Para principios de junio se encuentra convocada una nueva Cumbre de las Américas, la novena en casi tres décadas. La sede será la ciudad de Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos. En lo que va del siglo XXI, este foro ha estado marcado por varias polémicas, pero la novedad en esta oportunidad es el masivo rechazo al intento de EEUU por excluir de la Cumbre a los países que considera sus principales adversarios.
Si bien a la fecha todavía no están cursadas las invitaciones y no hay mucha claridad sobre cómo se resolverá el tema, lo cierto es que el asunto ya escaló mucho más allá de lo que la cancillería estadounidense, el Departamento de Estado, hubiera considerado deseable. Lo que empezó como un mero comentario a la prensa por parte del subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Ocidental, Brian Nichols, se transformó rápidamente en una polémica de amplio alcance.
Entrevistado por la cadena colombiana NTN24 —ligada al espectro político de la derecha continental y en particular al uribismo—, el subsecretario analizó a principios de mayo que se trata de “un momento clave en nuestro hemisferio”. De acuerdo a la mirada del funcionario del Departamento de Estado, “este es un momento en el que estamos enfrentando muchos retos a la democracia. Y Cuba, Nicaragua y el régimen de Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas. Por lo tanto no esperamos su presencia”, sostuvo.
Nichols incluso fue más allá y luego de una repregunta, hizo cargo al propio Biden de una futura decisión, seguramente sin esperar lo que ocurriría a partir de sus declaraciones: “Es una decisión del presidente —agregó— pero el presidente ha sido bien claro en que los países que no respeten la democracia, no van a recibir invitaciones”.
Uno de los primeros en salir al cruce fue el embajador de Antigua y Barbuda en EEUU., Ronald Sanders, quien adelantó que los catorce países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) no asistirán si hay exclusiones. “La Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no”, afirmó. Esto fue ratificado por otros líderes del Caribe, como el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves; el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne; y el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley.
Al rechazo se sumó también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El 10 de mayo, en una de sus conferencias desde el palacio de gobierno, el mandatario señaló que no iría a la cumbre, en un mensaje de protesta. “No quiero que continúe la misma política en América. Quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”, afirmó. El mandatario, que después de tres años de gobierno mantiene un nivel de respaldo envidiable en la región, aseguró que tiene buena relación con Biden pero que “no deja de haber todavía esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos”.
Además, esta posición fue respaldada por el presidente de Bolivia, Luis Arce; por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y también por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que en este momento ocupa la titularidad de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Si bien Fernández anunció que concurrirá, también se sumó al pedido de que no haya exclusiones. Tempranamente la cuenta oficial de la CELAC había tuiteado una declaración sobre el tema: “Como Presidencia Pro Témpore de la CELAC exhortamos a los organizadores de la Cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. Unidos somos más fuertes”. Además, la agencia estatal Télam informó que la cancillería argentina envió una nota formal a EE. UU. con el pedido de que incluya en las invitaciones a todos los gobiernos.
Más allá de la situación puntual, es interesante analizar los elementos presentes en el escenario político desde una perspectiva de mediano plazo, sobre los que da cuenta el propio debate de la coyuntura.
Un contexto necesario
La IX Cumbre de las Américas estaba convocada para 2021 pero tuvo que ser postergada a causa de la pandemia. A nadie le escapa el nuevo marco geopolítico, signado por la guerra en Ucrania y un aumento de las tensiones globales. En este escenario, EEUU continuará con la intensa presión con el objetivo de subordinar las diferentes políticas exteriores a su propia agenda. Precisamente ese fue siempre el objetivo de la Cumbre, impulsada en el marco de la OEA en la década de 1990, en pleno clímax del mundo unipolar.
La primera de las Cumbres se realizó en diciembre de 1994 en Miami, con la propuesta de conformar un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Este fue el gran proyecto del país norteamericano, buscando la recolonización del continente americano. Aunque, tras los avances iniciales, fue derrotado en la IV Cumbre, en 2005 en Mar del Plata.
Este acontecimiento histórico de la integración latinoamericana fue posible gracias a la unidad de los gobiernos progresistas y de izquierda surgidos de las irrupciones populares en América del Sur, que establecieron algunos límites significativos a la agenda del neoliberalismo.
En aquellos años, tampoco era plena la participación de los países de América Latina y el Caribe en las cumbres: Cuba —expulsada de la OEA en 1962— estaba excluida. En un primer momento esta situación no generó ninguna controversia oficial. Hasta principios del siglo XXI hubo hegemonía casi total de gobiernos de derecha. Pero a medida que cambió la situación política general, el tema también se puso en debate y en 2009, en la Cumbre de Trinidad y Tobago, la mayoría de los países reclamaron la inclusión de Cuba.
En 2012, el asunto escaló y los presidentes de Ecuador, Nicaragua y Venezuela no concurrieron, luego de que incluso Rafael Correa enviara una carta a Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia y anfitrión de la reunión de Cartagena.
