El gobierno de Javier Milei arrancó con un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluye modificaciones de más de 300 leyes. A la semana siguiente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso la denominada “Ley Ómnibus”: un paquete de otras 300 leyes y normativas, que incluyen privatizaciones, reforma laboral y previsional, así como también un virtual reemplazo del Congreso de la Nación.
Es decir, en menos de un mes el gobierno libertario puso en jaque al Poder Legislativo (que tardará semanas en resolver si aprueba o no tanto el mega DNU como la Ley ómnibus), pero al mismo tiempo le pidió que le apruebe una ley que habilita al presidente Milei a dictar leyes.
Claro, los valores de una República y la calidad democrática de nuestro país, se verían gravemente afectados si eso ocurriera.
Pero no solo es una cuestión subjetiva de parte de un sector de la población, si no que la propia Constitución Nacional lo prohíbe e indica que los y las legisladoras que aprobaran esto, incurren en el delito de “traidores a la Patria”.
Así lo dice claramente el Artículo 29 de la Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.
Y continúa, tajante: “Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Esto significa que -de no fragmentarse la ley o votar cosas por separado- los y las legisladores que aprueben el conjunto de leyes deberán ser sancionados con el título de “traidores a la Patria”.
Es difícil pensar que incluso en los bloques de Juntos por el Cambio, el PRO y otros partidos integrados por el radicalismo y fuerzas no peronistas, puedan aprobar este paquete de leyes, sin modificaciones. Pero la realidad política de nuestro país, nos obliga a no descartar nada.
Mientras tanto, el Congreso prepara las Comisiones Bicamerales para desentrañar la ley ómnibus que envió Milei, al tiempo que posteriormente tendrá que aprobar o rechazar el mega DNU que envió el gobierno.
En ese caso, con la aprobación de una sola de las dos Cámaras, el Decreto de Necesidad y Urgencia estaría aprobado. Si eso ocurre, la Ley de Alquileres dejará de existir definitivamente, así como la Ley de Tierras que ponía un límite a la extensión territorial de los extranjeros en nuestro país. También la Ley de Góndolas que controla el abuso de precios en el mercado, así como otras normativas que afectarán la indemnización de los trabajadores, a los y las jubiladas, pensionados, etc.
