A mediados de abril, la Cumbre del Clima convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contó con la participación del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.
En sus declaraciones, Bolsonaro se refirió a los desafíos del país que preside para la preservación de biomas, solicitó ayuda internacional y se comprometió a eliminar la deforestación ilegal para 2050. Más allá del discurso, recibido con sorpresa por buena parte de la comunidad internacional, la realidad ambiental del país dista mucho de ser aquella relatada por el presidente.
Desde que asumió su mandato en 2019, los índices de deforestación ilegal así como los números de incendios detectados cada año durante las sequías alcanzan récords alarmantes. Durante su primer año como presidente, la deforestación ilegal aumentó un 34%, pasando de 7.536 km² a 10.129 km². El año pasado, el aumento fue de 9,5%, con un total de 11.088 km², registrando el pico más alto desde 2008.
Respecto al número de incendios, el estado de Amazonas en 2020 superó el récord de 2005, y se convirtió en el más alto de la historia con un registro de 15.700 focos activos. En 2005 el resultado acumulado para todo el año fue de 15.644 casos, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
La investigación que conduce el Ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, contra el Ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles por tráfico ilegal de madera da cuenta de una situación bien diferente a la promocionada por Bolsonaro ante otros jefes de estado.
En entrevista con ARGMedios, la analista de políticas públicas del Observatorio del Clima y ex-directora del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), Suely Araújo, sostiene que las modificaciones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente sobre las dos agencias nacionales responsables por la fiscalización ambiental, IBAMA y Instituto Chico Mendes de Biodiversidad (ICMBio), perjudicaron seriamente el trabajo de ambas agencias.
Las alteraciones que influyen sobre el entorpecimiento y la consecuente reducción de la fiscalización ambiental en la Amazonía Legal se ven presentes en varios aspectos y esferas de intervención. La sustitución de personal competente e instruido para realizar el trabajo, fue uno de ellos: “Apartaron a todos los servidores de carrera, sobraron muy pocos y colocaron personas que no tienen experiencia con lo que IBAMA y ICMbio hacen”, explica Araújo.
La analista agrega que “en el ICMbio la situación es peor porque prácticamente toda la coordinación está conformada por policías militares, con una lógica más jerárquica y menos técnica, con lo cual, si el Ministro [de Medio Ambiente, Ricardo Salles] manda a hacer algo, ellos van a obedecer. Las jefaturas fueron sustituidas y luego comenzaron a cambiar las personas que conforman las bases, hoy por ejemplo en la fiscalización de IBAMA es toda gente de afuera coordinando”. El ICMbio es responsable de la fiscalización ambiental de las áreas protegidas en la Amazonía Legal.
Araújo apunta también a que la reducción en el número de fiscales habilitados para tareas específicas en ambas agencias se debe tanto a jubilaciones del personal como a la inacción desde el Ministerio de Medio Ambiente a convocar nuevos concursos para suplir las bajas. Con menos de 700 fiscales actuando en IBAMA e ICMBio, la capacidad operativa se vio limitada a la mitad en los últimos dos años.
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— Suely Araújo (@SuelyMVG) September 10, 2020
Pero además, la especialista sostiene que la lógica de reemplazo también se advierte en los métodos y estrategias utilizadas en gobiernos anteriores que dificultan el trabajo de las agencias: “Los jefes no tienen liderazgo sobre los equipos, que son tratados como si todo lo que se hizo antes estuviera mal. Esa es la lógica del gobierno, cuestionan lo que se hacía antes”.
La flexibilización de normativa entra en el abanico de modificaciones. “Es el caso del Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMAS), que disminuyó la cantidad de miembros que era de 100 a 23 y la composición siempre da victoria para el gobierno. Lo que viene haciendo el Consejo es revocar resoluciones en vez de construir y cuando construye es para flexibilizar la legislación anterior”, argumenta la analista.
Otro ejemplo es la carta enviada por más de 600 funcionarios de IBAMA a Salles mediante la cual denuncian la paralización de la agencia debido a la imposición de una normativa que impide realizar multas al momento de la inspección. Para ello deberá realizarse un informe y aprobado posteriormente por un “superior jerárquico”. Araújo explica las complicaciones: “Lo que se venía haciendo era mucho más simple, las multas se generaban con una máquina que automáticamente abría el proceso”.
Según la ex presidenta de IBAMA, las declaraciones de Bolsonaro marcan discursivamente la impronta del Ministerio de Medio Ambiente, cuya intención es dificultar el trabajo de las agencias de fiscalización ambiental: “Y vive diciendo que los órganos ambientales exageran y que hay barreras que hay que quitar. Y todo eso genera mucha dificultad para trabajar en estos dos órganos”.
Otro de los principales desafíos que atraviesan los encargados de preservar la selva amazónica y los biomas con los que cuenta Brasil es la visión atrasada de desarrollo que defienden tanto el presidente como los militares que conforman el gobierno. La ocupación prevalece ante la posibilidad de un desarrollo sustentable. “Tienen una visión más de los años 50 y terminan defendiendo una ocupación que no conversa con la selva en pie. El presidente también ve al Amazonas como una zona con rutas y grandes emprendimientos y esa no es la vocación de la selva, inclusive es posible tener mucho rendimientos para el país sin perjudicar el medio ambiente. Se puede pensar en un desarrollo sin degradación de otros biomas pero las autoridades actuales no consiguen cambiar ese discurso”, analiza Araújo.
