Jujuy se encuentra movilizada desde hace semanas contra diferentes medidas del gobernador y precandidato a la presidencia de la Nación, Gerardo Morales. El dirigente radical lanzado a la presidencia de la Nación, logró hace poco tiempo una victoria electoral que le permitió la mayoría en la Convención Constituyente y dejar como sucesor a Carlos Sadir.
El pacto con el Partido Justicialista a cargo de Rubén Rivarola, una dura política represiva de Morales, que llevó a allanamientos ilegales a diferentes organizaciones políticas y el secuestro de un militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y la complicidad de los grandes medios de comunicación, le garantizaba al radical una cierta paz en su territorio.
Las aguas comenzaron a agitarse con un paro docente por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales. Morales salió a responder con información que fue denunciada como falta por los gremios docentes. Además, el radical acusó a docentes de su provincia como “egoístas, violentas e irresponsables”.
Las masivas movilizaciones se han extendido en toda la provincia, incluyendo localidades como la Quiaca, Tilcara, San Pedro, Libertador General San Martin, el Carmen, hasta las poblaciones más pequeñas como Caimancito, Fraile Pintado entre otras.
Tras las masivas movilizaciones, que no solo fueron del sector docente sino que se sumaron diversos sectores contra la reforma constitucional, Morales lanzó un decretó que daña la democracia y el derecho a la protesta.
Bajo el decreto Nº 8464, Morales profundiza su Estado represivo fijando sanciones contra aquellos que protestan. En su artículo 1º el decreto dice que «serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos».
Diferentes centrales sindicales como la Confedereación General del Trabajo, ambas Centrales de Trabajadores de la Argentina y el Frente Sindical denunciaron el decreto como “una herramienta represiva y castigadora de la protesta social”.
Asimismo, la CTA-T denunció a Morales ante la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, sostuvieron que el decreto “a todas luces es ilegal, inconstitucional y violatorio de las máximas garantías constitucionales en materia de libertad sindical, libertad de expresión, derecho de peticionar, derecho a huelga entre otros derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los convenios de la OIT cómo el C 87”.
Contra la reforma constitucional
Al reclamo docente, se le sumaron comunidades indígenas, sindicatos de otros sectores y distintos sectores de la sociedad se expresaron en contra del proyecto de modificación de la constitución provincial.
Tras la victoria en las elecciones, Morales puso a funcionar velozmente a la Convención el ´pasado 22 de mayo. El proyecto de reforma, que se conoció recién el 1 de junio, ocho días después de iniciada la Convención Constituyente, recorta la libertad de expresión, elimina las elecciones de medio término, establece “vías rápidas y expeditivas” para terciar a favor de titulares registrales en la disputa de tierras con comunidades originarias.
Además, establece que “el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador (obtendrá) la mitad más uno de las bancas de la Legislatura”.
Otra cuestión que genera rechazo es el ataque la libertad de protesta y huelga que propone la constitución de Morales, algo que fue impuesto a base de lawfare durante sus dos mandatos. Bajo el título “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, se apunta a “la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales”.
Entre los sectores más movilizados se encuentra las comunidades indígenas de Jujuy. Las más de 400 comunidades indígenas de Jujuy se encuentran en las calles de manera masiva repudiando el intento de cercenar sus derechos básicos.
Una las principales modificaciones que perjudicarán a los pueblos indígenas, Morales busca incluir un artículo sobre la propiedad privada que plantea una ley para el posible desalojo de pueblos indígenas que se encuentran en las llamadas tierras fiscales.
Las comunidades indígenas no tiene representación en la Convención Constituyente y tampoco fueron invitadas a participar de la discusión. Las mismas critican la provincialización del litio como un negociado para empresas transnacionales por sobre la soberanía de las comunidades ancestrales.
