El gobierno de Alberto Fernández sabe que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue solo un paso para la estabilidad de la economía. A partir de ahora, las metas que impondrá el organismo internacional deberán ser completadas por el país, a base de un polémico esfuerzo por reducir su déficit fiscal.
Algo que recuerda a un ajuste pero que el gobierno insiste con descartar y asegura que se atenderán las demandas sociales y no se aplicarán viejas recetas (despidos, reformas laborales o previsionales, etc).
En efecto, hasta entonces el oficialismo busca equiparar la deuda externa con la “deuda interna”, el concepto que acuñaron las organizaciones sociales de la Economía Popular y que cada vez se esboza con más fuerza. El bono de 18 mil pesos que el Poder Ejecutivo anunció para trabajadores y trabajadoras informales, fue un gesto en ese sentido.
Más allá de que la realidad termine demostrando que será una herramienta ineficaz (difícilmente comparable con el IFE, la ayuda que se recibió en plena pandemia y sin capacidad de salir de nuestras casas), ningún beneficiario le dirá no a un auxilio inmediato de este tipo, en el marco de una acelerada y descontrolada inflación, que ya superó los 50 puntos interanuales (2021-2022).
Lo cierto es que durante los anuncios del bono extraordinario, el propio ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, aseveró que el gobierno también tenía en mente la aplicación de una “renta inesperada”, anuncio que puso los pelos de punta a más de un empresario del país. La medida fue aplaudida por gran parte del arco oficialista, en especial de aquellos sectores más referenciados en el kirchnerismo y la izquierda popular.
A grandes rasgos, la “renta inesperada” se trata de una especie de impuesto único para aquellas empresas que hayan tenido ganancias superiores a los mil millones de pesos por año, en el marco de la pandemia y los efectos adversos de la guerra de Ucrania. Es decir, redistribuir las riquezas que el país generó en un momento donde las grandes mayorías se vieron afectadas.
“Será una alícuota a las empresas con ganancias netas imponibles altas, superiores a los 1000 millones de pesos al año”, expresó por entonces Guzmán, enfatizando que sólo la pagará “una fracción muy pequeña”, ya que en 2021 fue de sólo el 3,2% de las empresas. Vale aclarar que la “renta inesperada” será un proyecto de ley que buscará ser aprobado por el gobierno.
“No se habló de la renta inesperada”
Sin embargo, el Poder Ejecutivo demostró un traspié en un primer encuentro con los representantes de las industrias del país. Este lunes, en una reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández y parte de su gabinete con los integrantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), los empresarios rechazaron la renta inesperada y -además- aseguraron que el gobierno ni siquiera les planteó la propuesta durante dicha reunión.
“No queremos más impuestos”, aseguró el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en diálogo con Tiempo Argentino. “No se habló de la renta inesperada”, agregó después, parco, tras la salida de la reunión con el presidente.
Aquello demostró el real clima que se vive puertas adentro y de alguna forma, podría ventilar con qué decisión encabeza el gobierno nacional un proyecto que podría equilibrar esa famosa deuda externa con la deuda interna.
Ahora, la decisión quedará en manos de los legisladores nacionales, si es que el proyecto es apurado y tratado en el Congreso. Al mismo tiempo, el oficialismo prepara otra jugada que traerá polémica: el proyecto de ley para crear un impuesto a quienes tengan bienes millonarios sin declarar en el exterior.
El borrador del texto nació en el seno del kirchnerismo y es hoy una de las propuestas más profundas que encarna el Frente de Todos, aunque -con contradicciones- podría generar ruido interno y además, un rechazo amplio del resto de las bancadas. De aprobarse, se cree que se podrían conseguir al menos 20 mil millones de dólares, lo que hoy representa casi la mitad de la deuda que aprobó en 2018 el expresidente Macri con el país.
