Las razones que llevaron a que Argentina discuta una ley anti negacionista

Una clase política cada vez más corrida hacia la derecha y la paralización de los juicios por los delitos de la dictadura, invitan a pensar si nuestro país necesita una ley que penalice discursos negacionistas. 

A pesar de que la última dictadura cívico-militar desató un verdadero genocidio en la Argentina, algunos sectores de la sociedad continúan minimizando los crímenes de lesa humanidad, que dejaron un saldo de 30 mil desaparecidos, cientos de asesinados y el robo de un estimado de 500 bebés. 

En la actualidad, los discursos “negacionistas” –es decir las posturas que niegan o reducen estos crímenes como parte de una “guerra sucia” y no por parte del terrorismo de Estado-, continúan multiplicándose en nuestro país.

Por esta razón, parte de la dirigencia política y los organismos de Derechos Humanos se encuentran en debate respecto a si alcanza con cambiar el paradigma desde los juicios que condenan a genocidas, la educación en las escuelas y la permanente movilización en cada 24 de marzo. Hace días atrás, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sinceró una idea que venía creciendo tímidamente y que ahora ya es una consigna clara: ¿Argentina debe avanzar hacia una normativa que penalice los discursos negacionistas?

Argentina necesita una ley de negacionismo. No la necesitó hasta 2015 porque no había nadie que negara (los crímenes de la última dictadura militar)”, planteó la vicepresidenta. Y continuó: “Resulta increíble que frente a algo que es reconocido como una tragedia de la humanidad en el mundo entero, haya gente todavía en nuestro país que niega lo que ha pasado. El pasado no se puede cambiar, pero sí sirve para aprender de él y sacar las mejores cosas”.

En la última década, el crecimiento de las extremas derechas no ha sido solo un fenómeno europeo o estadounidense, también ha tenido sus correlatos en América Latina, con los gobiernos de Jair Bolsonaro en Brasil y los golpes de Estado en Bolivia y Perú. 

En nuestro país, el escenario político está decididamente corrido hacia la derecha y lo que ayer parecía garantizado en materia de Derechos Humanos, es hoy nuevamente un punto de disputa y conflicto. De hecho, el intento de asesinato a la vicepresidenta y otro tipos de acciones de violencia política que se empezaron a evidenciar en el campo político son una clarísima señal de alerta. 

“Han utilizado hasta la tragedia que vivimos en la Argentina, que yo califiqué el comportamiento de ellos como el curro de los derechos humanos., utilizaron esa tragedia para justificar saquear el Estado de distintas maneras, con listados de gente que cobró subsidios que nadie puede verificar. Estamos hablando de millones de dólares en un país tiene estos problemas de pobreza”, dijo el expresidente Macri días atrás en un seminario junto al ex mandatario español José María Aznar.

Sin embargo, las frases y acciones que buscan negar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado durante la última dictadura cívico-militar, también se dan desde otros sectores políticos.

El fenómeno Milei todavía es una incógnita para las futuras elecciones en la Argentina, pero por lo pronto, su compañera de fórmula y precandidata a vicepresidenta es una de las principales referentas del negacionismo en la Argentina: Victoria Villarruel.

Villarruel proviene de una familiar militar: es hija del teniente coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, fallecido en 2021, veterano de Malvinas donde fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, que comandaba el golpista Aldo Rico. Su padre, además, participó del Operativo Independencia (1975), uno de los momentos del inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. 

Posteriormente en 2003, la ahora precandidata de Milei fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), que se dedicó abiertamente a defender a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. 

Su prontuario negacionista continúa, pero esto es tan solo una foto como para afirmar que hoy, la clase dirigencial de la Argentina está cada vez más peligrosa. 

Tres proyectos de ley antinegacionista

Ahora bien, desde el año pasado han ingresado al Congreso de la Nación tres proyectos de ley que buscan penalizar y condenar los discursos negacionistas, especialmente en figuras públicas y dirigentes, tal como sucede en Alemania con los discursos negacionistas sobre el nazismo. 

Su principal problema radica en los límites morales que significa la libertad de expresión. 

El primer proyecto fue ingresado en marzo del 2022 por la diputada nacional chubutense Estela Hernández, que propone condenar con prisión de dos meses a dos años a quienes incurran en el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, que sería incorporado como delito en el Código Penal.

En septiembre del 2022 el diputado cordobés Eduardo Fernández presentó una propuesta que tiene como objeto sancionar toda conducta pública de negación, apología o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este caso, la pena mínima sería de tres meses de prisión y la “destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años” en caso de funcionarios públicos.

El último proyecto fue realizado por la diputada nacional jujeña Carolina Moisés, que planteó sanciones contra “el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad”. Además, prevé “inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena” y la obligatoriedad de una formación en derechos humanos para habilitar a que un funcionario sancionado ocupe nuevamente un puesto.

La pregunta, sin embargo, es: de lograr sancionarse, ¿Podrán estas leyes controlar los discursos negacionistas?  ¿Tendrán un efecto positivo si a la par no se siguen fomentando los juicios y la educación por los derechos humanos?