Según datos aportados por el Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en 2019 más del 90% de las personas detenidas en Argentina fueron varones. Antes y después de ese año, se supo que aproximadamente un 80% de la población se encontraba desempleada o contaba con un trabajo de tiempo parcial al momento de su detención. En tanto un 39% tenía la primaria completa, solo el 10% finalizó sus estudios secundarios. Es urgente reconocer como sujetes de derechos a quienes se encuentran privades de su libertad para posibilitar procesos de debate y problematización en torno, por ejemplo, al ejercicio de la violencia por motivos de género.
Si las denuncias no son recepcionadas, si se pone en duda el relato, la solución punitiva decanta en ineficiente. ¿Sirve crear nuevas políticas que castiguen el ejercicio de la violencia por motivos de género cuando las existentes demuestran no funcionar adecuadamente? En el marco de la pandemia, se pusieron de relieve esas y otras dificultades. Se trata de una sociedad que no se pregunta por el motivo de los hechos sino sólo por la salida, exigirle a la justicia o al Estado mayores medidas de castigo puede terminar recrudeciendo medidas punitivas en relación a esos y otros hechos.
Sanos hijos del patriarcado
Decir que la educación es un derecho universal parece obvio, pero no lo es. El único derecho que está privado para las personas detenidas es el derecho a la libertad ambulatoria. Buscamos poner en disputa los sentidos que giran en torno al concepto de resocialización. ¿Se resocializa alguien que nunca dejó de estar en la sociedad? ¿Por qué se concibe que la cárcel se constituye como lo que no es parte de ella? ¿Incomoda tanto la desigualdad social que es preferible esconder lo que es disruptivo?
Cuando los derechos a la salud, la educación, el trabajo o la vivienda digna se ven vulnerados, es difícil garantizar procesos de reaprendizaje en materia vincular. No quedan justificadas las prácticas violentas en nombre de contextos de crianza específicas, pero la permanencia de esas prácticas violentas o derechos vulnerados por parte del organismo responsable de cuidar, perjudica ese proceso. El objetivo es no patologizar la violencia, no catalogarla como práctica enferma, pero sí problematizarla.
Violencia contra violencia, ¿mata violencia?
Cuando un varón ingresa a una unidad penitenciaria en carácter de detenido por delitos vinculados al género, tales como abuso sexual, tipos de violencia o su forma más extrema, el femicidio, ¿el castigo es suficiente? ¿revierte y anula la práctica? ¿o legitima el ejercicio de la violencia como método de adoctrinamiento?
Políticas públicas, tales como la Educación Sexual Integral, aportan a la transformación de una sociedad que es patriarcal desde su estructura. En la cárcel existen instancias educativas primarias, secundarias y universitarias. Respecto a la educación superior, tenemos el ejemplo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP que dicta sus carreras intramuros. En el marco de esas instancias, es posible establecer espacios de problematización de las prácticas violentas por motivos de género.
Masculinidades cis: preguntar, preguntar, preguntar
La masculinidad es una construcción social. El género no es natural sino que está configurado por una serie de roles asignados socioculturalmente. Nos preguntamos por las condiciones históricas que llevaron a los varones privados de la libertad a configurar sus masculinidades de una u otra forma.
Además del género, es necesario tener en cuenta condiciones materiales y simbólicas que hacen a la configuración de esa masculinidad. No es lo mismo un varón cis pobre que un varón cis de un sector socio-económico medio o alto. En principio, porque son los primeros los que efectivamente reciben castigos por cometer delitos. En segundo lugar, porque arrastran trayectorias educativas fragmentarias pero también historias de vida atravesadas por prácticas violentas. La violencia no es excluyente del sector socioeconómico al que pertenece la persona, sin embargo, existen condiciones que la profundizan. En definitiva, la vulneración de derechos como la salud, la educación, el trabajo o la vivienda digna.
Trabajar con varones detenidos es urgente para transformar de raíz un conflicto que no se puede esconder debajo de la alfombra. Negar a quien ejerce violencia de género o acudir solamente a dispositivos punitivos podría no ser suficiente (o ineficiente) para la efectiva erradicación de las violencias por motivos de género.
