La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca impulsó la investigación de secuestros y tormentos de los que fueron víctimas docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS), hechos que enmarcó en un plan de persecución política que contó con la acción coordinada del fuero federal, del multimedio encabezado por el diario La Nueva Provincia y por las fuerzas armadas y de seguridad.
Según la investigación, el plan fue dirigido contra los docentes del área de Economía y la otra contra los de Humanidades de la casa de altos estudios. En total, se trata de 30 víctimas, quienes fueron secuestradas a través de operativos ejecutados entre junio y noviembre de 1976.
Eran docentes de Economía, Letras, Filosofía, Historia, Matemáticas y Biología de la UNS, integrantes del gabinete de psicopedagogía social de las Escuelas Medias de la misma institución, profesores y estudiantes de la Escuela de Servicio Social, y estudiantes y docentes del Colegio Nacional de Bahía Blanca. Algunas de las víctimas debieron exiliarse.
Según detalla la fiscalía, la UNS fue un objetivo –específicamente los Departamentos Humanidades y Economía– a través de un plan de persecución que tuvo comienzo con anterioridad al golpe de Estado de 1976, con la gestión del rector interventor Remus Tetu, la introducción en el ámbito de un grupo paraestatal, el cesanteo masivo de personal docente y no docente, y el asesinato de estudiantes incluso en las instalaciones universitarias, como fue el caso de David Hover Cilleruelo.
Los imputados por la fiscalía por estos hechos son el exdueño de La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, el exsecretario del Juzgado Federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; los militares Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José Del Pino, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Antonio Miguel Seghighi, Roberto Carlos Brunello, Raúl Esteban Andrés y Alejandro Lawless; y el exdirector penitenciario Héctor Luis Selaya, respecto a quienes se solicitó se los cite a prestar declaración indagatoria.
Massot y el rol de La Nueva Provincia
Vicente Gonzalo María Massot nació en Filipinas en 1952, durante el desempeño diplomático de su padre Federico Ezequiel Massot (1923-1970) en aquel país. Es integrante de una familia que tuvo un protagonismo muy relevante dentro de campo de los medios de comunicación del país al ser los propietarios de La Nueva Provincia S.R.L, el primer multimedios argentino.
Además, Vicente Massot fue el primer secretario de redacción de la revista Cabildo, una publicación de ultraderecha ligada a los sectores del nacionalismo católico, y trabajó junto al genocida Ramón Camps, quien era uno de los colaboradores.
La participación de Massot en la conducción de la empresa familiar fue creciente. En un primer momento, su desempeño se desarrolló asistiendo a su madre y a su hermano Federico Christian en la dirección de la firma.
Fallecido su hermano mayor asumió la subdirección del diario, llegando a convertirse en director en reemplazo de su madre hasta la venta de la empresa a fines de 2016. En esta posición directiva, en 2014, fue imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívica militar y fue indagado por la Justicia Federal de Bahía Blanca.
La imputación lo involucra como coautor de los asesinatos de los obreros gráficos y dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola en junio de 1976. También se lo incriminaba como parte del plan criminal del Ejército y la Armada conformando junto a esas fuerzas una asociación ilícita, así como por el rol propagandístico del diario al desplegar acción psicológica para infundir terror en la población.
La presentación judicial destaca que “tan sólo en los años 1976 y 1977, existieron 237 ediciones diferentes en las que, en sus páginas, se abordó la “lucha contra la subversión”, de las cuales en 177 ediciones se vinculó (textualmente) a la “subversión” con los verbos eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar y erradicar, y con un “estado de guerra”.
La fiscalía insiste en que las publicaciones del diario durante los años de la dictadura cívico-militar fueron un llamamiento al exterminio. Indicó que La Nueva Provincia desarrolló una campaña mediática que consistió, entre otras, en la justificación de la eliminación de grupos sociales calificados como “subversivos”.
Los fiscales, Palazzani y Fermento, aclararon que la imputación “no engendra un reproche penal genérico contra la actividad periodística durante el terrorismo de Estado, ni aun cuando se tratara de la emisión de discursos del odio. De lo que se trata es de analizar un caso en el que, junto a ese discurso de odio, se verifican una serie de circunstancias que lo subsumen en un delito penal, como es la instigación a cometer genocidio”.
