En el día internacional de los Derechos Humanos, el gobierno de Javier Milei eliminó de un plumazo la Ley de Emergencia Territorial (26.160). Se trataba de una herramienta que a través de sus sucesivas prórrogas, servía de amparo para que las distintas comunidades indígenas del país no sean desalojadas, hasta que finalice un relevamiento territorial en todo el país. Tarea que debía implementar el Estado.
La Ley -sancionada en 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner- no logró grandes avances en el reconocimiento de muchas comunidades. Sin embargo, permitía una protección jurídica para el avance de la concentración de la tierra, en manos de terratenientes nacionales o extranjeros.
Ayer, el gobierno nacional decidió eliminarla a través de un nuevo decreto, pese a que entre sus fundamentos reconoce que actualmente “hay más de 250 conflictos territoriales” en la Argentina.
Además, en el DNU, el Ejecutivo menciona la necesidad de que las tierras vuelvan a sus “legítimos propietarios”, lo que se transformó en una clara señal para permitir nuevos desalojos.
Ahora, las distintas comunidades del país sólo podrán ampararse del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos indígenas y del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2020 exigió al Estado argentino “implementar mecanismos administrativos eficaces para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.
Políticas impulsadas por el extractivismo
Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche – Tehuelche de Río Negro, recuerda que aún estando vigente la Ley 26.160 sufrían “desalojos dictados”. Sin embargo, considera que “ahora se sumarán varias medidas judiciales que estaban suspendidas desde el 2006”.
“Va a haber conflictividad. La Patagonia no supera los 70 años, por lo cual la dirección de tierras no reconoce a muchas comunidades”, dice y expresa en diálogo con ARG MEDIOS: “Estamos denunciando una clara violación de los Derechos Humanos”.
El vocero del Parlamento del Parlamento que reúne a 160 comunidades, aclara que la eliminación de la Ley de Emergencia Territorial “no es un guiño al extractivismo”, si no más bien “políticas impulsadas por el extractivismo”, directamente.
El claro ejemplo radica en la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que básicamente otorga beneficios exhaustivos a grandes empresas para que vengan a “invertir” en el país.
Las zonas de conflicto que se agudizarán
En tanto, Moira Millán, Weychafe Mapuche de la Lof Pillan Mahuiza, cuenta que “hay mucha preocupación” entre las comunidades a raíz de la eliminación de la ley, y analiza que “las zonas de conflicto que se agudizará en cuanto a la agresión y represión del Estado, están situadas en Patagonia, Jujuy y cuyo”.
“El extractivismo ya estaba amenazando nuestras vidas, los gobiernos anteriores nada hicieron por el reconocimiento pleno de nuestros derechos y es por ello que hoy este tirano racista tiene oportunidad de derogar la frágil estructura jurídica con la que nos sentíamos pender de una débil cuerda. Ahora viene Milei a cortarla”, expresa Millán, en diálogo con este medio.
En esa línea, Mauro Millán -Lonko de la comunidad Pillan Mahuiza, Chubut- define a la ley 26.160 como una “ley analgésica”, que no vino a cambiar nada de fondo. Aunque sostiene que en algunos casos hubo resolución para las comunidades, “en la mayoría de los casos fue insuficiente”.
“El actual e impresentable gobierno, que ya le venían prometiendo a la oligarquía, cumplió con su cometido. Pero esta es una situación que no solo debe poner en alerta a las comunidades indígenas, si no a toda la sociedad. Es otro avance que atenta contra la calidad de la democracia en nuestro país”, advierte, en comunicación con este medio.
De todas formas, Mauro considera que la ley “no será una garantía completa para las grandes corporaciones”, porque “no va a ser tan fácil” avanzar contra las comunidades en todo el país.
El extractivismo ya estaba amenazando nuestras vidas, los gobiernos anteriores nada hicieron por el reconocimiento pleno de nuestros derechos y es por ello que hoy este tirano racista tiene oportunidad de derogar la frágil estructura jurídica con la que nos sentíamos pender de una débil cuerda.
“Estamos demandando derechos históricos y una deuda perpetua que tiene el Estado con nuestras comunidades. Nosotros sí vivimos en libertad. No esa libertad corrupta que ofrece este gobierno. La reacción puede salir de cualquier lado y vamos a ver si están tan preparados”, sintetiza con fuerza.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que “distintos funcionarios oficialistas despliegan un discurso racista contra los pueblos indígenas y niegan el carácter pluricultural y plurinacional de nuestro país”.
También, el organismo de Derechos Humanos del país recordó que a mitad de noviembre, “la Argentina fue el único país en votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de un proyecto de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
“En ese contexto el gobierno tomó la decisión de derogar la ley en la que se sostenía la principal política pública de reconocimiento territorial que tenían las comunidades del país”, concluyen.
