Un conjunto de organizaciones, entre las que se encuentra el Frente Amplio, la central obrera PIT-CNT y espacios sociales, feministas, estudiantiles y de derechos humanos, juntaron cerca de 800 mil firmas para debatir en referéndum la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC) en Uruguay.
La oposición tuvo un año —a partir de promulgada la ley— para recolectar un 25% del padrón electoral, cerca de 672.000 firmas, cifra que finalmente se superó con amplitud. Ahora, la Corte Electoral deberá validarlas para que se acceda a la consulta, pero en la Comisión Pro-Referéndum dan por hecho que, aún con errores y eventuales tachas, el número está consolidado.
¿Qué es la Ley de Urgente Consideración?
En términos criollos, las LUC son el equivalente a los Decretos de Necesidad y Urgencia de Argentina. La diferencia es que para entrar en vigencia debe ser aprobado por el pleno de las cámaras del Congreso.
En marzo del 2020, Luis Lacalle Pou presentó una Ley de Urgente Consideración con cerca de 500 artículos que legislaban aspectos centrales de la vida social uruguaya: seguridad pública, reforma del Código de Procedimiento Policial, reforma del Código Civil, inteligencia del Estado, educación, el derecho a huelga, el rol del Estado en las empresas públicas, entre otras áreas.
Diputados y Senadores tuvieron un debate de 45 días por cámara para la aprobación de la normativa. Este mecanismo elegido por Lacalle Pou fue criticado por la oposición uruguaya, señalando que impidió el debate y redujo al mínimo la información a la que pudo acceder la ciudadanía, la prensa, las organizaciones sociales y los partidos políticos. En las dos cámaras fue sancionada con los votos de la alianza gobernante —los partidos Nacional, Colorado, Independiente, Partido de la Gente y Cabildo Abierto— y rechazada por el Frente Amplio.
El debate por el rol del Estado
Javier Miranda, presidente del Frente Amplio (FA) de Uruguay, explica cómo fue el proceso de aprobación: “Durante la campaña electoral del 2019, Lacalle Pou había anunciado que iba a mandar una Ley de Urgente Consideración con algunos aspectos. A poco de haber asumido mandó esa LUC, pero el proyecto tenía 500 artículos, no era una ley: eran 32 leyes. Mandan una ley con un tiempo de discusión acotado”.
La oposición busca invalidar 135 de los 476 artículos de la ley aprobada el 8 de julio del año pasado, luego de un tratamiento exprés en el Congreso. “Es una norma completamente regresiva, de restauración de un modelo neoliberal, de retiro del Estado”, señala el presidente del Frente Amplio.
Una de las principales críticas es en relación a las normativas de seguridad. “La Ley tiene un primer capítulo de más de 100 artículos sobre seguridad pública, que acapara el 20% de la norma. Ese capítulo es completamente punitivista, no solo aumentan las penas sino la reducción de las garantías procesales para el encausamiento en materia penal. Es un discurso muy propio de la derecha el de aumentar la punición pensando que los mecanismos de ataque a la delincuencia pasan por materia legislativa”, argumenta Miranda.
En cuanto a la educación, la norma incrementa la centralidad del Poder Ejecutivo en las decisiones y establece una menor participación de los involucrados y las organizaciones sociales representativas en las decisiones. “Nosotros tenemos una tradición de participación directa de los docentes en los órganos de política educativa. La ley propone achicar la participación, particularmente de los docentes, en la conducción de la educación”, explica el referente uruguayo. También se elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia.
La nueva normativa promueve la flexibilización en el ámbito laboral, en el sistema financiero y propone cambios en la composición social de empresas estatales y la propiedad de empresas estratégicas, como ANCAP y ANTEL.
En ese sentido, Javier Miranda sostiene que hay una flexibilización de la inclusión financiera. “Durante los gobiernos del Frente Amplio impulsamos un proceso de inclusión financiera, de trazabilidad del flujo de dinero. Esto tiene que ver para evitar el Uruguay del paraíso fiscal y la evasión de dinero. La ley aprobada implica un retroceso en esa materia porque eleva los montos que escapan a la trazabilidad financiera”.
En cuanto, al desmantelamiento de ANCAP, a través de su desmonopolización y una reforma integral del mercado de los combustibles, Miranda considera que se busca abrir el mercado de la refinación de petróleo. “Uruguay tiene un monopolio estatal de la refinación de petróleo, la ley empieza a romper ese monopolio y permite la importación de petróleo refinado, lo cual es completamente retrógrado”.
Un freno a la liberalización de la economía
Tal parece que esta ley resulta fundamental para el proyecto político neoliberal que Lacalle Pou quiere implementar en Uruguay. En ese sentido, el referente del FA señala: “En general, la filosofía del gobierno es netamente neoliberal, thatcherista. Este gobierno quiere la reducción de la participación del Estado en la vida social, y particularmente de las empresas públicas en la economía social”.
Comparando con el periodo de neoliberalización de la economía “es una típica política del menemismo en Argentina. La reducción del Estado y el fortalecimiento de las agencias reguladoras paraestatales”.
Tras la derrota del Frente Amplio en 2019, los sectores progresistas pasaron a la defensiva sin capacidad de freno de las políticas neoliberales debido a la mayoría parlamentaria de la alianza gobernante. El referéndum es una instancia para que los sectores progresistas den un paso adelante.
“Esto es un parate grandísimo a una política que instaló el gobierno desde el primero de marzo”, sostiene Miranda. “Durante los dos primeros años, el proyecto político procuró cambiar los avances que habíamos instalado en 15 años de gobiernos progresistas. Ahora la ley es sometida a referéndum y es posible anular 135 artículos”.
La posición del gobierno de Lacalle Pou ha sido ignorar el debate y el proceso de recolección de firmas impulsado por la oposición. Con la obtención de las firmas necesarias, la oposición logró introducir el debate en la agenda pública.
“Lo que el gobierno y la coalición de gobierno decidió ignorar —convencido de que no juntábamos las firmas— ahora los obliga a salir al debate público. No tienen más remedio. Esto en términos de democracia institucional ya es un gran triunfo”, concluye Javier Miranda.
La Corte Electoral tendrá 150 días para estudiar las firmas presentadas por la oposición, y otros 120 para fijar la fecha de la votación que decidirá si se aprueba el referéndum. Desde la Comisión Pro-Referendo descartan la posibilidad de una anulación de más de 100 mil firmas y se preparan para una campaña de referéndum para marzo del 2022.
