En junio de este año Argentina firmó un comunicado en conjunto con México en el marco de una asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí, ambas cancillerías mostraban “preocupación” por una serie de detenciones hacia líderes políticos en Nicaragua, pero remarcaban una y otra vez el “principio de no intervención”. Tanto México como Argentina querían diferenciarse de otros países de la región, más proclives a profundizar la condena hacia el país centroamericano.
Pero en una nueva asamblea convocada por la OEA, el gobierno de Alberto Fernández cambió su posición y se sumó a las voces que señalan que las elecciones nicaragüenses del pasado 7 de noviembre “no fueron libres”, alineándose con Estados Unidos y otros países de la región. La Cancillería reclamó por la situación de Derechos Humanos de los nicaragüenses y puso en cuestión el “desenlace del proceso electoral”. Aún así, se aclaró que “no se romperá relaciones” con el gobierno sandinista.
Hay dos factores que sirven para comprender este cambio de posición en menos de seis meses: el desplazamiento de Felipe Solá en Cancillería y la asunción en su lugar de Santiago Cafiero; y por otro lado, la fuerte presión política para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La República Argentina ratifica su histórico compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y apoya con firmeza el trabajo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua.
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) November 9, 2021
El vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, representó al país en el período 51 de sesiones ordinarias de la OEA que se realizó en Guatemala y allí expuso que “la Argentina reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, que para nuestro país representa un valor superior e irrenunciable”.
“Junto al resto de los países americanos, y a través de la Carta de la OEA, mi país también ha asumido un compromiso con la promoción y la consolidación de la democracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención”, agregó Tettamanti. El gobierno argentino también se manifestó en contra de los “bloqueos” hacia naciones como Nicaragua, “que sólo han llevado a resultados negativos”.
“Nos preocupa la condena anticipada de este proyecto de resolución a una cuestión respecto a la cual estamos solicitando que sea analizada por el Consejo Permanente, sin que hayamos tenido aún un debate en profundidad”, intentó matizar el vicecanciller.
Lo cierto es que la intervención hacia Nicaragua ya estaba hecha. La foto de los países que condenaron al gobierno de Ortega deja todavía más claro los intereses geopolíticos que se juegan con esta nueva condena en la OEA. Los 25 firmantes de la resolución fueron: Argentina; Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbados, Dominica, Barbuda y República Dominicana, y Venezuela, a través de la cuestionada representación de Juan Guaidó.
Por su parte, se abstuvieron México, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice, Bolivia y Dominica, mientras que Nicaragua rechazó el planteo en defensa propia y la delegación de San Cristóbal y Nieves no estuvo presente.
Contexto
Nicaragua es un blanco para la OEA desde que, a fines de los 70, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza e inició un gobierno popular que declaró como bien común a la educación y la salud, al tiempo que profundizó una reforma agraria. El actual presidente, Daniel Ortega, tuvo su primer período presidencial en 1984 y entabló una fuerte relación política con algunos países del bloque comunista, especialmente con la Cuba de Fidel Castro.
Tras la victoria de la revolución sandinista se han desarrollado elecciones de forma ininterrumpida, que además destacan por el porcentaje de participación. En esta oportunidad —según los datos oficiales— alrededor del 65% de los 4,4 millones de nicaragüenses concurrieron a las urnas.
Este porcentaje se encuentra en el promedio del continente y por encima de aquellos países donde el voto no es obligatorio. De hecho, en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020 en las que Joe Biden se impuso sobre Donald Trump, la asistencia a votar fue del 66,5%. Además, las elecciones contaron con 232 acompañantes internacionales procedentes de 27 países y 600 periodistas nacionales e internacionales acreditados durante el proceso electoral.
Los resultados demostraron de manera contundente el apoyo social del sandinismo con un 75,92% de los votos. En segundo lugar, quedó el PLC con el 14, 15% y le siguen el CCN con 3.30%, la ALN con 3,15%, el APRE con 1,78% y el PLI con el 1,70%. Los datos indican que el bloque opositor aglutinó alrededor de un 24 % de los votos.
Lo cierto es que el interés del gobierno de los Estados Unidos por impulsar un cambio político en el país arrastra a varias de las naciones de la región. Esta vez, la influencia recayó en la Cancillería argentina. Mientras que los países detractores de Nicaragua aseguran que allí anida un régimen autoritario y señalan los episodios ocurridos en 2018 como una rebelión popular, la versión del gobierno de Ortega habla de un nuevo intento de golpe de Estado y expone una fuerte identidad del pueblo nicaragüense que resiste la intervención extranjera.
