Con puntos en zona norte, oeste y sur del AMBA, y cortes de ruta en todas las provincias, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llamó a una jornada nacional de lucha para este martes 7 de mayo. “Contra el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores que llevan adelante Milei-Pettovello”, manifestaron en sus redes sociales. Se espera que otras organizaciones se plieguen a la medida.
No es cualquier semana. Luego de la histórica movilización del 23 de abril por la educación pública, y a días del paro nacional convocado por la CGT para este jueves que espera contar con un gran acatamiento, las organizaciones sociales se imponen como un actor que intentará marcar su agenda, signada por un fuerte ajuste sobre los sectores populares, la total deformación del programa Potenciar Trabaja, la ausencia de asistencia a comedores y el freno de las obras en barrios populares.
“Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular perdieron la changa, comen una vez al día por la suba de los alimentos. El gobierno desfinanció la política de urbanización de barrios populares, las unidades productivas de la economía popular, los centros de primera infancia, la agricultura familiar, entre otros, empezando a generar un deterioro de la organización comunitaria facilitando el avance del crimen organizado y el narcotráfico en los barrios populares”. Estas fueron las palabras de Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP cuando fue consultado por este medio en vísperas de la movilización del 1 de mayo.
Este martes las organizaciones sociales se juegan una fuerte parada para intentar abrir siquiera un canal de dialogo con el gobierno, algo totalmente bloqueado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia (lo que antes era Desarrollo Social) ya da respuestas escazas e insuficientes. Todos entienden que el escenario será, inexorablemente, de mayor confrontación.
Este martes 7 de mayo desde las 10 hs vamos a realizar una nueva jornada de lucha nacional con cortes en todo el pais contra el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores que llevan adelante Milei-Pettovello. pic.twitter.com/jDtUjPYfn9
— UTEP (@UTEPoficial) May 4, 2024
Del salario al plan
Diciembre del 2016 supuso un salto cuantitativo y cualitativo para las organizaciones sociales. Comenzó a gestarse el triunvirato entre la vieja CTEP (donde el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Movimiento Evita hacían valer su peso), la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, lo que en 2019 devino en la UTEP. Aquel 2016 las organizaciones sociales ganaron representatividad gremial y capacidad de marcar agenda. Fue en diciembre de ese año que las organizaciones celebraron ante el Congreso la sanción de la Ley de Emergencia Social.
Esta ley estipulaba la creación de un Salario Social Complementario (SSC), un concepto ampliamente novedoso ya que actualizaba la figura del “desocupado” propia de la crisis del 2001, e ingresaba al debate público la idea de economía popular y trabajador informal. El SSC debía equivaler a la mitad de una Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), y complementaba los magros ingresos de los trabajadores de la economía popular, ya sean albañiles, cartoneros, cocineras, cuidadoras, vendedores ambulantes, costureras, etc.
La política debía universalizarse bajo el cumplimiento de algunos requisitos, entre ellos, tener entre 18 y 65 años, no poseer propiedades o vehículos menores a diez años, no contar con empleo en blanco, o monotributo mayor a las categorías más bajas. El SSC implicaba también la posibilidad de acceder a un monotributo social que garantizase aporte jubilatorio y obra social. Las incompatibilidades se respetaron, la universalidad no.
Inmediatamente el SSC, que debía ser tomado como una especie de Salario Básico Universal, fue repartido por sistemas de cupos hacía organizaciones, sindicatos, municipios, gobernaciones y ministerios/secretarías. La falta de mecanismos de inscripción por cumplimiento de requisitos comenzó a transformar una medida masiva de formalización laboral en un mero plan social con entrega discrecional.
Ya bajó el gobierno de Alberto Fernández, el SCC se enmarcó en un programa nacional: el Potenciar Trabajo. La idea fue complementar la entrega del SSC con obras en barrios populares, formaciones, fortalecimiento de maquinarías para las cooperativas e incluso la creación del nexo, es decir, la posibilidad de que algunos beneficiaron cobrasen un doble SSC por mayores tareas y responsabilidades. La gestión del Frente de Todos nunca logró la universalización del programa, y eso fue haciendo mermar su espíritu original.
