Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron en los últimos días un nuevo acuerdo en materia de seguridad. El mismo reemplaza la Iniciativa Mérida, vigente desde 2008 y estancada en los últimos años. De la última reunión participaron el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken; el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; y el fiscal general estadounidense Merrick Garland. Allí quedó establecido el “Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos” denominado “Entendimiento Bicentenario”, en homenaje a los 200 años de relaciones bilaterales entre ambos países.
Tras el encuentro se publicó un documento con tres declaraciones de intenciones y diez medidas dirigidas a proteger a la población del impacto del consumo de drogas, la prevención de la delincuencia transfronteriza y el desmantelamiento de las redes criminales. Las acciones anunciadas incluyen la creación de plataforma para el intercambio de mejores prácticas en la prevención del crimen y la violencia, así como un grupo de trabajo de las dos administraciones para la atención de delitos vinculados a organizaciones criminales transnacionales.
Este nuevo acuerdo apunta a reducir la violencia y los asesinatos en la frontera, principalmente del lado mexicano, donde se calcula que más de 95 mil personas se encuentran desaparecidas y donde el crimen organizado maneja grandes territorios. Al momento no se conoce la cifra que se destinará para viabilizar el acuerdo.
“Lo único que se está tomando en consideración es que desde hace una década el crimen organizado se ha movido cada vez más a otros sectores”, explica Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Para el especialista no existen muchas diferencias entre la Iniciativa Mérida —implementada durante los mandatos de George Bush y Felipe Calderón— en la que Estados Unidos gastó más de tres mil millones de dólares y que se tradujo en un aumento significativo de la violencia en la frontera.
Si bien se establecieron objetivos básicos, el Entendimiento Bicentenario genera varias dudas acerca de lo que implica esta nueva estrategia, considerando que se plantea la reducción de la violencia y el combate al crimen organizado sin medidas concretas.
Para Eunice Rendón, experta en temas de seguridad, migración y prevención del delito, el acuerdo representa un “cambio importante” en relación al discurso político del gobierno mexicano. Sin embargo, sostiene que para cristalizar este cambio de perspectiva respecto a la Iniciativa Mérida, el diseño del Entendimiento Bicentenario debe “ir más de la mano del Gobierno mexicano”.
“Si se hace de manera adecuada podría conseguir más recursos del Gobierno estadounidense y habría grandes beneficios para ambos países”, explica Rendón, al tiempo que resalta la importancia de apuntar a una mayor transparencia para que el acuerdo tenga futuro.
La principal diferencia que se advierte es en el abordaje de problemáticas que atañen a ambos países. Mientras Mérida apostó a la militarización de la frontera y a la búsqueda y captura de los líderes del crimen organizado, el Entendimiento Bicentenario propone actuar sobre las causas estructurales que producen la violencia y el consumo de drogas de forma coordinada y respetando la soberanía.
A su vez, el nuevo acuerdo también expresa un abordaje en conjunto de problemáticas históricas y con el diferencial de que se centraría en el diálogo entre ambos países y no de una medida unilateral impuesta por Estados Unidos. Aún así, el mismo no hace referencia explícita a la cuestión migratoria, situación que desde el inicio de la pandemia y con las medidas adoptadas por las administraciones Trump y Biden se ha recrudecido.
Los desplazados en la frontera
Una de las cuestiones que el diálogo bilateral pasó por alto fue la cuestión de los desplazados. Empujados por desastres ambientales, violencia y miseria hacia caravanas de meses por varios países, miles de haitianos, salvadoreños, mexicanos y guatemaltecos, así como personas de otras nacionalidades, llegan todos los días a la frontera con el fin de solicitar asilo o bien ingresar de forma irregular a territorio estadounidense.
Sin posibilidades de vivir y trabajar de forma digna en sus territorios, quienes se lanzan en la búsqueda del ampliamente difundido “sueño americano” lo hacen poniendo en riesgo sus vidas. Atrás queda una realidad de pobreza, donde la posibilidad de un futuro mejor vale el riesgo de atravesar miles de kilómetros a pie por territorios hostiles, vigilados por fuerzas de seguridad y organizaciones criminales cuyo negocio principal es la desesperación de los desplazados.
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y la promesa de campaña de ofrecer un mejor tratamiento a estas personas, la situación no ha mejorado. A fines del mes de septiembre, el gobierno dispuso la devolución a territorio haitiano de más de siete mil personas provenientes de ese país en más de 70 vuelos, cuya situación de violencia y pobreza se ha visto recrudecida ya desde antes del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Días antes fueron difundidas las imágenes de agentes de seguridad reprimiendo a un grupo de personas en un campamento en Del Río, Texas, lo cual provocó el repudio de las autoridades pero que no sirvió para garantizar otro tipo de tratamiento.
Lo mismo ha ocurrido con desplazados de otras nacionalidades a través de la iniciativa Título 42, implementada al comienzo de la pandemia por Donald Trump para impedir el ingreso de los solicitantes de asilo. A su vez, en los últimos días la justicia norteamericana ordenó al gobierno de Joe Biden restablecer una iniciativa del ex presidente Trump conocida como “Permanecer en México”, a través de la cual miles de desplazados no mexicanos fueron expulsados hacia ese país y aguardan por una respuesta a sus solicitudes de asilo.
Con el Entendimiento Bicentenario, ninguna de estas cuestiones serían tratadas de forma directa. El gobierno de México deberá seguir asumiendo la responsabilidad por una situación que no presenta soluciones a corto plazo, ante un panorama de violencia en crecimiento y con más dudas que certezas acerca de cómo impactará el acuerdo bilateral.
