El pasado lunes 18 de julio la cárcel de Santo Domingo, ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue el escenario de la séptima masacre carcelaria en el país. Con este suceso son más de 380 privados de libertad que pierden su vida dentro de los pabellones de los centros penitenciarios. El gobierno de Guillermo Lasso ha sido incapaz de controlar esta crisis que se viene arrastrando desde el 2021.
A plena luz del día, en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, ocurrió una nueva masacre carcelaria que dejó como saldo 13 muertos. Según algunos privados de libertad y familiares, los rumores de nuevos episodios de violencia habían estado circulando cinco días antes, sin embargo, la inacción característica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, permitió la escalada del enfrentamiento.
Con este suceso el gobierno del banquero conservador Guillermo Lasso lleva a cuestas seis de las siete masacres carcelarias registradas en el país. Las respuestas desde su gobierno han sido escasas y los resultados casi inexistentes. De hecho, desde el gobierno nacional se impulsa la narrativa de “riñas entre bandas” pertenecientes al crimen organizado, sin tomar en cuenta los problemas estructurales del sistema penitenciario del Ecuador.
Cuál es el origen de estos estallidos en las cárceles
La crisis penitenciaria en el país tiene larga data. Según investigaciones del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos, la Implementación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador -mejor conocida como Ley 108-, tiene gran responsabilidad en la situación de hacinamiento, de más del 200% que se vive en varias cárceles en todo el país.
La disminución de mecanismos legales como la excarcelación, la eliminación de rebajas por buena conducta y la prolongación y abuso de la figura de prisión preventiva, son otros agravantes a la situación de hacinamiento actual.
En el año 2014 el gobierno de la Revolución Ciudadana llevó a cabo una reforma al sistema penitenciario, que incluía la construcción de mega cárceles como respuesta al hacinamiento. Al mismo tiempo y de forma paradójica el Código Orgánico Integral Penal COIP endureció, alargó e incrementó las penas y el uso de la prisión preventiva, lo que siguió contribuyendo al crecimiento de la población carcelaria a pesar de la nueva infraestructura creada, además la relocalización de los reos a prisiones en las afueras de las ciudades impidiendo visitas y contacto con familiares. Todo esto provocó un aumento de los problemas relacionados con salud mental y el consumo de sustancias. El microtráfico continuó creciendo dentro de las cárceles. La venta de estupefacientes propició un ambiente para la extorsión y la conformación de brazos de bandas delictivas activas en el país.
La reforma del 2014 fue también responsable de la creación de mecanismos de inteligencia policial dentro de los centros de privación de libertad con el fin de perseguir delitos como el microtráfico dentro de las principales ciudades del país. La inteligencia policial buscaba que los presos delaten a otros presos o a cómplices que se encontraban activos fuera de las prisiones, con el fin de llevar a cabo operativos antidrogas. Esta situación provocó divisiones entre privados de libertad y riñas internas dificultando el control de los espacios.
La restricción a las visitas y al ingreso de ciertos artefactos y alimentos es clave puesto que provocó la creación de redes de corrupción y también incrementó los niveles de violencia. Restringir las visitas en poblaciones carcelarias que subsisten básicamente gracias a los aportes de sus familiares, como en el Ecuador, solamente ha contribuido a la precariedad de la vida dentro de las prisiones y ha incentivado las prácticas corruptas de las autoridades penitenciarias.
Necropolítica y punitivismo
Con la llegada de Lenin Moreno al poder, el presupuesto penitenciario se redujo un 30% impidiendo la capacitación y contratación de nuevos guías penitenciarios para cubrir el déficit del 70%. Esto además impidió cubrir necesidades básicas de los privados de libertad.
El COIP y la lógica punitivista del Estado ecuatoriano continuó enviando personas a la cárcel. El 30% de toda la población carcelaria en el Ecuador está presa por delitos de microtráfico, lo que generalmente se trata de personas empobrecidas y racializadas, que han vivido el acoso policial dentro de los barrios más pobres del Ecuador a causa de la prolongación de la lógica de la Guerra Contra las drogas a la sociedad civil.
El Manifiesto del colectivo ecuatoriano Alianza contra las prisiones argumenta que a pesar de lo establecido en la Constitución garantista el Estado ha aplicado una política punitivista en las prisiones, “el Estado es el responsable de problemas graves como reducción de presupuesto, reducción de personal, mala calidad de los servicios básicos, corrupción, infraestructura deficiente, hacinamiento, entre otros”.
Las víctimas de las siete masacres carcelarias ocurridas en los dos últimos años son la muestra de un manejo necropolítico que expone a la muerte a mujeres y hombres empobrecidos, poniéndolos detrás de las rejas por delitos menores contra la propiedad o la salud como el hurto o microtráfico. Las penas largas, la falta de sentencia para quienes no pueden pagar asesoría legal y la consiguiente precarización de la vida de las familias de los presos solo contribuye a la reproducción de una sociedad desigual y en última instancia, a la criminalización de la pobreza.
El gobierno de Guillermo Lasso ha seguido reforzando la política punitivista y la lógica securitista del Estado, inyectando presupuesto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en detrimento de la población carcelaria, cuyas necesidades inmediatas es necesario cubrir y gestionar.
Esto sumado a la negativa del Estado ecuatoriano de tomar medidas urgentes como destinar un presupuesto acorde, formular políticas de rehabilitación social, desarrollar un censo carcelario, ejecutar ordenadamente indultos y recategorizar a los reclusos, tal y como lo sugirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado mes de marzo.
