Dos entidades del peso como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural (SR) se niegan a pagar la suma fija de $60.000 que el gobierno autorizó la semana pasada, en el marco de las medidas para aliviar la situación económica luego de la devaluación.
La excusas que se ponen de parte de ambos sectores son poco claras y se toman de una “ambigüedad” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 438/23, pese a que en el mismo se se sienta con claridad que las empresas deberán pagar esa suma fija.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, consideró que el gobierno les “enchufó una cifra no remunerativa de la noche a la mañana” cuando “hace un año estamos sosteniendo que debería haber solo paritarias”.
Entre otras críticas, el dirigente planteó que el país debe encaminarse hacia un “fondo de desempleo para las indemnizaciones y una reforma de los criterios de actualización de los créditos en juicios laborales”. Más bien, para Funes de Rioja, la suma fija genera “miedo” entre los inversores: “los empresarios tienen ganas de invertir, pero tienen miedo porque los funden”, aseguró.
En esa misma línea se posicionó la Sociedad Rural, quien a través de su titular, Nicolás Pino, se plantó asegurando que desde la entidad “no podemos afrontar el pago de ese dinero, más allá de la situación individual de cada productor”.
No solo eso, si no que mediante una carta dirigida a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) -la que regula la actividad laboral en el sector- y también hacia la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) solicitó que “se convalide la absorción total” de la suma fija mediante las paritarias.
“Luego de analizar el decreto, advertimos que el artículo 8 prevé la absorción del bono para negociaciones salariales en curso y paritarias actualizadas como la que nos comprende”, plantearon desde la SR.
Todavía no hubo alguna respuesta de parte del gobierno respecto al posicionamiento de dos entidades como estas, pero lo cierto es que todo indica que la puja continuará. Según la normativa, las empresas tienen tiempo hasta el 21 de septiembre para cumplir con los pagos, o deberían ser sancionadas.
