Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta un 75 % de los fármacos que se venden en Estados Unidos tienen como base, sustancias naturales que provienen de países con una gran biodiversidad biológica. “El 95% de los recursos no llegan ni a los territorios ni a las comunidades”, dice para ARG Oscar Forero, investigador del Comercio Internacional y antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia.
La extracción de recursos biológicos sin autorización ni compensación por su uso, se denomina biopiratería, y es la base fundacional por la cual cientos de empresas se hicieron millonarias.
Como la empresa Merker que fabrica píldoras anticonceptivas elaboradas con el barbasco, una planta originaria de México. O el Pozol, la bebida ancestral consumida por los mayas que está patentada por una empresa trasnacional holandesa y por una universidad estadounidense. O incluso el frijol mexicano de variedad Mayocoba, que la empresa POD-NERS L.C.C. de los Estados Unidos de América (EUA) lo patentó en 1994.
También, el caso de la famosa empresa Coca Cola, con la ‘stevia’, un ingrediente fundamental para la fabricación de su producto y que fue extraída de territorios guaraníes. O variedades del algodón con la que se hacen prendas de las marcas como Levi’s, Esprit,y Patagonia .
Hoy en el mundo solo 10 transnacionales de origen estadounidense, inglés y suizo controlan gran parte de los recursos genéticos, agricultura e industria farmacéutica. Luego de identificar los genes extraídos, solicitan inmediatamente la patente y hoy son las que poseen más del 50% de todas las patentes sobre biotecnologías agrícolas. Algunas de estas empresas son Bayer, Pfizer, Monsanto, Syngenta, entre otras.
Lo mismo con las semillas. Solo cuatro transnacionales están controlando el 60% de todas las semillas patentadas en el mundo. También controlan la producción de agrotóxicos, fertilizantes, agroquímicos, e incluso los mercados alimentarios.
La regulación de los Recursos Genéticos Digitales
El primer Convenio de Diversidad Biológica en 1993 puso el tema sobre la mesa. Fue en 2010 que se aprobó la implementación de la carta que estableció finalmente un marco legal: el Protocolo de Nagoya.
Este acuerdo internacional, firmado en Japón, marcó las bases para compartir los beneficios utilizados de los recursos genéticos entre países del Norte y del Sur global a través de una repartición equitativa. También fue reforzado con la decisión Andina N. 391, que establece un régimen común sobre acceso a los recursos genéticos ratificado por los países de la región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú)
Con el correr del tiempo y el avance de la tecnología, ya no solo se habla de recursos genéticos sino de “información digital sobre secuencias” (Digital Sequence Information) ¿Por qué? Mucha información genética ya está extraída de los territorios y se encuentran digitalizadas en megabases de datos en el mundo. Con distintos mecanismos tecnológicos como la inteligencia artificial, se pueden cruzar y obtener nuevas fórmulas.
Por lo tanto, aquel marco regulatorio construido en el anterior Convenio de Diversidad Biológica quedó obsoleto, y en este nuevo Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (2022), es necesario regular también en el plano digital. Por eso ya no solo se habla de “recursos genéticos” sino también de “conocimientos”, o sea el recurso intangible (Decisión 15/9)
Pero la discusión sobre la obligatoriedad del pago de regalías como un derecho que les pertenece a los pueblos indígenas está lejos de parecer una realidad.
El primer paso para lograrlo es obtener la información de origen (Discloser) para fortalecer los monitoreos sobre la información extraída; dónde, cuándo, para qué, y crear nuevos que permitan sumar todos esos datos al registro de patente (Intelectual Properly)
“La pelea es más bien, de donde salen los recursos para que los pueblos originarios puedan hacer ese monitoreo, y también para que los países en desarrollo puedan hacerlo porque no tienen todo el hardware que se necesita para hacerlo“, dijo el investigador.
A través del Convenio de Biodiversidad se han hecho muchas cosas en términos de transferencias de capacidades y competencias: mapeo satelital, desarrollo de software. “Pero eso es solo para garantizar un correcto discloser- información de origen-”, afirma Forero.
Sin embargo, el investigador entiende que sin un órgano subsidiario del 8J como un grupo sólido en el que participan comunidades indígenas, que vigile el cumplimiento de los acuerdos, no podría existir una información de origen eficiente ni tampoco un pago de regalías.
Para el Plan de Vida Global de @AisoMovimiento y para @MPCindigena la aprobación del órgano subsidiario para el Artículo 8J de @UNBiodiversity es fruto de la lucha histórica de los pueblos originarios en el mundo, nos lo merecemos por que protegemos el 80% de la biodiversidad… pic.twitter.com/nhuIz0qIYa
— Edgar Alberto Velasco Tumiña (@EdgarTumina) November 2, 2024
¿Qué es lo que cambiará a partir de la COP16?
Las negociaciones lograron tener una mayoría para concretar acuerdos claves para la regulación de la información de secuencias digitales en una discusión que se extendió hasta las 3am del viernes, y donde finalmente estos fueron los acuerdos más importantes:
- Creación de un Órgano Subsidiario del 8J: Después de 26 años se alcanzó el consenso para crear un órgano subsidiario que permitirá la participación activa de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Se trata de un grupo especializado con un trabajo más enfocado y expedito, que asista, controle y garantice el cumplimiento del artículo 8J para que efectivamente los recursos de biodiversidad le lleguen a sus custodios, tal como pasó con la regulación sobre los Recursos biológicos en el Tratado de Nogoyá de la anterior Convención de Diversidad Biológica. Lo llamativo es que ese grupo estará conformado por pueblos indígenas.
“Este es un momento sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente”, declaró Camila Romero, representante indígena de Chile.
- Aporte voluntario: El gobierno de Colombia está impulsando la propuesta de crear el Fondo Cali, un fondo voluntario para que las empresas contribuyan si así lo requieren al pago del 1% de los beneficios que extraen de la biodiversidad. Además, se definió que al menos la mitad de ese fondo vaya para las comunidades originarias e indígenas.
Sin embargo, el ex ministro de Ambiente de Colombia Manuel Rodriguez Becerra aseguró que, “Sería mejor que no se firmara nada, porque hacerlo de manera voluntaria deja abierta la puerta a la biopiratería”
Además de los pueblos indígenas que históricamente vienen reclamando la regulación de los recursos genéticos, varios países también estaban interesados en que la discusión avance, sobre todo Colombia, por ser uno de los territorios más megadiversos del mundo.
¿Pero por qué existe casi una unanimidad en el avance de estos procesos de transparencia?
“Al estamento científico no le interesa que funcione mal”, dice el investigador. “La innovación se debe desarrollar de la manera en que el planeta lo requiera y estamos en capacidad de hacerlo. “Va a pasar porque es interés de todo el mundo”, agrega Forero.
Con respecto al fondo voluntario, desde la empresa Common Initiative indicaron que
“La eficacia dependerá de la voluntad de la comunidad mundial de apoyarlo y de que las empresas reconozcan el valor de participar para ganar reputación”
https://twitter.com/MinAmbienteCo/status/1852577540189077525/video/2
