El pasado viernes 10 de junio, el gobierno nacional decidió inmovilizar a un avión de carga con bandera venezolana, donde se encontraba desde el pasado lunes 6 de junio. Rápidamente, los medios de comunicación volvieron a utilizar el “eje del mal venezolano-iraní”. Lo cierto, es que el avión pertenece a la República Bolivariana de Venezuela.
El avión había partido desde México y arribó a Argentina el 6 de junio en vuelo directo. Las intensas neblinas impidieron que pudiera aterrizar en Buenos Aires y se dirigió a Córdoba como escala técnica, donde no abrió bodega ni cargó combustible.
Una vez en Ezeiza, el proveedor le negó el combustible al avión de EMTRASUR a pesar de haber recibido el pago. Desde Shell manifestaron tener temor a ser sancionados por Estados Unidos. El pago se efectuó el 7 de junio a la empresa Shell con N° de Transacción: #39292121.
Tras la negativa, EMTRASUR procedió una nueva ruta para poder cargar combustible. Uruguay era una de las paradas técnicas ideales. La Autoridad Aeronáutica Uruguaya autorizó al avión a ingresar a su espacio aéreo, pero canceló el permiso cuando el avión ya estaba en el aire.
Todas las revisiones e inspecciones realizadas sobre el avión de la empresa Emtrasur hasta ahora indican que no hay nada en apariencia irregular. “Se efectuó inspección de la B-747-300, matrícula YV3531 de la empresa mencionada (EMTRASUR), en la posición N° 54, SIN NOVEDAD“, notifica un documento del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional en Latinoamérica.
Además, según el informe de Migraciones, ninguno de los tripulantes, 14 venezolanos, cinco iraníes, registra pedido de captura alguno. Los 19 tripulantes tenían licencia aeronáutica: tres capitanes, tres primeros oficiales, tres ingenieros, un load-master (jefe de cargas), tres mecánicos y cinco extratripulantes, categoría en la que entran aprendices y personas que se ocupan de hacer guardias y otros menesteres.
La causa está caratulada como “NN s/averiguación de delito”. Ello significa que no hay imputados (por eso es NN) y que se está tratando de determinar cuál podría ser el delito a investigar, si es que existiere al menos uno que justificara la intervención judicial.
El avión llevaba 79 bultos de autopartes de Volkswagen, las cuales ya están en la Planta General Pacheco – Volkswagen Argentina, mientras que los pilotos siguen retenidos. Hecho que comprueba que no se trata de contrabando, ni algún otro delito.
En ese mismo sentido, la compañía autopartista SAS Automotriz, que es parte del grupo francés Faurecia, aclaró que se contrató el avión para “el transporte de componentes destinados a la producción de paneles de instrumento y asientos para el modelo Taos, provenientes de la ciudad de Querétaro, México”.
El show mediático montado en nuestro país se da en un contexto geopolítico particular. Con el gobierno de Alberto Fernández se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina.
Además, en el marco de la Cumbre de las Américas, Venezuela, Nicaragua y Cuba fueron excluidas por Estados Unidos, lo que despertó la crítica de otros países latinoamericanos, como Argentina. Alberto Fernández recibió la bendición de los países excluidos y aquellos que integran la CELAC para denunciar la injusta exclusión de los países mencionados y denunciando el bloqueo criminal contra Cuba y Venezuela
