Desde la semana pasada, Paraguay está movilizado en reclamo de un incremento salarial para docentes, financiamiento para campesinos e indígenas, un bono prometido al personal médico y la regulación del costo operativo y el precio referencial del flete. Cortes de ruta, tanto en Asunción como en varias ciudades del interior del país, marcaron una semana movida para el gobierno de Mario Abdo.
La Federación de Camioneros del Paraguay había anunciado que continuaría movilizada de manera pacífica en la capital, hasta que el Congreso decidiera sobre un proyecto de ley que pretende regular el costo operativo y el precio referencial del flete.
Movimientos de campesinos e indígenas llegaron el martes por la mañana desde diferentes puntos del país hasta el microcentro de la capital para reclamar la implementación de la Ley 6.669, que contempla la transferencia de alrededor de 16 millones de dólares para la recuperación de la agricultura familiar.
“Con respecto al sector indígena, se da que hay un creciente aumento de desalojos a esas comunidades. Este sector está reclamando el cese de los desalojos forzosos e ilegales porque los desalojos actualmente se hacen por la vía penal, siendo que eso no no se puede realizar. Sobre todo el desalojo a comunidades indígenas que tienen sus derechos ancestrales al territorio y a la vida en comunidad”, explicó a ARGMedios Lizzy Osorio, comunicadora y activista de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia del Paraguay.
Frente al Ministerio de Salud —en el centro de Asunción— se reunieron miembros del Sindicato Nacional de Médicos en reclamo del cumplimiento de un acuerdo suscrito por el Gobierno para la ampliación presupuestaria de unos 15 millones de dólares, además de las bonificaciones que se prometieron durante la pandemia de COVID-19.
Por otra parte, los gremios docentes exigen una suba salarial del 16% y llevan adelante un paro para presionar al Gobierno, medida que en primera instancia durará dos días. “Desde el año pasado hay una ley que prohíbe el aumento de salarios en el Estado, entonces el sector docente exige que esa ley excluya a los docentes, porque hay un acuerdo desde el 2016 que establece un aumento anual del 16% para los trabajadores de la educación. Exigen ese aumento que no se da desde el año pasado”, explicó Osorio.
Y agregó que las movilizaciones se dan porque “el país está pasando por la profundización de la crisis capitalista, hay una mayoría trabajadora que siente la suba de los precios (…) La verdad que [se] beneficia siempre a un sector que explota y la mayoría trabajadora siente este descontento. Se agudiza la crisis que se arrastra. Lo único que queda es fortalecer esa unidad desde abajo, desde el sector más golpeado, para cumplir con los acuerdos”
Rechazo a la política
Mario Abdo Benitez lleva tres años en la presidencia de Paraguay. Según una encuesta publicada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), 8 de cada 10 paraguayos y paraguayas tiene una imagen negativa del actual presidente, esa misma proporción también desaprueba la gestión económica de su Gobierno.
Aún así, el Poder Ejecutivo no es el único con falta de credibilidad. En la misma encuesta, se observa que la imagen negativa del Congreso es de un 79%, mientras que el Poder Judicial tiene un 70%. El rechazo es tanto para los partidos políticos como para las instituciones democráticas.
CELAG también mencionó el impacto de la crisis económica. El 60% de las personas encuestadas ha tenido dificultades para pagar los gastos de vivienda, y el 42% ha tenido que endeudarse para cubrir gastos básicos como alimentación, educación o salud.
Al respecto, Lizzy Osorio cuenta: “Estamos en un año electoral, en octubre son las elecciones municipales. Con la profundización de la crisis durante la pandemia y las protestas desde marzo, el escenario está complejo, hay un descontento popular, juvenil sobre todo a la ANR que es el partido de gobierno. El PLRA también”.
Por otro lado, Osorio también mencionó el desafío de los partidos alternativos de cara los comicios de este año: “Entendemos que estamos en un escenario complicado dónde se presentan varias disputas de candidaturas alternativas, hasta ahora el control de casi todo los municipios y las gobernaciones lo tiene el Partido Colorado”.
Las secuelas de marzo
En marzo las protestas pusieron en aprietos al gobierno de Mario Abdo Benítez. Desde entonces, el primer mandatario ya sacrificó a varios ministros: Julio Mazzoleni de Salud, Eduardo Petta de Educación y Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), entre otros, con el objetivo de calmar a una sociedad que pedía su juicio político.
El principal reclamo era el mal manejo de la pandemia —que incluyó varios casos de malversación de fondos— y era impulsado por sectores autoconvocados, sin liderazgos claros que conduzcan el conflicto.
En aquella oportunidad, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Frente Guasú avanzaron con un pedido de juicio político. Sin embargo, el juicio no avanzó ya que Horacio Cartes, rival de Abdo en la interna del partido gobernante, le dio una ayuda al primer mandatario paraguayo.
Paraguay con excesos de dólares y hambre
Hace poco tiempo, los principales medios llenaron sus tapas con la noticia de que Paraguay recibía una gran cantidad de dólares físicos y no contaba con espacio para almacenarlos. Para eso se sancionó una ley para que sea el Banco Central de Paraguay el que atesore los billetes extranjero.
Sin embargo, la abundancia de dólares no se refleja en mejores condiciones de vida. La Sociedad de Economía Política del Paraguay presentó su tradicional informe anual de la gestión del gobierno en donde muestra que el 29,6% de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza. Este porcentaje es mucho mayor en las zonas rurales, llegando al 34%. En relación a la distribución de ingresos, en el año 2020 el 10% más rico concentró el 33,8% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre tan solo el 1,9%.
Además el informe muestra que la deuda pública representa al cierre de julio de 2021 el 34% del PIB, más de 13 mil millones de dólares. En su mayoría corresponden a la colocación de bonos del tesoro en el mercado financiero internacional. El ritmo de la actual política de endeudamiento compromete la sostenibilidad financiera del Estado. Según datos del Ministerio de Hacienda, la Caja Fiscal quedaría sin recursos para pagar las pensiones en el año 2027.
El informe sostiene que el costo de la crisis y la deuda recaen sobre las y los trabajadores, expresándose en bajos salarios, pérdida del poder adquisitivo y mayor gasto de bolsillo en salud.
