El presidente de Túnez, Kais Saied, destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, en medio de las protestas por la incapacidad del gobierno de controlar la pandemia de COVID-19 y suspendió el Parlamento, añadiendo que asumirá la presidencia del poder ejecutivo con la asistencia de un nuevo primer ministro.
Se realizaron protestas masivas en todo el país, incluida la capital, Túnez, en las que miles de personas expresaron su frustración por la forma en que el gobierno ha respondido a la pandemia de COVID-19. También arremetieron contra el partido gobernante, Ennahda, por no ser capaces de estabilizar y mejorar la economía del país, incluso a 10 años de la revolución contra el antiguo dictador tunecino, Zine El Abidine Ben Ali.
Además de la capital, las protestas fueron en otras ciudades como Monastir, Sfax, El Kef, Susa y Tozeur, en las que se vandalizaron las oficinas del partido Ennahda. En Túnez, la policía reprimió con gas pimienta a los manifestantes, que a su vez lanzaron piedras contra la policía, mientras exigían la renuncia del gobierno, la disolución del parlamento y la celebración de elecciones anticipadas. La policía también aseguró el parlamento para impedir que los manifestantes entraran en el recinto y, según los informes, hubo varios bloqueos en la capital.
En un comunicado el domingo, el presidente dijo que “mucha gente fue engañada por la hipocresía, la traición y el robo de los derechos del pueblo, (…) advierto a cualquiera que piense en recurrir a las armas y a quien dispare una bala que las fuerzas armadas responderán con balas”.
La nueva constitución que Túnez aprobó en 2014 divide el poder entre el presidente, el primer ministro y el parlamento. El presidente ha utilizado las disposiciones de la nueva Constitución, concretamente el artículo 80, para justificar sus decisiones. El artículo 80 establece que el presidente puede tomar el poder en el país en caso de emergencia nacional.
Muchos han argumentado que sus medidas contra el primer ministro y el parlamento son inconstitucionales, ya que, según el artículo 80, el parlamento tiene que seguir funcionando y los tribunales constitucionales, que aún no se han establecido, tienen que decidir el curso de acción después de que dicho artículo entre en vigor. En respuesta a estas acusaciones, Saied dijo que “la constitución no permite la disolución del parlamento, pero sí la suspensión de sus trabajos”.
El Partido del Trabajo de Túnez emitió el lunes un comunicado en el que condenaba las medidas del presidente y las calificaba de violación de la Constitución. Afirmaron que, si bien el gobierno ha llevado al país a una profunda crisis económica, las acciones de Saied no son una solución a los problemas que enfrenta el pueblo, ya que amenazan la joven democracia del país y han “lanzado un camino hacia el restablecimiento del sistema de autocracia absoluta de nuevo”. Y agregan que la salida de la crisis es “el trabajo del pueblo tunecino para establecer una democracia popular basada en el estado civil, el poder en manos del pueblo, con soberanía sobre las capacidades del país, los recursos y las decisiones políticas independientes, y la justicia social y la igualdad entre todos los hombres y mujeres”.
El presidente del Parlamento y líder del partido Ennahda, Rached Ghannouchi, calificó las acciones del presidente de “golpe de Estado contra la revolución y la Constitución, al arrogarse poderes que la Constitución no otorga a Saeid, incluyendo la suspensión del Parlamento y el levantamiento de la inmunidad de los diputados”. Ghannouchi añadió: “consideramos que las instituciones siguen en pie y los partidarios de Ennahda y el pueblo tunecino defenderán la revolución”. También condenó las protestas dirigidas a su partido, en particular los violentos ataques a las oficinas del partido en varias ciudades, diciendo que “parece que lo que ha ocurrido hoy, incluido el ataque a las oficinas de Ennahda, estaba planeado, para crear malestar y justificar las decisiones tomadas por el presidente”.
Días antes, el primer ministro destituyó al ministro de Sanidad del país debido al aumento de los casos de COVID-19 en el país y a la pésima actuación del ministerio en la respuesta a la pandemia. Hasta ahora, el país ha registrado algo más de medio millón de casos de COVID-19 que han provocado más de 18.300 muertes. La tasa de vacunación en Túnez se sitúa en el 8%, y sólo cerca de un millón de una población total de 12 millones de tunecinos están totalmente vacunados. Según el Ministerio de Sanidad, el sábado Túnez registró el mayor número de muertes en un solo día desde el comienzo de la pandemia, con 317 muertes y 5.624 nuevos casos.
