La semana previa a la elección general de octubre y también días antes del balotaje, una decena de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad presentaron una solicitud para votar. El hecho despertó la atención de muchos sectores de Derechos Humanos, que no habían visto una reacción semejante en los 40 años de democracia.
En ese entonces, la hipótesis era que todos los pedidos para votar estaban envalentonados con los discursos negacionistas de Javier Milei y Victoria Villarruel, quienes en reiteradas oportunidades se refirieron a la última dictadura cívico-militar como una “guerra” y aseguraron que las víctimas que arrojó los seis años de dictadura “no eran 30 mil”.
Ahora -con un preocupante pedido que hizo una organización pro militar al presidente electo- se pudo comprobar que era así: los genocidas condenados querían votar a La Libertad Avanza.
Se trata de la solicitud formal de la Unión de Promociones, un grupo de militares que se oponen a los juicios de lesa humanidad, que le hizo al presidente electo Javier Milei para encontrar una “solución definitiva” con los genocidas que para ellos se encuentran “injustamente detenidos”.
La carta llegó a partir de Facundo Correa Llano, diputado nacional electo por Mendoza, quien sería uno de los armadores de Milei en la provincia y persona de confianza del nuevo presidente.
De hecho, el grupo negacionista que busca liberar a los detenidos por crímenes de lesa humanidad invitó formalmente a Correa Llano a la casa del teniente coronel Lucio Mario Candia, presidente de la entidad en esa provincia.
“El señor diputado se consustanció con lo manifestado, buscando soluciones de rápida ejecución y trazando un plan de propuestas a más largo plazo”, anunciaron desde la web Prisionero en Argentina, un portal que se caracteriza por reunir opiniones en contra de los juicios de lesa humanidad y de posturas negacionistas.
Si bien la propuesta del grupo Unión de Promociones no plantea claramente “indultos” o “liberación” de los condenados, sí abre las puertas a volver a discutir la supuesta inocencia de exmilitares juzgados por secuestrar, torturar, desaparecer cuerpos y robar bebés. Es evidente que para los defensores de la dictadura, el clima de época cambió con la llegada de Milei al poder.
Sin embargo, es llamativo que la propuesta haya llegado a través de un diputado como Correa Llano y no a través de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, quien en estos días se pasó por cuarteles de Fuerzas Armadas y fuerzas de Seguridad.
Correa Llano es contador y empresario inmobiliario. Proviene del Partido Demócrata, que durante la dictadura fue un espacio político que apoyó el genocidio. Si bien en 2006, el por entonces presidente del Partido, Omar de Marchi, pidió disculpas por el pasado de la organización política.
“Me reuní con ellos y me plantearon la situación en la que hay procesados por delitos presuntamente cometidos durante el Proceso detenidos más allá del plazo razonable. En principio, la responsabilidad, en caso de que esto fuera así, es individual de los operadores judiciales del caso concreto. Por eso ven necesario tomar las medias conducentes al efecto de conocer cada caso en particular, no siendo posible que se adopte una medida en general”, contestó Correa Llano a una consulta de Página12.
Lo cierto es que -sin haber asumido- el fantasma de los indultos se vuelve a repetir en nuestro país. Medidas similares ya ocurrieron con Alfonsín (leyes de Punto Final y Obediencia debida), Menem (indultos), Fernando de la Rua (conmutación de penas por el asalto al cuartel La Tablada) y Eduardo Duhalde (indultos a Enrique Gorriarán Merlo y Mohamed Alí Seineldín, líder carapintada).
