La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, calificó este domingo como “un curro” a las políticas de derechos humanos. Particularmente, cargó contra los subsidios que reciben las víctimas por crímenes de lesa humanidad.
En declaraciones en La Nación+, Villarruel criticó el subsidio a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad: “Cuando hablamos de los derechos humanos, desgraciadamente hay un curro y se ha utilizado una causa dolorosa para todos los argentinos que se ha utilizado para recibir indemnizaciones, subsidios, cargos públicos y viajes”.
“Le han otorgado indemnizaciones a personas por supuestas desapariciones en los 70 y que son personas que no murieron por ninguna acción del Estado”, indicó la diputada nacional.
Villarruel es parte de la casta militar: Su padre, Eduardo Marcelo Villarruel fue teniente coronel del Ejército mientras que su tío, Guillermo Ernesto Villarruel, llegó a estar detenido por crímenes de lesa humanidad. Además, su abuelo materno, Laurio Helvedio Destéfanis, fue historiador de la Marina.
Aunque no declara públicamente su adhesión a la dictadura, visitó a represores en prisión y mantiene posiciones negacionistas con respecto al proceso militar. Además, Página/12 reunió fotografías que muestran a Victoria Villaruel manifestándose afuera de los tribunales de Comodoro Py a favor de los genocidas.
La candidata de La Libertad Avanza formó asociaciones como el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) y la Asociación Unidad Argentina (Aunar), espacios de defensa de la represión dictatorial y que buscan forzar una amnistía general para los represores.
Condenar el negacionismo
La Secretaría de Derechos Humanos, organismos vinculados a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en relación con los crímenes del terrorismo de Estado presentaron un proyecto de ley contra el negacionismo de la última dictadura militar.
La propuesta tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina y los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino.
El escrito también propone que los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o el Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, lleven adelante este tipo de discursos, sean sancionados disciplinariamente.
Se considera que las expresiones negacionistas de los funcionarios públicos son especialmente graves, ya que deben salvaguardar el orden constitucional y democrático y prevenir violaciones de derechos humanos según normas internacionales específicas.
Esta propuesta ubica como autoridad de control sobre la circulación de discursos negacionistas al actual Instituto Nacional Contra la discriminación, la xenofobia, el racismo (INADI).
