La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para apoyar con mil millones de dólares el sistema de defensa antimisiles israelí, conocido como Iron Dome (Domo de Hierro).
De ratificarse la propuesta en el Senado, Estados Unidos subvencionará el reabastecimiento de misiles interceptores que se agotaron durante la escalada de tensiones a comienzos de mayo entre Israel y Territorios Palestinos Ocupados y las fuerzas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
La financiación se da en el marco del Memorando de Entendimiento firmado por ambas naciones en 2016, en el que Estados Unidos se compromete a proporcionar asistencia adicional para “permitir a Israel continuar defendiéndose de los ataques”.
Financiamiento yankee
La asistencia militar estadounidense ha ayudado a convertir a las fuerzas armadas de Israel en una de las más sofisticadas a nivel tecnológico del mundo. Esa colaboración incluye baterías de misiles, sistemas de radares y proyectos de defensa conjuntos, además de la joya de la corona que significa el Domo de Hierro.
El acuerdo, firmado por el entonces presidente Obama, contempla un paquete total de 38 mil millones de dólares en ayuda militar para el periodo 2017-2028. Tan solo en 2020, Estados Unidos otorgó 3.800 millones de dólares en ayudas a Israel como parte de un compromiso anual. Casi toda esta ayuda fue para asistencia militar, de los cuales unos 3 millones de dólares fueron destinados específicamente para el Domo.
Con la aprobación del nuevo financiamiento por mil millones de dólares, Nancy Pelosi, líder de los demócratas, destacó: “La asistencia a Israel es vital, porque la seguridad de Israel es un imperativo para la seguridad de Estados Unidos”.
Efectivamente, Israel es un socio estratégico en el plan de control de Medio Oriente. Por eso, el Estado de Israel y Territorios Palestinos Ocupados es el único país que puede utilizar el dinero estadounidense para comprar productos o servicios a compañías de defensa de su propio país. La razón que se esgrime es que le permite a Israel fortalecer su industria local y garantizar su ventaja competitiva.
Ataques constantes y crímenes de guerra
A diario, la población palestina es sometida a detenciones discriminatorias, torturas y fuerza ilegítima por la policía israelí. Es común el uso innecesario y excesivo de las fuerzas para dispersar protestas de la población palestina contra desalojos forzosos en Jerusalén Oriental, así como contra la ofensiva en Gaza. A su vez, la policía israelí no ha protegido a los ciudadanos y ciudadanas palestinas de Israel de los ataques premeditados que sufren por parte de grupos supremacistas armados.
Según el grupo palestino de derechos humanos Mossawa, al 10 de junio, la policía había detenido a más de 2.150 personas, de las cuales más del 90% eran ciudadanas palestinas de Israel o residentes de Jerusalén Oriental. Mossawa también indica que se dictaron 184 actas de acusación formal contra 285 personas.
En uno de los bombardeos más intensos desde mayo, cuando se reavivaron las tensiones, Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales y calles de la ciudad de Gaza. Los ataques destruyeron por completo dos edificios residenciales pertenecientes a las familias Abu al Ouf y Al Kolaq, causando la muerte de 30 personas, 11 de ellas menores.
Según el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, se han destruido al menos 152 bienes residenciales en Gaza desde el 11 de mayo. Los datos sobre Gaza publicados por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda palestino, indican también que los ataques israelíes han destruido 94 edificios y 285 unidades habitacionales que quedaron inhabitables tras sufrir graves daños.
Más de 2.500 personas se han quedado sin hogar debido a la destrucción de sus viviendas, y más de 38 mil se han visto internamente desplazadas y han buscado refugio en las 48 escuelas de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA), repartidas por toda Gaza.
Además de viviendas, los ataques israelíes han dañado infraestructuras de suministro de agua y electricidad y centros médicos, y han interrumpido el funcionamiento de la planta desalinizadora del norte de Gaza, que abastece de agua a más de 250 mil personas.
