El domingo por la noche, la defensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner presentó una nueva recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
La vinculación entre la jueza Capuchetti y el gobierno de Larreta fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria. En la información que relevó, se desprende que la magistrada está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de Marcelo D´Alessandro, ahora de licencia tras otro escándalo que comprobó la relación del funcionario con la Corte Suprema de Justicia.
La contratación por parte del gobierno de Larreta es totalmente ilegal, ya que los jueces tienen prohibida toda actividad laboral por fuera de sus funciones en el Poder Judicial, con excepción de la docencia.
Las vinculaciones entre el macrismo y el Poder Judicial no parecen tener fin. Capuchetti prestaría funciones en el Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA, el cual tiene como vicepresidente a Juan Bautista Mahiques, uno de los pasajeros del polémico viaje a Lago Escondido, jefe de los fiscales de CABA e hijo de Carlos Mahiques, juez del Tribunal de Casación Penal.
La jueza no solo está encargada de investigar el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, sino que además investigó la Mesa Judicial Macrista y la deuda de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.
Entre los argumentos que presento la defensa para recusar a la magistrada se destaca que la “autoridad política” del Instituto Superior de Seguridad Pública, organismo que contrató a Capuchetti, es el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro. Lo cual -según la presentación de la vicepresidenta- “tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Fernández de Kirchner y el espacio político que integra”.
Asimismo, otro de los argumentos de la defensa es el rol de la Polícia de la Ciudad en el intento de magnicidio. En la causa se investiga a los autores materiales y a los intelectuales del atentado, pero, también, a fuerzas de seguridad que pueden haber posibilitado, por acción u omisión, que suceda el hecho.
En ese sentido, la defensa de la vicepresidenta sostiene que “Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar”.
Se trata de la segunda recusación presentada por Cristina Fernández de Kirchner contra Capuchetti. En la primera oportunidad la vicepresidenta apuntó contra la lentitud en la investigación y la sesgada investigación que por ejemplo dejó afuera una posible vinculación de Gerardo Milman, diputado macrista; la financiación del atentado y por último, la vinculación de Capuchetti con la AFI macrista.
