¿Se cae el protocolo anti piquetes? las advertencias de la Justicia a Bullrich

Luego de reiteradas denuncias contra el protocolo represivo de la ministra de Seguridad, la Justicia le pidió a Bullrich que “adecue la actuación de las fuerzas” según dicta la Constitución Nacional. Si bien no fue declarada inconstitucional, estaría a un paso. 

Tras una jornada traumática para el oficialismo este martes, cuando la ley ómnibus no encontró el respaldo necesario y volvió -inesperadamente- a Comisiones, el gobierno está a punto de sufrir otro traspié. Precisamente referido al polémico “protocolo anti piquetes” que anunció semanas atrás la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y que, sin haberse aplicado correctamente, ya desató sucesivas represiones. 

Ahora, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 le pidió a la ministra que “adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos” por la Constitución Nacional y también a partir de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

En un documento que tuvo acceso Télam, el juez federal Sebastián Casanello confirmó la recepción de un informe solicitado recientemente a la cartera dirigida por Patricia Bullrich para que detalle los “fundamentos jurídicos” del protocolo y le pide a la funcionaria “si fueron consultadas” la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

El magistrado lo había solicitado en respuesta a la acción de “inconstitucionalidad” que había presentado la legisladora porteña del MST, Celeste Fierro, el pasado 18 de diciembre. 

“El Ministerio de Seguridad explicó cómo arribó al dictado de la resolución impugnada, sus fundamentos, y la normativa en la cual se encuadraba la competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación. De su respuesta surge que no fueron consultados otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales”, planteó el juez.

En ese sentido, el fallo sostiene que ante este escenario, “están dadas las condiciones para dictar una medida de naturaleza cautelar -y tutelar- que actúe como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales»”. 

De todas formas, como aclaró Casanello, “la decisión no tendrá, al menos de momento, el alcance pretendido en la demanda” de declaración de inconstitucionalidad.