En vísperas de lo que será la primera gran movilización en el gobierno de Javier Milei, las tres principales centrales sindicales del país emitieron un comunicado dirigido al Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, advirtiendo que el protocolo “antipiquetes” que anunció la ministra Patricia Bullrich, puede aplicarse este mismo miércoles.
De esta forma, Gerardo Martínez (CGT), Adolfo Aguirre (CTA-A) y Roberto Baradel (CTA-T) le solicitaron la intervención a la entidad para “preservar la libertad sindical y el respeto a los convenios colectivos en la Argentina”.
Se trata de una búsqueda por darle un marco de amparo internacional al derecho de la protesta, debido a que la OIT agrupa a escala mundial distintos representantes sindicales, patronales y de los Estados.
En el comunicado, los tres secretarios generales de las centrales gremiales denunciaron que las medidas económicas que tomó el gobierno de Milei “dinamitarán el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales e informales, de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos así como de jubilados y pensionados”.
Además asegura que ese escenario “de no ser acompañado por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones colectivas y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”.
Por todo esto, los representantes de la CGT y las dos CTA pusieron énfasis en que el protocolo anti piquetes de Bullrich se da como metodología para evitar manifestaciones ante el creciente conflicto social.
“48 horas después de anunciar el mayor plan de ajuste económico de la historia del país el Ministerio de Seguridad de la adoptó el denominado ‘Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación´”, el cual, aseguraron, “soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos”.
Para la CGT, la CTA-A y la CTA-T el protocolo de Bullrich “contradice las recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación”.
Finalmente aseguran que “nuestro ordenamiento jurídico con base en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y alineado con los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT así como también el sistema interamericano de derechos humanos, afirma que las manifestaciones vinculadas con reclamos de naturaleza laboral, en tanto no se apele a la violencia en el marco del reclamo, no puede ser considerada una actividad delictiva en términos del artículo 194 del Código Penal como menciona el protocolo en cuestión”.
Por eso concluyen que en la resolución promovida por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich “hay una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta y de sustraerla de su ámbito jurisdiccional que es el socio laboral para trasladarla al fuero penal”. Por eso las tres centrales en forma conjunto solicitan que “la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento a la mayor brevedad”.
En sintonía, dos dirigentes políticos –Juan Grabois y Nacho Levy- anunciaron que marcharán este miércoles a la Plaza de Mayo, en el marco de la manifestación prevista por los 22 años del argentinazo del 2001. Al mismo tiempo destacaron que serán parte de una “comisión veedora de los derechos humanos” en caso de que exista represión.
“Decidimos conformar una comisión permanente que oficiará como veedora de los derechos humanos, en esta manifestación y en todas las otras convocadas frente al ajuste criminal, por cualquier organismo o cualquier organización social», informaron en el texto titulado «en el lugar de siempre”, expresó Grabois en sus redes sociales.