Luego de las acusaciones que formuló Cristina Fernández de Kirchner sobre la intermediación de las organizaciones sociales, el gobierno del FdT adoptó una actitud más regulatoria sobre el SSC y volvió a instalar los fantasmas del plan social. Se ampliaron las incompatibilidades sumando los viajes al exterior o la compra de dólares como causal de suspensión (algo muy frecuente en titulares inmigrantes), y se desvinculó los aumentos del SSC en relación a los aumentos del SMVyM. Las obras se frenaron, las maquinarías se dejaron de entregar, y se ensayaron algunos fracasados planes de empalme laboral con el sector privado.
El desembarcó de La Libertad Avanza no hizo más que apretar el acelerador ante una disputa ya perdida en la agenda pública: el SSC ya no era el complemento a una actividad laboral, era un mero plan social con todo el prejuicio que eso acarrea. La nueva gestión intensificó las bajas por incompatibilidades y congeló (y licuó) los ingresos derivados del SSC. El paso que dio esta semana fue eliminar los nexos y comenzar con la implementación de dos programas: “Acompañamiento Social” y “Volver al Trabajo”.
El primero esta apuntado a adultos mayores de 50 años y madres de más de cuatro hijos que cumplan además con los viejos requisitos de compatibilidad. Estará dentro de la órbita de Niñez y Familia. El segundo esta apuntado a otro segmento, quien deberá acreditar un empleo (la única empresa con la que firmó convenio el gobierno hasta ahora es Rappi) o comenzar formaciones laborales. La universalización del programa no solo es lejana, sino que el gobierno aspira a que los titulare abandonen el SSC y se larguen por su cuenta, o ir desapareciéndolo por goteo.
Esta semana ya se vivieron los primero problemas de cobro y no existen los canales de reclamo, de hecho, se redujeron severamente las oficinas de atención de Capital Humano. El objetivo final es hacer desaparecer el programa y dejar librados a su suerte a cientos de miles de trabajadores de la economía popular, algo a lo que ya están acostumbrados, pero que implica la pérdida del Monotributo Social y de todo tipo de merecido derecho laboral.
Sin pan y sin trabajo
La fiscala Paloma Ochoa le dio un plazo de diez días hábiles a Pettovello para que informe al detalle qué recursos destina a las organizaciones comunitarias que dan de comer en los barrios. También le requirió precisar qué destino tuvieron los fondos que recibió del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las cuatro millones de personas (en su mayoría niños, niñas y adolescentes) que se alimentan en estos espacios son las perjudicadas. Así lo explica la denuncia que hizo a comienzos de febrero el dirigente político Juan Grabois, en la que acusa a Pettovello de incumplimiento de sus deberes como funcionaria. Desde entonces, Capital Humano se dedicó a anunciar nuevas licitaciones de alimentos y a convocar a instituciones religiosas para ocuparse del reparto porque parten de la desconfianza hacia los movimientos sociales, a los que decidieron desplazar de plano de la intermediación, y en este caso de todo.
La denuncia avanza y pone nerviosa a Pettovello. La ministra responde denunciando que la mitad de los comedores populares no existen, desconociendo que muchos comedores y merenderos se realizan en casas particulares.
Por otro lado las obras en barrios populares se van frenando lentamente. Mediante el Decreto 193/2024 lanzado en febrero de este año, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenaron el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que ha llevado más de 1250 obras a barrios populares de todo el país.
Luego de una violenta operación mediática y política contra el eje de integración para barriadas, villas y asentamientos, el gobierno nacional dejó a los barrios populares sin obras de veredas, espacios comunitarios, conexiones de agua, luz, gas, cloaca o la aplicación del programa Mi Pieza que benefició a más de 260 mil mujeres.
El ministro Caputo sumó miles de trabas burocráticas para los desembolsos destinados a las obras, algo que paraliza las mismas dejando sin trabajo a más de 40 mil trabajadores y trabajadoras de la construcción, afectando más que nada a las cooperativas de trabajo. Éste fue el detonante por el cual cientos de cooperativistas movilizaron hasta la casa de Caputo, señalado como el primer responsable de la parálisis del sector.
Es en este marco en el cual las organizaciones sociales deciden emprender un capítulo de confrontación y desgaste. Es un camino que se va ir incrementando en planos de unidad, pero también de enfrentamiento. Es la defensa de lo que los movimientos populares consideran un piso mínimo con el cual no hay que meterse: pan, techo y trabajo.