Presión internacional
La llegada este año a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden y su retomada de una agenda ambiental, deslegitimada por su antecesor Donald Trump, encendieron las alertas dentro del gobierno brasileño ante el actual escenario de destrucción que vive la selva amazónica.
Si bien existió un compromiso público asumido por el propio presidente brasileño, lo cierto es que tanto las medidas adoptadas hasta ahora como los discursos defendidos contradicen la postura adoptada por el país ante los líderes internacionales. “(…) ese discurso de Bolsonaro en la Cumbre del Clima es para que lo vean los norteamericanos”, denota Araújo.
Sin ir más lejos, un día después del pronunciamiento de Bolsonaro en la Cumbre del Clima, el Ministerio de Medio Ambiente recibió un recorte drástico del presupuesto anual. Para la especialista, no se debe esperar un cambio de discurso ni de postura en relación a la política ambiental del gobierno Bolsonaro: “Creo que la presión internacional va a lograr disminuir el ritmo de la destrucción y no eliminarla por completo o revertir la postura del gobierno. Creo que no va a haber una retomada de la política ambiental como era antes de 2018.”
De acuerdo con Araújo, hasta enero de 2019, cuando asumió Bolsonaro, la política ambiental de gobiernos anteriores no estaba atada a cuestiones ideológicas, lo cual permitió que desde 1981, cuando fue aprobada la Ley de Política Nacional de Medio Ambiente, se fuera construyendo una política ambiental de forma paulatina: “Hubo gobiernos con una agenda más ambientalistas, otros con menos, había problemas pero nunca hubo un quiebre. El gobierno de Bolsonaro rompió y optó por la no política”. La previsión de la analista sobre un eventual cambio en la política ambiental de Bolsonaro dista de ser optimista: “No creo que haya reversión, aunque sí la presión internacional puede ayudar.”
Si bien tras los anuncios en la Cumbre del Clima se supo que el Ministerio de Medio Ambiente tendría una reducción que, dificultaría no sólo la fiscalización sino el funcionamiento normal de la cartera. El gobierno solicitó posteriormente un aumento para cumplir con las metas anunciadas que aún deben ser aprobadas por el Congreso. Según explica Araújo, esto no significa que la situación mejore: “aún con ese dinero, no hay capacidad de hacer ese trabajo en seis meses, entonces hay dos alternativas: o van a decir que pusieron plata e IBAMA no logró ejecutar (porque no hay fiscales para hacer ese trabajo y ellos saben de eso), sin tener en cuenta que IBAMA hoy por hoy es un órgano que no tiene dirección porque quien estaba fue apartado de su cargo por el STF. O van a agarrar ese dinero y transferirlo para militares, ya sea ejército o policías militares estaduales.”
El Ejército como garantía en la selva amazónica
La novedad no es la presencia militar en la Amazonía Legal, sino el rol que han tomado recientemente en materia de fiscalización. “Las fuerzas armadas y la policía militar siempre ayudaron a IBAMA, pero nunca comandaron ni planificaron las operaciones, no saben hacerlo y no tienen entrenamiento”, destaca Araújo.
Mediante el decreto de Garantía de Ley y Orden (GLO), aplicado en mayo del año pasado hasta abril de 2021, las fuerzas armadas asumieron el rol de fiscalizadores, entorpeciendo el trabajo ya realizado por IBAMA e ICMbio. En palabras de la especialista, “los militares gastaron en la Garantía de Ley y Orden en 2019 y 2020 un billón de reales. Y la planificación para el trabajo de IBAMA para todo el año es de 100 millones. O sea que se gastó 10 veces más para resultados que no llegan, la deforestación está creciendo, es mucho dinero para poco resultado.”
A cargo de comandar las operaciones de fiscalización pero sin capacidad para multar, los militares seguían la agenda delineada por sus superiores, sea el vicepresidente Hamilton Mourão o el Ministro Ricardo Salles, en vez de los informes técnicos elaborados por ambas agencias. “Existen casos donde IBAMA quería fiscalizar una región y fue ordenada para ir para otra, es decir que estarían dificultando el foco principal”, comenta la especialista.
“La fiscalización ambiental hace muchos años que no se hace golpeando puertas de estancias. Es necesario tener entrenamiento previo, actividad de inteligencia y todo el mundo tiene que saber leer imágenes de satélite y reconocer madera. Y quienes saben hacer eso son IBAMA y ICMBio” señala la ex presidenta.
Con la presencia militar la situación no mejoró, a pesar de los recursos destinados. Araújo advierte que ante este panorama, la burocratización de la emisión de multas por parte del CONAMAS, anticipa una situación desalentadora que se espera con la llegada de la sequía para los biomas brasileños, principalmente para la selva amazónica. El recorte presupuestario tampoco ayuda, aunque la falta de voluntad política es el principal inconveniente.
“Sin reposición de equipos o con coordinadores de campo que no entienden nada, no se puede trabajar. El dinero es un aspecto, pero solamente el dinero no resuelve”, advierte la especialista Araújo.
Por Florencia Urbani y Ana Dagorret
