La represión en las inmediaciones del Congreso de la Nación, tras la manifestación en contra de la Ley Bases, así como las detenciones ilegales por parte de las fuerzas de Seguridad, no pasaron por alto en las Naciones Unidas.
Ahora, tras la denuncia de numerosas organizaciones de Derechos Humanos, también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, se refirió a la represión ocurrida el pasado miércoles en la Argentina, aunque también hizo referencia a otras medidas del gobierno de Javier Milei.
El funcionario de la ONU hizo especial énfasis en que el gobierno nacional tiene que respetar derechos básicos como reuniones pacíficas y la libertad de expresión. Lo hace a pocos días de la última represión, cuando además se detuvieron a 33 personas, muchas de ellas detenidas en penales comunes hasta hace pocas horas.
Ayer, la jueza Servini liberó a otras 11 personas y solo cinco restan del total de detenidos y detenidas.
“En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas amenazan con socavar la protección de los derechos humanos”, expresó el titular del ACNUDH. “Entre ellas se incluyen recortes del gasto público que afectan especialmente a los más marginados, el anunciado cierre de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030”, agregó después.
Para concluir, Vok Türk, fue enfático: “Insto a las autoridades a que sitúen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva. Esto implica también el pleno respeto del derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión”.
Desde que Javier Milei es presidente, la libertad de expresión y la protesta social ha sido uno de los puntos más cercenados y denunciados por organismos de Derechos Humanos. Basta con recordar que a pocos días de haber asumido el nuevo gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo anti piquetes, que básicamente limita al máximo la protesta pacífica.
Pero también, la ONU pone el ojo en otros hechos graves que atentan contra los derechos humanos, como la no entrega de alimentos para comedores populares, así como también un ajuste brutal en la medicación para personas con cáncer u otras enfermedades graves. Así como el cierre de organismos claves, como el INADI, el ministerio de Mujeres y Diversidades y los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que eran enclaves para los territorios.
El funcionario de la ONU también enfocó su estudio de situación de la Argentina respecto a los constantes rechazos del nuevo gobierno a la Agenda 2030, que firmaron la inmensa mayoría de países del mundo y que exige determinadas metas para terminar con el hambre, las desigualdades y combatir el cambio climático, entre otras.
Por su parte, -y como si fuera poco- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también está preocupada por la situación en la Argentina y convocó para el próximo 11 de julio, una audiencia para “analizar la situación de la protesta social” en el país.
