El viernes pasado, la Justicia de Santiago del Estero ordenó detener a la funcionaria Nacional y referente campesina Deolinda Carrizo, directora de Género e Igualdad de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y a otros ocho integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).
El pedido de detención se da en el marco de un conflicto territorial, de los muchos que se suceden semana tras semana en Santiago del Estero. En función de sus atribuciones como funcionaria otorgados por la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Deolinda Carrizo se hizo presente en el Paraje El Urunday, localidad de Roversi, Santiago del Estero, para acompañar a la familia campesina que estaba por sufrir un desalojo forzoso.
Por dicha participación, la jueza Vittar, a pedido de la Fiscal Luján González, ordenó su detención junto a la de ocho campesinos. Pese a la solicitud, las órdenes no se han efectivizado, por lo que los campesinos no se encuentran detenidos.
Este lunes, desde el MOCASE organizaron diferentes jornadas de protestas, con cortes de rutas, para exigir que se retire el pedido de detención. “Exigimos a la justicia de la provincia la revocación de esa medida arbitraria y que se garantice la libertad plena de todas las personas detenidas pertenecientes al Movimiento Campesino de Santiago del Estero”, expresaron desde el movimiento campesino.
Además de Deolinda Carrizo, la orden de detención también fue librada contra Marisol Aguirre, Fabián Orellana, Joaquín Basualdo y la familia Medina. Estos integrantes del MOCASE habían resistido un intento de desalojo unos días atrás junto a las familias que poseen los territorios de la comunidad Urunday, donde además se encontraban niños y niñas presentes.
Resistiendo el territorio
El 26 de agosto, la familia de Mirta Belizan fue sorprendida con una orden de desalojo dictada por la jueza Susana Siga. El oficial de justicia Rodolfo Moreno Siria, junto a 5 móviles policiales de Santiago Capital y Quimili, un camión jaula y otras personas de civil, cargaron sus pertenencias en un carro para dejarla en la calle. Mirta fue desalojada de su tierra donde tenía más de 300 gallinas, 60 vacas, más de 20 chanchos y yeguarizos, que son su sustento de vida.
La familia Belizan sufrió uno de los desalojos que a diario se registran en Santiago del Estero contra campesinos y campesinas. “En Santiago del Estero hace años que nos vienen persiguiendo, pero cada vez se agrava más. Hay mucha complicidad entre fiscales, jueces, políticos, la policía y empresarios”, comenta Leticia Luna de la Comunidad indígena Vilela el Tunal, e integrante del MOCASE.
Campesinos y campesinas sufren cotidianamente los embates de multinacionales y grandes empresarios. Un ejemplo es la empresa Manaos, que en varias oportunidades ha intentado ocupar varios territorios comunitarios, como el indígena guaycurú, cuando una banda armada disparó a campesinos en presencia de la policía de Quimilí, Santiago del Estero.
“Esto nos ha pasado infinidad de veces, ya nos pasó con el dueño de la Manaos que nos ha tirado los ranchos, nos han prendido fuego o nos han disparado. Hemos sufrido bandas armadas que nos matan los animales o nos cortan los alambres para que se escapen. A nuestros hijos les disparan cuando van a la escuela. Tenemos compañeras muertas porque nos fumigan”, sostiene la dirigente campesina.
“Lo que sucede es que desde que nació el MOCASE, comenzamos a conocer nuestros derechos. Al conocer estos derechos nos paramos a defenderlos. Eso es lo que les molesta. Anteriormente, nos podían desalojar sin resistencia”, agrega Luna.
Para el campesinado la defensa de la tierra es colectiva. Desde el surgimiento del MOCASE han aglutinado luchas y resistencia frente a los poderosos de siempre. “En estos territorios por años y años han vivido nuestros abuelos, nuestros tataras abuelos y desde ahí traemos nuestra cultura. Nos han querido inculcar que el campo no es fructífero y que nos vayamos a la ciudad. Pero en la ciudad nos amontonan y nos estigmatizan. Hoy estamos organizados en el MOCASE Vía Campesina y tenemos más fuerza. Nosotros hemos creado la escuela campesina y producciones agroecológicas”, concluye Luna.
La organización campesina ha realizado una campaña de denuncia y difusión para exigir la inmediata liberación Deolinda Carrizo. Por ahora la justicia no ha desplegado ninguna orden de su liberación.
