Las malas condiciones edilicias de las escuelas ya son un problema recurrente en toda la Argentina desde hace varios años. Tanto estudiantes como docentes denuncian las dificultades que esto genera en el sostenimiento de la educación mientras las soluciones no terminan de llegar. ¿Cuándo empezaron a deteriorarse los establecimientos educativos?
Durante la pandemia el tema había quedado “dormido”, estando en el centro de la escena la virtualidad. Este año recobró relevancia por el regreso a la normalidad ya plenamente efectiva. En los últimos meses los estudiantes secundarios de diferentes partes del país comenzaron a realizar jornadas de protesta, en este caso “frazadazos”, exigiendo que se garantice el gas para las estufas en las escuelas.
El antecedente más próximo fue por una situación más grave ocurrida en el 2018. En ese caso una instalación de gas explotó en una escuela de Moreno, matando a dos docentes. Sin embargo, en todo este tiempo sucedieron hechos similares que afortunadamente no acabaron con la vida de ninguna otra persona.
La inversión educativa y la ineficiencia
Durante el período en que gobernaron Nestor y Cristina Kirchner los niveles de presupuesto destinado a la educación aumentaron, salvo en medio de la crisis del 2008, el salario representa cerca del 90% del total en la mayoría de los casos, siendo la parte restante destinada a la infraestructura educativa. La mayor inversión de todas tuvo lugar en el mandato final de Cristina.
La contracara de este proceso fueron los cuatro años en que estuvo en la presidencia Mauricio Macri, que llevó adelante reducciones en el dinero destinado a estos fines, tanto a nivel nacional como provincial.
El eje de debate es que el bache que generó el macrismo en medio del desarrollo educativo tiene un impacto negativo en todo el conjunto de la situación actual, principalmente por ser años “perdidos”, pero por sí sólo no alcanza a explicar el grueso de los problemas, ya que se trata de un problema arrastrado desde la década del 90.
Hay dos datos que resumen cómo se desenvolvió la situación edilicia educativa desde el 2000 hasta el día de la fecha. El primero es que a finales del 2012, momento de alto grado de inversión educativa, desde Suteba y la CTA se exigió una ley de infraestructura escolar, poniendo como primer eje el déficit estructural.
“Los años de desinversión colocan a la provincia en una situación de importante atraso en relación a las necesidades actuales de infraestructura escolar. Se necesita ejecutar construcción de escuelas, refacciones, ampliaciones, mobiliario, etc”, afirmaban por entonces.
La ley se presentó en territorio bonaerense recién en 2020 y aún no se ha sancionado. De todos modos es cierto que el ejecutivo en el periodo kirchnerista sí tomó como bandera la creación de nuevos establecimientos educativos. Esto garantiza actualmente mayores niveles de acceso a la educación para sectores que antes se encontraban más excluidos de la misma.
El mantenimiento de los establecimientos existentes no fue priorizado del mismo modo, la demora incluso fue reconocida en entrevistas por Patricia Morales, quien fue Directora de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación.
El segundo dato es que el número de escuelas con fallas edilicias que relevaron los gremios docentes, es el mismo desde el gobierno de Cambiemos hasta el día de hoy. Hecho producido en el marco de lo que fueron los dos años de pandemia, en que los colegios se vieron cerrados debido a la cuarentena, conllevando también el desvío de fondos para otros problemas que se generaron por la crisis sanitaria/económica.
Por una parte existieron grandes desembolsos en política educativa, teniendo como punto más débil la ineficiencia en torno a la refacción y mantenimiento de los colegios. En ese marco de vulnerabilidad ocurrió el ajuste de Cambiemos que generó una fuerte desinversión que resulta muy compleja de revertir, ya que se dejaron pasar dos décadas enteras del problema.
Las dos variables problemáticas
Sobre esta situación hay otras dos temáticas a menudo puestas sobre la mesa, ya que se estima que la mayoría de los colegios privados recibe un subsidio estatal, incluso algunos que no cumplen los requisitos, debido a que cobran matrículas elevadas.
También es cierto que estas entidades gozan de privilegios impositivos, no pagan Iva, ganancias y fundamentalmente no deben hacerse responsables de los aportes patronales de sus profesionales.
Sin caer en un lugar de educación pública contra privada, hay cosas a poner en consideración que podrían beneficiar al sector público y a la clase social más excluida del sistema. En principio controlar el destino de esos subsidios, para que se puedan recuperar fondos mal invertidos, así poder destinarlos a infraestructura.
En segundo lugar reconsiderar el nivel de aporte a los colegios privados, ya que los mismos no se caracterizan por tener alumnos en situaciones sociales vulnerables, quienes deben ser los principales apuntados a una política de inversión educativa.
La otra temática es la más vinculada al debate liberal, ya que gira en torno al porcentaje destinado a salarios. Hay un problema de origen, porque si bien el 90% se destina a sueldos, estos suelen ser comparativamente bajos en relación a la satisfacción de las necesidades básicas.
Simplemente reducir la parte que va a los sueldos no es sustentable en el contexto actual, por ello una solución profunda implica buscar otra fuente de financiamiento a la inversión escolar. Es sin dudas un motivo de mayores disputas de intereses en la repartición de los recursos en Argentina, pero como lo demuestra el estado edilicio, se vuelve más cara cada año que no se resuelve.