En este contexto, y en medio de algunos avances en la relación entre EEUU y Cuba promovidos por la administración Obama, hubo consenso para que Cuba participara por primera vez en la Cumbre de 2015 en Panamá, que se hizo efectiva con la presencia de Raúl Castro en la cumbre oficial y una amplia delegación cubana en la Cumbre de los pueblos, que incluyó un concierto de Silvio Rodríguez.
La participación de Cuba se mantuvo en 2018 en Lima, aunque esta vez con la representación del canciller Bruno Rodríguez.
Soft power
La activa política hacia este tipo de reuniones es un aspecto central de la estrategia de la administración Biden en el candente escenario de “nueva guerra (cada vez menos) fría”. Se trata de una agresiva política para consolidar un bloque contra Rusia y China. En ese sentido, la narrativa de la cancillería norteamericana es continuidad de la utilizada en torno a la Cumbre por la Democracia —esta última de alcance más global— que organizó EE. UU. en diciembre de 2021.
Así, la Cumbre de las Américas se convoca bajo las premisas de “la democracia, las libertades fundamentales, la dignidad del trabajo y la libre empresa”: cuatro condiciones que Estados Unidos agrede de forma permanente contra todos los gobiernos que considera una “amenaza a la seguridad”.
Recordemos por ejemplo las medidas coercitivas unilaterales (llamadas “sanciones”), totalmente ilegales según el derecho internacional y que conforman un elemento clave de la guerra híbrida.
En esta estrategia de intervención, dominante en la etapa, las sanciones se suman a un amplio y heterogéneo abanico de opciones que incluyen, entre otras, la desestabilización de la CIA a través de medios, ONG y agencias de asistencia humanitaria —como la NED y la USAID—, la penetración de la mayor cantidad de partidos políticos, los acuerdos de cooperación militar o de seguridad, la infaltable presión diplomática y en las situaciones límite, los intentos de golpes de Estado para lograr el “cambio de régimen”.
La Cumbre de los Pueblos
Al igual que en otras cumbres anteriores, en paralelo al evento oficial se realizará otro encuentro: la Cumbre de los Pueblos por la Democracia. En este espacio se espera la participación de representaciones del activo movimiento popular americano, que tiene entre sus principales políticas la construcción de una agenda de articulación.
El fortalecimiento de otros mecanismos de integración y encuentro continental, fuera de la órbita de Estados Unidos, es un objetivo que los pueblos de la región ya vienen construyendo con diferentes iniciativas de articulación antiimperialista y soberana. Una de ellas es la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo), que articula a organizaciones rurales y que celebró a fines de abril, en Managua, el 30º aniversario de la Vía Campesina. Otro espacio es ALBA Movimientos, que —también a fines de abril pero en Buenos Aires– realizó su III Asamblea Continental, con más de 300 delegados y delegadas de 23 países.
Las organizaciones populares son el soporte necesario para cualquier posibilidad de reactivación de un camino de unidad e integración continental, tema que atraviesa, de fondo, el debate coyuntural sobre quién participa en la Cumbre de las Américas y cuál es el foro de discusión de América Latina y el Caribe.
¿Rebelión en el patio trasero?
La situación desarrollada en las últimas semanas pone en una posición incómoda a la diplomacia norteamericana. Por un lado, corre el riesgo de un verdadero papelón histórico si la reunión se hace sin la presencia de la mitad de los jefes y jefas de Estado. Por otro lado, si rectifica la posición e invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua será blanco fácil de los sectores más duros de la política imperialista, que entre otros expresa el lobby ultraderechista de la Florida, representado por figuras como los republicanos Rick Scott y Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez. Dardos que se dirigirán a la población de este Estado decisivo en un año de elecciones de medio término, con renovación parcial de las cámaras legislativas.
Por si estas razones no fueran suficientes para preocuparse, lo realmente importante en una mirada de mediano plazo es la magnitud de la rebelión en curso. Al menos la mitad de los países del continente expresaron su rechazo, en mayor o menor grado. La sola existencia de este debate, no solo por el contenido sino también por el alcance y el tono, implican un desafío simbólico y político que no es menor y puede expresar algo importante en términos históricos.
Más aún en un contexto de un cambiante mapa político, que en 2021 consagró a varias fuerzas políticas de izquierda en el gobierno y que tiene en este 2022 a dos contiendas electorales significativas: Colombia, en los pocos días, y Brasil, en octubre próximo. Estos momentos políticos tendrán una influencia enorme en los escenarios futuros, que nuevamente abrirán el debate sobre la integración y la desintegración regional al tope de la agenda política continental.
* Integrante de OBSAL (Observatorio de América Latina y el Caribe) que impulsan las oficinas Argentina y Brasil del Instituto Tricontinental de Investigación Social
