Durante los primeros días de la COP26 de Glasgow —la cumbre mundial del clima que reúne a los presidentes de la mayoría de los países—, el gobierno argentino tuvo su primer gran posicionamiento respecto a la crisis climática e intentó hablar por gran parte de las naciones del “sur global”.
La propuesta de Alberto Fernández se denomina “canje de deuda por acción climática” y, tal como el concepto indica, busca que los grandes organismos —como el propio Fondo Monetario Internacional (FMI)— condonen deudas a los países golpeados por crisis económicas y la pandemia de Covid-19.
El presidente argentino ha hecho este llamamiento en varias de las cumbres globales, pero tiene todavía más peso en el encuentro climático de Glasgow. Allí es donde deberán resolverse medidas efectivas para disminuir las emisiones de dióxido de carbono y evitar un escenario de “no retorno” frente a las catástrofes ambientales.
Debemos crear mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, canje de deuda por clima y aplicar la emisión de los DEGs del FMI a un pacto de solidaridad ambiental que incluya a los países en desarrollo y que sirva para extender los plazos de las deudas y para reducir las tasas.
— Alberto Fernández (@alferdez) November 2, 2021
“Promovemos el canje de deuda por acción climática. Necesitamos diseñar mecanismos de pagos por servicios eco-sistémicos e instalar el concepto de deuda ambiental”, planteó el presidente argentino frente a Joe Biden (Estados Unidos), Ángela Merkel (Alemania), Emmanuel Macron (Francia) y otros jefes de Estado.
Alberto Fernández remarcó que “para que la transición sea justa”, se necesitan “reglas multilaterales que eviten nuevas formas de proteccionismo propiciadas bajo la forma de preocupaciones ambientales”. Y agregó: “Es fundamental tener claro que sin financiamiento sostenible no habrá desarrollo sostenible y que las responsabilidades, si bien comunes, son diferentes entre países. El mundo en desarrollo necesita financiamiento genuino para avanzar con la agenda que aquí discutimos”.
Concretamente, la propuesta apunta a aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro del FMI para “un gran pacto de solidaridad ambiental, que incluya a los países de bajos ingresos y renta media y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas”.
Esa posición fue defendida por el ministro de Ambiente argentino, Juan Cabandié, que durante una exposición frente a sus pares aseguró que es imperativo que se avance “en la implementación del Acuerdo de París y que todas las partes honren los compromisos asumidos”.
Pero al mismo tiempo que el presidente Alberto Fernández se erige como un representante de los países endeudados —países que no son los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero—, el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez, reafirma una posición propia desde su cartera.
A través de redes sociales, Domínguez anunció que había firmado “un documento en conjunto” con varias de las entidades rurales más poderosas del país, aquellas que se caracterizan por implementar monocultivos (principalmente de soja) y promover un modelo productivo que apunta casi exclusivamente a la exportación. Entidades que, además, utilizan miles de litros de agrotóxicos contaminantes por año.
Desde su cuenta de Twitter, Domínguez difundió una posición en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino, Coninagro, Aapresid, Sociedad Rural y otras entidades para la cumbre mundial del clima. Dijo que su prioridad era adaptar de la “agrobioindustria” y además diferenció la idea de “seguridad alimentaria” de “soberanía alimentaria”.
DECLARACIÓN CONJUNTA PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN, NUESTRA PATRIA🇦🇷
Trabajamos junto a los equipos técnicos de @aapresid, @AgroindArg y las entidades agropecuarias para armonizar la protección del medioambiente con el desarrollo de la agrobioindustria.
Los principales ejes👇 pic.twitter.com/2ryyo1G3wa— Julián Domínguez (@DominguezJul) October 30, 2021
¿Cómo hacer un canje de deuda por naturaleza?
ARGMedios habló con Andrés Nápoli, integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), quien consideró que ese canje de deuda por acción climática puede ser leído de dos formas: políticas para aplicación de medidas ecológicas en los países, o bien canje de deuda por naturaleza, es decir: recursos a explotar.
“Hicimos pedido de informe al ministerio de Economía y de Ambiente. En ninguno de los dos casos contestaron si existía un proceso para adaptar esto, por lo tanto no tenemos información del gobierno”, aclaró Nápoli. Desde la FARN creen que el planteo es interesante “pero hay una serie de interrogantes instrumentales que contestar” porque sino “una buena propuesta puede generar malos resultados”. Todo indica que el gobierno argentino no tiene del todo cerrada la propuesta que presentó en la cumbre de Glasgow.
En ese sentido, Nápoli se pregunta cómo operará la soberanía de los países en caso de incorporarse a ese canje de deuda: ¿se trata de un canje para que los países adopten medidas de protección de su naturaleza o para habilitar el acceso de grandes multinacionales a los territorios de los países endeudados? “Si es así, pueden debilitarse esos conceptos de soberanía”, reflexiona.
El representante de la FARN cuenta que previamente participaron de una ronda de consultas con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde les habría asegurado que ese canje de deuda es una propuesta que nace del propio Fondo.
