas. La convocatoria multitudinaria habilitó un ciclo de movilización social feminista anti neoliberal, que pronto se expandió por toda América Latina.
Desde entonces, Ni Una Menos dejó de ser solo una frase y se convirtió en una consigna transversal, intergeneracional y continental. En ciudades como Buenos Aires, Lima, Santiago, Montevideo o Ciudad de México, miles de mujeres y disidencias comenzaron a organizarse. Surgieron asambleas, redes de acompañamiento, colectivas artísticas, huelgas feministas y campañas por la legalización del aborto donde aún no existía. Se reactivó así un sujeto político fuerte: el feminismo popular latinoamericano.
“Trabajadoras somos todas”: entre la violencia de género y la violencia económica
Desde sus inicios, el movimiento Ni Una Menos dejó en claro que la violencia machista no puede entenderse de forma aislada, sino que está profundamente conectada con la desigualdad económica, la precarización del trabajo, el endeudamiento y otras formas de explotación que afectan especialmente a mujeres y disidencias. A través de los paros internacionales de mujeres —impulsados desde 2016 por una asamblea dinamizada por colectivas feministas, movimientos sociales, sindicatos y otros— se amplificó la consigna: “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. Estas huelgas feministas cuestionaron al sistema económico desde una perspectiva radical, visibilizando que las tareas de cuidado, mayormente no remuneradas y feminizadas, sostienen el funcionamiento del capitalismo.
Además, Ni Una Menos incorporó la denuncia de las deudas como forma de sujeción. Muchas mujeres se ven obligadas a endeudarse para sobrevivir o para cubrir lo que el Estado no garantiza. Esa violencia económica es también violencia de género. El feminismo propuso un nuevo marco para pensar la justicia social: no puede haber emancipación sin redistribución, ni libertad sin autonomía económica.
No es libertad, es neoliberalismo: la guerra contra la justicia social
A diez años del primer 3J, el feminismo enfrenta no solo sus luchas históricas, sino también una ofensiva conservadora global que busca deslegitimar los transfeminismos y las movilizaciones populares de la última década. Este avance se enmarca en una fase extrema del neoliberalismo financiero, ahora reforzado por derechas radicalizadas.
En 2024, el gobierno de Javier Milei en Argentina asumió con la promesa de realizar “el ajuste más grande del mundo”. De acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (2024) entre las medidas implementadas durante el primer año, las jubilaciones y pensiones contributivas sufrieron recortes del 24 %, la obra pública el 15 %, las transferencias a provincias el 16 %, los subsidios a la energía el 10 %, los programas sociales el 11 % y los salarios el 8 %. Bajo el discurso de la “libertad” individual y la austeridad fiscal, estas políticas desmantelan el Estado y afectan gravemente a los sectores más vulnerables.
En particular, este ajuste estructural golpeó de manera desproporcionada a las jubiladas, quienes representan la mayoría de las personas mayores beneficiarias de pensiones debido a su histórica inserción en empleos informales o no remunerados. Muchas jubiladas, que ya enfrentaban ingresos reducidos por haberes mínimos, vieron sus posibilidades aún más limitadas debido al desfinanciamiento de programas esenciales, como la provisión de medicamentos gratuitos y el acceso a servicios de salud.
El impacto de estas políticas también fue devastador para la economía popular, un sector donde miles de personas, principalmente mujeres, trabajan en actividades como ferias, reciclado, cooperativas y producción autogestionada. La eliminación de programas de apoyo y subsidios asfixió estas iniciativas, empujando a muchas familias a la indigencia.
Los recortes presupuestarios también impactaron en las políticas de género, desfinanciando programas de salud sexual y asistencia ante la violencia de género, mientras se amplificaban discursos de odio. Personas con discapacidad también sufrieron recortes en pensiones, prestaciones médicas y apoyos esenciales. La embestida conservadora intentó reinstaurar el discurso de la familia tradicional, y atacó logros como el aborto legal, la educación sexual integral y las leyes de identidad de género.
Estas acciones no representan una libertad real, sino una ofensiva neoliberal que convierte derechos en privilegios y redistribuye poder hacia los sectores concentrados de riqueza. Frente a este panorama, el feminismo enfrenta una nueva encrucijada: cómo sostener sus conquistas, cuidar sus espacios y responder al odio con más organización y acción callejera.
A 10 años del Ni Una Menos: Unificar las luchas frente al avance del neofascismo
El feminismo no es solo una lucha por los derechos de las mujeres. Es también una trinchera contra todas las formas de autoritarismo y exclusión. En un contexto global donde avanzan proyectos políticos de corte neofascista, el desafío es claro: construir una unidad amplia, plural y combativa para enfrentar el odio desde abajo.
El 4 de junio de 2025, tras la convocatoria de Ni Una Menos con la consigna “Unir las luchas”, una multitud diversa se movilizó frente al Congreso argentino para protestar contra los recortes presupuestarios impulsados por el presidente Milei. La marcha reunió a jubilados, docentes, científicos, médicos, personas con discapacidad, movimientos sociales y feministas, unificando reclamos que antes se manifestaban por separado.
La experiencia feminista ha mostrado una sensibilidad extraordinaria para auscultar los conflictos que la sociedad despliega frente a los procesos de despojo de derechos y de destrucción de las condiciones de vida de las mayorías populares. Esta semana, la calle volvió a ser un territorio de resistencia, quizás la más plebeya de los últimos diez años en esta fecha, sostenida muy especialmente por las tramas sociopolíticas desplegadas en barrios populares y dentro de espacios de trabajo. Allí estaban, fundidas en un abrazo con las trabajadoras del Garrahan -principal centro de atención pediátrica de alta complejidad de la Argentina-, las familias de personas con discapacidad que vienen siendo objeto de ataques por parte de funcionarios de gobierno, y trabajadoras que se movilizaron con sus sindicatos.
En la plaza, también confluyeron las compañeras feministas de la mesa ecuménica que acompaña sistemáticamente la movilización de los jubilados, y no faltó la comunidad travesti-trans que desde el 2014 se encuentran articuladas en el reclamo de la reparación histórica por la persecución sistemática y violencia institucional de la que han sido históricamente objeto.
Fue además una plaza que nos recordó que, frente al miedo y la sensación de intemperie y desazón, hay una fuerza más poderosa: la solidaridad, la empatía, la resistencia y la organización popular. Porque unidas, reorganizadas y con memoria, seguimos gritando: Ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos.
