Es cierto, las declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca de los Programas Sociales, cayeron muy mal en el mundo de las organizaciones sociales y de la Economía Popular. Los datos que manejó la exmandataria no fueron tan rigurosos como los que sí mostró en otros tópicos de su discurso.
Pero en aquel acto celebrado en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) por el día de la Bandera, la actual vicepresidenta habló de muchos otros temas. No todos saltaron el umbral mediático.
En su nueva aparición pública, Cristina expuso los datos de un país que no para de crecer y de exportar, al mismo tiempo que el nivel de pobreza se mantiene (o aumenta) y la gran mayoría de su población se ve afectada por los azotes de una inflación desenfrenada.
¿Cómo es posible entonces, pensar una Argentina con récord de exportaciones y al mismo tiempo, sumida en una crisis social que amenaza con explotar muy pronto?
En ese enclave: ¿Son las organizaciones sociales a las que se las debe controlar o más bien a los sectores del poder concentrado?
Aunque las críticas que la ex mandataria plantea parecen apuntarle directamente al presidente Alberto Fernández -y así se corre el riesgo de profundizar la interna en el Frente de Todos-, no hay dudas que las palabras de Cristina tienden a instalar debates que generalmente pasan desapercibidos y que son parte de las respuestas a nuestros problemas como país.
Aunque no lo haya planteado de este modo, el último discurso de quien fuera dos veces presidenta habló de la urgente necesidad de redistribuir la riqueza en la Argentina. Antes de que el descontento social se lleve puesto al oficialismo, que dicho sea de paso camina dividido hacia las elecciones presidenciales del 2023.
Una soja resistente a la pandemia y la guerra
Según datos del propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina aumentó 6% en relación interanual durante este primer trimestre de 2022. A esto hay que agregarle que -según datos oficiales de la Cancillería Argentina- en el mes pasado de abril las exportaciones totalizaron US $8.327 millones, con un crecimiento interanual del 35,6%, representando “el mayor registro histórico para este mes en la historia”.
Es decir, ni la pandemia ni ahora la guerra entre Rusia y Ucrania le generaron una pérdida a los grandes exportadores de nuestro país, si no todo lo contrario: se vieron beneficiados.
Un informe del Equipo de Investigación Política (EdIPo) y del Mirador de la Actualidad del Trabajo y Economía (MATE), lo muestra todavía con mayor claridad: “Si tomamos solo el año 2021, veremos que el sector sojero y cerealero llegaron a representar el 51,75% de las exportaciones totales de la Argentina, superando los 40.000 millones de dólares”. Casi la cifra exacta de la deuda Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por su parte, solo en lo que va del 2022, las ganancias extras se calcularían por 3.004 millones de dólares, según lo estimado por la Bolsa de Cereales de Rosario.
Deuda interna: cada vez más pobreza e inflación
Sin embargo, al mismo tiempo que el país registra un crecimiento de su macroeconomía, récord en exportaciones y una supervivencia para nada menor en relación a los coletazos que está generando la pandemia y la guerra a nivel mundial, los datos de pobreza y de inflación se aceleran.
El nivel de población por debajo de la línea de pobreza superó los 37 puntos y actualmente está afectando a más de 17 millones de argentinos y argentinas. Para colmo, la inflación no cesa y eso impacta directamente en más pobreza e indigencia.
En mayo, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo un incremento de 4,6%, por lo que una familia compuesta por dos adultos y dos niños en el Gran Buenos Aires (GBA), por ejemplo, necesitó ese mes un ingreso mensual de $99.677 para no caer bajo la línea de la pobreza, según datos del propio INDEC. En lo que va del año, la inflación es del 29,3% y la interanual superó los 60 puntos, la más alta en los últimos 30 años.
Además, en esta medición de la pobreza, hay un dato que no resonó en los grandes medios de comunicación, pero que pinta de cuerpo entero a un país que está modificando sus hábitos culturales por la sufriente economía (o mejor dicho, la profunda desigualdad social): Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2021 se consumió un promedio de 47,8 kilos de carne vacuna por habitante, la menor cantidad de consumo desde 1920.
Más allá de los planes, ¿cuál es la discusión urgente?
La contradicción que inauguró el discurso de CFK es que, al mismo tiempo que planteó un escenario de profunda desigualdad en la redistribución de ingresos, terminó por ofender a un sector de trabajadores y trabajadoras informales, que son sin dudas los y las más golpeadas por el país que bien describió la vicepresidenta.
“Con esta desocupación debería haber menos planes. El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas”, dijo la ex mandataria y agregó: “eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, las más basureadas. Si Evita los viera. ¡Mamita!”.
Lo cierto, es que según el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en la Argentina existen 182 programas sociales vigentes, los cuales son destinados a unas 25 millones de personas. De ese total, los Programas Sociales pensados solo para contener la pobreza, se reducen en uno solo: el Potenciar Trabajo.
Pero aún así, según los datos oficiales que salen de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) -el gremio que reúne a la gran cantidad de organizaciones sociales-, el total de planes sociales que manejan los movimientos, no superan los 450 mil Potenciar Trabajo. En tanto, existen otros 220 mil programas de este tipo para dependencias del Estado (como Sedronar y el Ministerio de Mujeres) y Ongs (como Cáritas). Por su parte, gobernadores y municipios manejan una caja de 600 mil Potenciar Trabajo.
Por lo que el Estado (desde su órbita Nacional, Provincial o municipal) continúa hegemonizando el control de la mayoría de los programas sociales en el país.
En todo caso, que los programas sociales pasen o no en manos de las organizaciones sociales parece ser una discusión secundaria a un eje que irónicamente sale como reclamo en las filas de la Economía Popular: ¿Hay reales condiciones para que en corto plazo se puedan incorporar millones de beneficiarios de planes sociales a un trabajo formal?
Si la respuesta es “sí”, el Estado y sus sucesivos gobiernos deberán concretar la inclusión verdadera de este sector que hoy -se calcula- supera a 11 millones de personas, a partir de la cantidad de Ingresos Familiar de Emergencia (IFE) que se destinó durante la pandemia.
Pero si la respuesta es “no”, la urgencia no pareciera posar sobre el cómo se controlan los programas sociales, sino más bien, en cómo hacer para que -mientras el capitalismo continúa siendo un sistema de descarte- millones de seres humanos puedan comer y vivir dignamente en nuestra Patria.
Para eso se propone el Salario Básico Universal, una propuesta que paradójicamente está encontrando consenso con el kirchnerismo dentro del Congreso.
