Colombia es un país atravesado por los conflictos relacionados con la violencia política. Desde la implementación del neoliberalismo de guerra, la sociedad colombiana ha sufrido la pérdida de derechos humanos y el miedo como ordenador político.
Los Acuerdos de Paz dieron el puntapié inicial para la participación política de gran parte de la sociedad. Sin embargo, organizaciones paramilitares y el propio Estado colombiano han incluido otros acuerdos: los asesinatos a activistas, militantes, campesinos y promotores de la paz.
La Misión de Verificación de Naciones Unidas para Colombia presentó su nuevo informe sobre la situación de los acuerdos de paz en Colombia durante el último trimestre (28 de diciembre 2021 – 25 de marzo 2022). En el mismo, se evidencia más de 274 mil personas han sido afectadas por dinámicas asociadas a la violencia armada, lo que representó un aumento del 621% en comparación con el mismo periodo del 2021.
Los niveles de violencia se intensificaron en los departamentos del Chocó, Putumayo y Arauca, lo que ha resultado en afectaciones para todas las comunidades y ha dejado 11 excombatientes asesinados, 49 líderes sociales asesinados, 13.000 desplazados y 48.000 personas confinadas.
En el último mes, la masacre del Puerto Leguízamo (Putumayo) ha evidenciado que las estructuras paramilitares y del propio Estado colombiano se mantienen vigentes pese a los Acuerdos de Paz.
Allí, el Ejército Nacional de Colombia asesinó a 11 personas, bajo el argumento de que se trataban de integrantes de las FARC. La Red de Derechos Humanos de Putumayo detalló la identidad de algunas de las víctimas y aseguró que en realidad eran “habitantes de la Comunidad, reconocidos y reclamados hoy”, denunciando así un nuevo caso de “falsos positivos”.
El incremento de la violencia se da en un año donde se juega el futuro político de Colombia. Con la campaña para las elecciones presidenciales en marcha, desde la ONU también pidieron que los comicios programados para mayo del 2022 se desarrollen libres de violencia.
La violencia como ordenadora política
Vale aclarar que el recrudecimiento de la violencia está estrechamente vinculado a las fuerzas paramilitares con fuertes vínculos con el expresidente Álvaro Uribe, en un contexto de debilitamiento de su fuerza de extrema derecha.
En diálogo con Agencia Red Global, Javier Calderón, sociólogo e investigador de la CELAG, explica que existen intereses de algunos sectores militares y paramilitares -y de algunos grupos guerrilleros residuales que quedaron después del Acuerdo de Paz-, “de hacer visible la violencia para determinar quienes van a ganar en las regiones, cómo se controla el territorio”. “Hay una presión armada en esos territorios para determinar las candidatura”, agrega Calderón.
En ese sentido, el académico apunta a que “el uribismo trabaja en esta estrategia en dos vías: presionar al electorado para que vote al candidato presidencial Fito Gutiérrez y para meter en la agenda de su candidato el tema de la Seguridad. Esa idea es volver al debate de la seguridad durante la campaña electoral y sacarla de la economía y las transformaciones como lo plantea el Pacto Histórico”.
En la misma línea, Laura Capote, integrante de Marcha Patriótica y ALBA Movimientos, comenta que las próximas elecciones no están desconectadas de las últimas masacres ocurridas en el país, y que por el contrario, se dan en el marco de la caída del modelo económico y de muerte implementado por el ex presidente Uribe.
“El neoliberalismo de guerra ha logrado reinventarse y resistir frente a los avances de los movimientos sociales y la izquierda a través de la violencia. La violencia es su principal dispositivo que ha utilizado para resistir a los avances progresistas. Sin embargo, la sociedad no es la misma de hace 20 años, ya no está convencida que la solución es bélica y se da cuenta de que el problema es mucho más grave y complejo”, comenta Capote en diálogo con este medio.
Los grupos de paramilitares vinculados con la extrema derecha han sido el brazo armado, particularmente del Centro Democrático. Vinculados a los negocios ilegales, se transformaron en una herramienta para garantizar las victorias electorales del uribismo.
Por su parte, Calderón sostiene que en el incremento de la violencia “hay un mensaje directo y un condicionamiento para la campaña del Pacto Histórico”. Y agrega: “la mayoría de los liderazgos sociales que han sido asesinados son sectores allegados al Pacto. Hay una especie de mensaje mafioso para que la organización de la campaña se desestructure”.
Sin embargo, uno de los efectos del Acuerdo de Paz que pocos calcularon, fue la apertura democrática para vastos sectores de la sociedad colombiana. La firma del Acuerdo de 2012 provocó que los sectores sociales comenzaron a perder el miedo y a movilizarse contra las reformas conservadoras o los intentos de privatizaciones.
“El debilitamiento del uribismo tiene que ver con el poco impacto que tiene la violencia en la desmovilización política. Hoy la prioridad de las mayorías es el tema económico, la realidad social es muy compleja. El impacto de la violencia ya no es el que tuvo en décadas pasadas y mucho tiene que ver con el proceso de Paz. Hay una conciencia clara que el principal problema del país es el Estado, que estaba en la conducción de ese Estado, en la vida económica y en el modelo económico”, sostiene Calderón.
Derrotar el Acuerdo de Paz
Durante todo el proceso de paz y a posteriori, el uribismo ha sido el sector político que más combatió los acuerdos de paz. La llegada de Iván Duque provocó una demora en la aplicación de los puntos acordados y el incremento de la violencia en las principales regiones donde debían llevarse políticas públicas de paz.
“Una variable a considerar en el crecimiento de las masacres y asesinatos, es el agenciamiento del Estado. Desde el Estado Nacional se viene instigando que en los municipios, especialmente los priorizados por el Acuerdo de Paz, se aumenten los ejercicios militares. Es una especie de profecía autocumplida, donde los Acuerdos de Paz sean un fracaso”, comenta Calderón.
A diferencia de décadas anteriores, la violencia está circunscrita a 180 municipios de los más de 1.000 municipios de Colombia. Las principales zonas de violencia paraestatal son el Sur continental de Colombia, el norte de Santander, la Magdalena medio y el Uraba.
“La violencia está siendo magnificada por los medios de comunicación. No es una violencia generalizada, sino focalizada”, explica Calderón. La militante de Marcha Patriótica sostiene que existe una causalidad entre el mapa de las principales víctimas de los asesinatos selectivos y el de las regiones que por los Acuerdos de Paz se deben aplicar proceso de restitución de tierras, procesos de Memoria, Verdad y Justicia y Ley de Víctimas.
Para la oposición referenciada en la candidatura de Gustavo Petro, el uribismo está retrocediendo: creen que se encuentra en una situación crítica, aunque no terminal. Es que, la complejidad del entramado político del Centro Democrático no se derrota en una elección únicamente. “El uribismo es el militarismo combinado con una casta mafiosa, narcotraficante, de una economía financiera de la renta de la tierra que no va a terminar con este proceso electoral”, explica Calderón.
Y cierra: “Ha perdido la agenda de la seguridad y del enemigo interno. La estrategia es reconstruir esas dos cosas en el imaginario social para poder sostenerse. Es bastante peligroso porque pueden exacerbar la violencia, ya no en los niveles del viejo paramilitarismo, que sigue actuando, por supuesto, que ellos controlan, y que está ligado al despojo de tierras y de las economías ilegales, pero sí a partir de la paramilitarización civil de la sociedad”.
