El gobierno del presidente Alberto Fernández sigue firme en su intención de concretar la explotación offshore en las costas del mar Atlántico pese a la oposición popular, el contundente rechazo expresado en la audiencia pública por el tema, y las claras evidencias que señalan la gravedad de los impactos de la actividad. El hecho, además, se aleja de los compromisos asumidos por Argentina para detener el Cambio Climático.
Con la copa en mano, en medio de incendios en todo el país y con los ánimos recalentados por la nueva intentona minera en Chubut, el pasado 30 de diciembre de 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación publicó la resolución 436/2021. Allí, se otorga el permiso ambiental a la empresa noruega Equinor (junto a Shell e YPF) para la exploración sísmica en el fondo marino frente a las costas de Mar del Plata y otras localidades costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires.
La resolución motivó presentaciones judiciales por parte de asambleas ciudadanas, abogados ambientalistas y varias ONG que señalan los riesgos de esa actividad. Preocupación que no es infundada, y así lo expresó la justicia en el fallo judicial del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata que paralizó el proyecto de exploración sísmica: “La empresa Equinor no ofrecería certezas de que no se producirán las superposiciones temporales o territoriales en las tareas de prospección, quedando abierta esa cuestión a una ‘planificación posterior’, lo que de por sí resultaría una explicación insuficiente de cara al principio de prevención que debe regir toda la planificación de exploración sísmica. Recuérdese que este principio apunta a prevenir los daños que sobre el ambiente pueden producir las actividades antrópicas, en los casos en que hay un ‘riesgo cierto’ de que aquellos se produzcan (art. 4 LGA)”.
En este verano que no da respiro, el gobierno, a través de la cartera de Ambiente, rápidamente apeló la cautelar y presentó una recusación contra el juez Santiago Martín. Sin embargo, este viernes 18 de febrero, se conoció que el también juez federal de Mar del Plata Alfredo López, admitió el recurso de apelación del Gobierno nacional y los de las petroleras adjudicatarias del proyecto. Habrá que esperar ahora la resolución de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y las futuras presentaciones de quienes consiguieron la cautelar que frenó la exploración. Lo que es claro es que este cruce recién empieza.
Fe, ciencia y ciencias
Mientras la pulseada judicial se desarrolla, la resistencia en las calles y el debate en los medios de comunicación crece y suma cada vez más sectores. Quienes no dudaron en salir a respaldar al proyecto del gobierno —con un “timing” nada casual— fueron los miembros del grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA).
En una carta pública de apoyo al emprendimiento, plantearon que Argentina “explota offshore desde hace más de 50 años en la cuenca Austral” y que en ese período “se han realizado alrededor de 200 pozos exploratorios y de producción y hoy 36 de ellos proveen el 17% del total de la producción de gas de nuestro país”. La misiva está firmado, entre otres, por Adrián Paenza; Adriana Serquis; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Cristina Carrillo; Diego Hurtado; Dora Barrancos; Noé Jitrik y Roberto Salvarezza.
Lo que omite el texto (¿por error?) es que el proyecto de exploración sísmica frenado no es equiparable a ninguno de los existentes. Este proyecto, como describen con rigurosa exactitud los ambientalistas Maristella Svampa y Enrique Viale en esta nota, es el primero que, de realizarse, lo haría a mayor distancia que los vigentes, en aguas profundas y ultraprofundas. En caso de prosperar la explotación, sería inédito no solo en nuestro país sino en el mundo. No hay ningún proyecto que se haya concretado con éxito a esas profundidades para la extracción de gas. También, a modo de perlita informativa, el propio escrito de apelación presentado por Nación desmiente a “su ciencia aliada” en ese porcentaje de contribución de gas a nuestra matriz energética.
Las y los lectores comprenderán que tras observar esa equiparación improcedente, argumento repetido hasta el cansancio también por los cuadros oficialistas, se hace imposible seguir recorriendo la lectura de ese documento como si se tratara de un posicionamiento basado en datos rigurosos. Porque no hay tiempo para la inocencia. ¿Los errores o medias verdades, son tales? ¿Debemos tomar su conocimiento aunque sus disciplinas específicas no les habilitan a emitir opiniones sobre esa materia?¿Quiénes se erigen como únicos dueños de la ciencia nos piden un acto de fe?
La pregunta central es si pueden garantizarse este tipo de proyectos offshore sin consecuencias para la fauna marina, nuestros mares y las actividades que allí se realizan en nuestras costas bonaerenses. Estos cientifiques no pueden dar garantía de ello, solo expresar su creencia en que los controles estatales serán suficientes para mitigar todo, y su fe en que nada malo sucederá. Pero hay sobradas experiencias en el país de que tal estado controlador no existe, y que hay afectaciones para las que debe primar el principio precautorio porque serían imposibles de “remediar”. La fe no ha detenido jamás daños ambientales de consecuencias irreparables.
Respondiendo a muchas de esas preguntas, más de quinientos trabajadores y trabajadoras del sistema científico nacional sumaron un posicionamiento público. En el texto, respuesta a las inexactitudes vertidas por el grupo CyTA (y que continúa abierto a firmas), reúnen información precisa sobre los elevados riesgos que este tipo de actividad genera sobre el territorio, sobre el agua, la biodiversidad y sobre otras actividades productivas.
“Queremos aclarar que la comunidad científica no posee portavoces únicos”, indica el texto. “Nos preocupa que, tras una audiencia pública masiva a mediados de 2021, en la cual se expresaron múltiples posiciones en contra de este proyecto, ahora se multipliquen comunicados que silencian los disensos, elaborados desde las oficinas ministeriales, subordinados a los intereses de las grandes empresas y que consolidan el lucro privado como política científica de Estado”, afirman, trayendo una bocanada de aire fresco a las asambleas que copan las calles de Mar del Plata y del país.
El modelo de desarrollo es aún un terreno de disputa, y “la ciencia” necesaria para la construcción de un sistema productivo que no nos condene a sufrir más afectaciones ambientales, también. La marea de activistas, que a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional resiste los embates del extractivismo saqueador y neocolonial, nos muestra que no todo está perdido en las aguas profundas de quienes pretenden —en nombre de la recaudación de divisas extranjeras— condenarnos a un nuevo sacrificio para que nada cambie.
“Rechazamos este nuevo proyecto hecho a la medida de las exigencias del FMI y de las grandes empresas. Profundizar este tipo de actividades en Argentina ha traído aparejado una reprimarización de la economía, mayor dependencia extranjera, mayor depredación ambiental y más pobreza y desigualdad, como lo demuestran otros modelos productivos/extractivistas vigentes en el país tales como la megaminería, el fracking o el agronegocio”, dice parte del comunicado. Aquí se puede acceder al texto completo.
Anabel Pomar es periodista y activista ambiental
