Llegadas las 5 AM, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2023 que indica un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar, y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 %.
El proyecto que obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, tal como indica en su cuerpo, es “compatible con el Programa de Facilidades Extendidas (PFE) acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. El gasto destinado a pagar la deuda es de casi tres billones de pesos.
Desde el PRO recriminaron que no había suficiente ajuste, y para la oposición fueron aguas divisorias en dos puntos clave que no pudieron pasar: la eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial y el aumento a las retenciones agropecuarias.
De las chicanas más duras que recibió el oficialismo: “Recibimos el primer presupuesto kirchnerista que ejecuta un recorte en el gasto público. Es una derrota ideológica para el oficialismo”, dijo Luciano Laspina, del PRO. Sin embargo, lo destinado a “fondos sociales” es más de la mitad del presupuesto.
Por otro lado, dos artículos eran claves para lograr un giro de 180 grados en el escenario político que se viene viviendo:el pago de un impuesto a las Ganancias sobre los sueldos de todos los integrantes del Poder Judicial, y la posibilidad que de que el Gobierno aumente las retenciones agropecuarias.
En el primero hubo un unísono rechazo que unió a Juntos por el Cambio, los liberales, la izquierda, y legisladores oficialistas de extracción sindical como los bancarios Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, Vanesa Siley de Judiciales, Hugo Yasky de la CTA, Claudia Omaechea, de la Corriente Federal de los Trabajadores, y Maria Rosa Martínez de la gráfica. Aunque los dirigentes sindicales estuvieron reunidos una hora en el despacho de Máximo Kirchner, casi todos votaron en contra.
Las razones del rechazo al artículo 100 fueron sintetizadas por varios representantes gremiales con la consigna “el salario no es ganancia”, y las declaraciones de Siley fueron en esa línea. “Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido, yo defiendo trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores y que esa masa total representa el 96% del Poder Judicial Federal que no negocia salarios porque no tiene paritarias y porque no tiene convenio colectivo”, dijo en el recinto.
Tras el primer rechazo, se asomó otro; el artículo que posibilitaba al Gobierno nacional la suba de retenciones al sector agropecuario, y el cual tambien fue votado en contra con unanimidad de bloques. Más tarde, la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas comunicaron que, “Una vez más, la política pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas confiscatorias imponiendo gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”.
Por su parte, la Federación Agraria Argentina repudió “el intento del Gobierno Nacional de recuperar la potestad de modificar las alícuotas de retenciones”, ya que “la facultad de establecer y modificar impuestos es atribución exclusiva del Poder Legislativo”. Y agregaron, “Por eso le pedimos a los legisladores que no vuelvan a permitir que prospere este intento, por la salud de la democracia y los principios republicanos”, sostuvo la entidad que preside Carlos Achetoni.
Así es como quedó desterrada la posibilidad de aumentar las retenciones, por ahora.
Entre las cosas que sí logro el oficialismo están: el alza de cuotas que deben pagar los monotributistas de categorías alta por obra social, blanqueo de capitales, un beneficio impositivo al gremio de camionero y una tasa para seguridad portuaria. Otros artículos de blanqueo de capitales con el fin de permitir la compra de viviendas usadas y de insumos y bienes de servicio con dólares de ahorro, aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del monotributo, e incluso los pagos de deudas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por parte de distribuidoras de energía privada y estatales provinciales.
El ministro de Economía, Sergio Massa, expresó su satisfacción tras los resultados: “Era el objetivo que buscábamos”, dijo, y agregó: “Estoy tranquilo, con la tranquilidad de que tenemos un Presupuesto 2023 con 180 votos”
Luego, a través de su cuenta de Twitter, escribió que “esta media sanción del Presupuesto es un gran paso en el camino que iniciamos para ordenar la economía del país”.
