El proyecto de reforma del Estado que envió el presidente Milei al Parlamento nacional contiene un total de ocho artículos que buscan modificar aspectos centrales en el abordaje de la Salud Mental de la población. Pero los artículos que van del 618 al 625 han generado rechazos particularmente de los sectores del trabajo en Salud Mental.
“Podríamos dividir las reformas en dos: por un lado con todo lo que tiene que ver con los criterios de internación y quiénes tienen facultades para determinar un criterio de internación en materia de salud mental. Y por otro lado, lo que refiere a cuáles son las instituciones habilitadas para una internación en salud mental. Todo esto modifica una parte importante de la Ley de Salud Mental”, explicó para ARG MEDIOS, Luciano Grasso, Ex Director Nacional de Salud Mental durante la presidencia de Mauricio Macri y docente de UNICEN.
Respecto al primer apartado el proyecto de reforma plantea menos restricciones para internar pacientes por cuestiones de Salud Mental, con lo cual un juez podría dictar una internación sin necesidad de un diagnóstico de un profesional de la salud mental (como sucede ahora).
En este sentido el especialista amplió que la ley 26.657 vigente “plantea un paradigma que es el de la salud mental comunitaria, el de la promoción, la prevención, la detección temprana y el abordaje comunitario integral, interdisciplinario, intersectorial y territorial y por lo tanto, comunitario de salud mental”. La ley también es restrictiva respecto a las internaciones: es que históricamente en materia de salud mental se ha internado a personas que no tenían criterio de internación.
Sin embargo esto no quiere decir que la normativa impide las internaciones o que sea burocrática y complejiza las mismas como a veces se crítica desde algunos sectores. “La ley actual dice que solo se puede internar a quien tiene una situación de riesgo cierto, inminente para sí o para terceros. Es decir, sólo aquel que en una situación en particular está en riesgo su propia persona, su propia salud, su propia vida o la de terceros”, explica Grasso respecto a este tema.
El otro punto en cuestión es cuáles son los efectores habilitados para una internación: la Ley de Salud Mental es muy clara en relación a algo que también ya el mundo ha consensuado respecto a que las internaciones de salud mental tienen que ser en hospitales generales. “No hay motivo por el cual una persona con un problema de salud mental que requiera una internación se interne en un lugar distinto al Hospital General”, puntualiza Grasso.
En este sentido, el proyecto de reforma de ley Ómnibus plantea la continuidad de los manicomios porque promueve las internaciones prolongadas.
“La ampliación de tipos de internaciones será muy nocivo para para muchas personas que pueden llegar a ser internadas contra su voluntad sin criterio; se le da lugar a facultades, al al juez y al abogado a internar a alguien; no siendo profesional de la salud mental se vuelve a permitir el manicomio. A grandes rasgos, estos son los principales retrocesos de las modificaciones planteadas”, considera el especialista.
¿Quiénes se benefician?
El profesional de la salud mental y ex director de esa área fue cauto a la hora de especular quién podría estar detrás de tan nocivo retroceso. “Yo no diría necesariamente que esto fue pergeñado con el único objetivo de beneficiar a alguien. Puede ser una mezcla de cosas”, analizó. “Por un lado, hay un sector que en general está vinculado a familiares de personas con problemas de salud mental, y en particular con adicciones, que no encuentran respuesta porque, en realidad, el problema es la falta de la implementación de la ley”, dice.
“Es decir, la falta de formación en profesionales que están hoy en las guardias y que dicen no, yo no puedo internar porque la ley no me lo permite, u hospitales generales que no internan, o la falta de dispositivos para externar pacientes que necesitan vivir en comunidad y los dispositivos no están”, amplió y añadió: “Puede ser que esto aparezca falsamente como un intento de resolver ese problema, digo falsamente porque en realidad no lo resuelve, justamente el problema se resuelve implementando la ley”.
Sin embargo, Grasso señaló que hay un sector vinculado a los negocios farmacéuticos que podrían encontrar algún beneficio en esta reforma: “Nuestro sistema de salud está dividido en subsistemas, hay un sistema público, también el sistema privado y el sistema privado en materia de salud mental en general está fuertemente vinculado con clínicas psiquiátricas privadas y con un modelo de atención que todavía sigue, en muchos casos, priorizando la atención individual psiquiátrica del psicofármaco”.
“Entonces, sin dudas que implementar la ley como está actualmente implica promover cuidados de personas con problemas de salud mental en la comunidad, en donde la internación y el psicofármaco pierden el protagonismo”, señaló el profesional.
“Y si la internación y el psicofármaco pierden el protagonismo, en el caso del psicofármaco estamos hablando de la pérdida de beneficios económicos de laboratorios, y en el caso de las internaciones, estamos hablando de pérdida de dinero para el ámbito de los psiquiátricos privados”, aseveró el especialista que no descartó que haya “intereses económicos vinculados con acercarle a quien elaboró la ley ómnibus integral estas modificaciones”.
