El último día 25 de marzo Brasil despertó con una importante notica: Seis años y diez días después del asesinato de Marielle Franco, uno de los más destacados de la década pasada en términos políticos, agentes de la Policía Federal de Brasil detuvieron este domingo tres de los presuntos autores intelectuales del crimen contra la consejala.
Por el caso fueron presos el diputado federal Chiquinho Brazao, miembro de la agrupación derechista Unión Brasil, el comisario retirado Rivaldo Barbosa y Domingos Brazao, quien forma parte del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro. Los tres son señalados por las investigaciones como los instigadores del crimen contra la concejala del Partido Socialismo y Libertad (Psol) y su chofer Anderson Gomes. Marielle había surgido como activista en una favela, donde ganó reconocimiento por denunciar a las milicias paramilitares y oponerse a la intervención de las Fuerzas Armadas.
Algunos miles de kilómetros más al norte, la comunidad de San Vicente, en la región ecuatoriana de Manabí, recibía la noticia del asesinato de la alcaldesa más joven del país con 26 años, Briggite García, que llevaba tan sólo 10 meses en el cargo.
García era enfermera de profesión y se había postulado al cargo de la mano del Movimiento Revolución Ciudadana. Durante la campaña electoral se había comprometido a traer agua potable a San Vicente, un municipio costero de apenas 25.000 habitantes dedicados especialmente a la pesca y al turismo, y que carece de servicios básicos como agua potable y alcantarillado.
Ambos casos reviven un viejo debate en la región: la violencia como factor fundamental para entender la política en los países de Sudamérica. No se trata de casos aislados, sino de situaciones que se repiten y se profundizan principalmente en época de elecciones.
En el caso de Brasil, un estudio titulado Panorama das violações de direitos humanos de 2020 a 2022 muestra que se registraron 523 casos ilustrativos de violencia política desde el 2 de septiembre de 2020 hasta el 2 de octubre de 2022, fecha en que tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.
Fueron en total 163 asesinatos y atentados contra agentes políticos, 151 amenazas, 94 agresiones y 106 ofensas, además de casos de invasión y criminalización. Un número significativo de casos se concentra en 2022, que incluso antes del inicio del período electoral registró más casos que todo el año 2021.
Otro estudio publicado por el Observatorio de Violencia Política y Electoral de la Universidad Federal de Río de Janeiro mostró que 54 concejales y ocho alcaldes han sufrido algún tipo de violencia en 2023. Según el estudio, el 70% de todos los casos registrados están relacionados con algún tipo de disputa política a nivel municipal.
“El año electoral siempre es más conflictivo, por lo tanto, es posible observar una reducción del 13% en el número de casos al comparar el primer trimestre de este año con el último de 2022. Sin embargo, el hecho de que en enero, febrero y marzo de 2023 haya más episodios de violencia que en 2020, 2021 y 2022 revela que el clima político alimentado en los últimos años aún no ha disminuido”, afirmó Felipe Borda, coordinador del estudio.
El crimen organizado es un factor determinante en esta problemática y Brasil ostenta un prontuario importante en este asunto. Fundamentalmente en el estado de Río de Janeiro, el crimen organizado juega un papel importante en la vida política. Las llamadas milicias, que son grupos paramilitares conformados por miembros de las fuerzas de seguridad que prácticamente gobiernan territorios enteros dentro del estado y se encuentran actualmente en expansión, son actores claves en la profundización de la violencia política.
La concejala Marielle Franco fue asesinada por milicianos debido a su trabajo de denuncia permanente de los abusos que las milicias comenten en las favelas de Río de Janeiro. Tanto los autores materiales como los mandantes son figuras vinculadas a las milicias y está claro que el motivo del atentado fue la persecución y silenciamiento de Marielle así como de las causas por ella defendidas.
El vínculo de las milicias con el poder también es bastante evidente. Ronnie Lessa, preso actualmente por ser quien mató a Marielle Franco, al momento de su detención registraba domicilio en el condominio Viviendas da Barra, donde también vive el ex presidente Jair Bolsonaro, cuyos vínculos con el crimen organizado no sólo es un hecho comprobado sino que el propio ex presidente ponderó durante toda su vida pública.
En el caso ecuatoriano, debido a su posición estratégica sobre la costa del Pacífico, muchas localidades de la región de Manabí como San Vicente han sufrido casos de violencia, según las autoridades que investigan, financiada por el narcotráfico. Sólo en esta región se han producido 124 asesinatos en 2024, de acuerdo a la policía.
Ya antes de Brigitte García, Ecuador había registrado dos casos de violencia política que ganaron gran repercusión mediática. Se trata del asesinato del dirigente del correísmo Pedro Briones, que sucedió pocos días después del atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio, ambos en plena campaña electoral.
“La situación de violencia política que vive Ecuador es una expresión de la escalada de violencia que afecta al país y que resulta en buena parte de la desinstitucionalización que pesa desde hace seis años con el retorno al neoliberalismo”, explicó tras ambos atentados la socióloga y comunicadora Irene León, quien también es miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.
Para pensar esta situación ya recurrente, un elemento clave a tener en cuenta es la instalación del lawfare en los países de la región, es decir, la utilización de la justicia como herramienta de persecución política, que ha contribuido enormemente con la degradación social que se vive en los países de la región, principalmente en Brasil y Ecuador. “Nada de lo que sucede puede leerse por fuera del lawfare. El principal objeto de esta persecución es el movimiento Revolución Ciudadana en Ecuador” señaló León.
En Brasil el lawfare protagonizó uno de los capítulos más nefastos de la historia política del país, con la proscripción de Lula en 2018 y la posterior y consecuente victoria de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de ese año. Con la utilización de la justicia para hacer efectiva la persecución política de los adversarios del poder de turno, principalmente en los países donde gobierna el neoliberalismo, el nivel de violencia no sólo ha aumentado sino que se ejerce principalmente contra referentes de la izquierda y el progresismo.
“El crimen organizado es una suerte de nuevo componente de los poderes fácticos del capitalismo global que ahora tienen incluso más poder que los gobiernos” apunta Irene Leon. El achicamiento del Estado y la articulación con el crimen organizado por parte de los gobiernos de la región hacen de la violencia política una problemática en alsa, cuyas principales víctimas son referentes comunales y barriales que buscan denunciar el accionar de las milicias y del crimen organizado en complicidad con el estado.
Los datos presentados dan cuenta de una problemática ya estructural. Combatir la violencia política implica un riesgo de vida para quienes la impulsen debido a la profunda articulación que existe entre el poder y el crimen organizado, dos caras de la misma moneda y dos actores fundamentales que ven en la defensa de los derechos de las minorías el peligro de quedar expuestos.
