Si bien cada 24 de marzo, la Plaza de Mayo reúne a miles de personas con la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”, este domingo el impulso para salir a las calles se dio en gran parte por el contexto político actual.
Las provocaciones del gobierno de Javier Milei y de Victoria Villarruel, calaron hondo en la mayoría de los organismos de Derechos Humanos que convocaron a la marcha, aunque lejos de concentrar su energía en responder en esa línea, ratificaron el discurso que se realiza cada año.
“El gobierno de Milei y Villarruel está ejecutando la reedición de la miseria planificada por Martínez de Hoz”, denunciaron en el escenario de la Plaza desde donde se podía ver una marea humana, al tiempo que reclamaron la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y repudiaron el negacionismo demostrado por el Poder Ejecutivo.
La jornada de este domingo contó con dos actos. El primero fue encabezado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres – Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital, la APDH, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones, bajo la consigna “30.000 razones para defender la patria”. Nunca más miseria planificada”.
En el segundo se congregaron las organizaciones de izquierda y otros organismos de Derechos Humanos.
El documento consensuado fue leído por Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida, quienes cerraron el acto al grito de “siempre estuvieron, estarán y seguirán estando: 30 mil detenidos, desaparecidos, presentes”.
En su discurso, los organismos rechazaron el negacionismo y las políticas del gobierno nacional que intentan reforzar el poder de sectores militares.
“Frente a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sanciones a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, leyó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y señaló que “la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos es contraria a su ley y pone en riesgo los derechos humanos de todos”.
A su vez, fueron tajantes con la idea de otorgar domiciliaria a los militares condenados por delitos de lesa humanidad.
“Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos. Del total de represores investigados, la gran mayoría ya falleció o atraviesan procesos de libertad”, expresaron.
“Los detenidos son menos de 700 y más del 75% están en arresto domiciliario”, recordó Estela y añadió: “Son delitos que no prescriben y sus condenas deben ser de cumplimento efectivo. Las constantes provocaciones de Milei y Villarreal en sentido contrario, violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional”.
