Los dichos finales de Cristina Fernandez de Kirchner en Avellaneda, han retornado a la agenda pública la discusión sobre el manejo del programa Potenciar Trabajo por parte de las organizaciones sociales y el rol del Estado en las políticas públicas orientadas a los sectores más postergados. El debate suscita rispideces y no es para menos. Es utilizado en función de las disputas internas de la coalición gobernante, además de sustentarse en diversos prejuicios, desconocimientos y las órdenes dictatoriales de las encuestas.
Se abrió nuevamente el debate sobre el slogan que funcionarios, gobernadores e intendentes del Frente de Todos han logrado instalar: “Transformar los planes sociales en trabajo genuino”. El latiguillo presupone una actitud pasiva por parte del titular del Salario Social Complementario (ingreso enmarcado en el programa Potenciar Trabajo), una especie de reedición centennial de la vieja figura del “vago y mal entretenido” que debe enlistarse en el empleo privado para ser parte de la civilización y el progreso. Lamentablemente, el mercado laboral no resuelve (ni va en vías de resolver) el problema de empleo para millones de seres humanos, y Argentina no es la excepción.
Ante este escenario millones de personas resuelven el problema por su cuenta generando sus propias fuentes de trabajo. El problema justamente no es la labor sino, en muchos casos, sus escasos ingresos y deficitarias condiciones. No hay vagos y mal entretenidos, sino precarizados y mal pagos. A este universo de nueve millones de argentinos y argentinas, diversas organizaciones lo han llamado economía popular, una realidad que puede ser caos, la ley del más fuerte o bien, un sistema de organización comunitaria. Y su carácter final no es solo cuestión de voluntad, sino también de la existencia de políticas públicas orientadas a este enorme sector de la clase trabajadora ya que no hay organización (o conjunto de organizaciones) capaz de absorber por sí misma nueve millones de realidades.
Ahora bien ¿De qué hablamos cuando decimos que la manija de los programas sociales debe tenerla el Estado? Una posible solución es que gobernaciones, intendencias y ministerio pasen a tener el control del Potenciar Trabajo y deje de estar en manos de organizaciones sociales. En primer lugar, casi tres cuartas partes del Potenciar Trabajo ya gira en torno de alguno de los niveles del Estado, y solo un cuarto es manejado por organizaciones sociales. En segundo lugar, las experiencias de uso por parte de intendencias y gobernaciones son tan diversas como divisiones administrativas hay. También existen denuncias de abusos de poder, pedido de dinero, sobreexplotación, favores políticos.
¿Entonces la solución pasa por empalmar estos programas con puestos de trabajo en el sector privado? En la actualidad, el Programa Empalme no logró convertir ni 700 planes en trabajo genuino. Al margen de los problemas administrativos (los trabajadores no tienen un lugar para postularse), lo que se hace es dar “nuevas altas” para subvencionar la mano de obra de algunas empresas. Las ofertas laborales suelen ser de descarte en trabajos sobreexplotadores, mal pagos y con escasas condiciones laborales. Ante este escenario, es normal que varios elijan la organización comunitaria o el cuentapropismo a secas.
Entonces, ni las organizaciones sociales, ni las gobernaciones, ni las intendencias, ni los ministerios, ni el sector privado pueden resolver el problema del ingreso de millones de argentinos y argentinas ¿Cómo se puede solucionar entonces? Recogiendo el guante del debate que había instalado hace algunos días, la vicepresidenta volvió a referirse al tema de las políticas sociales y propuso debatir el Salario Básico Universal. La propuesta tiene larga data y comenzó a ser formulada por el dirigente social Juan Grabois en el contexto de la pandemia, luego fue incorporada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y ahora diversos sectores del gobierno comenzaron a referirse al tema también.
¿En qué consiste el SBU? Es una prestación monetaria mensual no individual para personas entre 18 y 64 años inclusive. El monto del SBU es de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto. Está orientado a trabajadores y trabajadoras desocupados, informales, monotributistas sociales, del sector agrario (trabajo temporario) y de casas particulares, monotributistas categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos no lleguen al Salario Mínimo Vital y Móvil.
Su objetivo es establecer un piso mínimo de ingresos para toda la población, reducir drásticamente la indigencia, retribuir tareas que el mercado laboral subvaloriza o no valoriza y redistribuir ingresos. El organismo encargado de su implementación sería la ANSES. El costo fiscal neto a financiar sería del 0,9% del PBI, e implicaría una disputa por un orden tributario progresivo, un nuevo impuesto a las grandes fortunas y la recuperación de activos en el exterior.
¿Qué sucedería entonces con el resto de los programas sociales? Según lo propuesto por las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP, el Potenciar Trabajo debería pasar a ser una política de fortalecimiento de la economía popular organizada en unidades productivas, para dejar de ser la única “ventanilla” de ingresos de una pequeña porción de los excluidos del país. Esto ordenaría el universo del Potenciar Trabajo, evitaría abusos de poder y garantizaría ingresos de subsistencia para una amplia porción de nuestra población.
Los legisladores Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, de la CCC; Natalia Souto, de Barrios de Pie; junto a los diputados del Frente Patria Grande Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, presentaron el proyecto el 10 de mayo pasado. Han insistido en la idea con un comunicado emitido el 30 de junio tratando de sostener la vigencia del tema en el orden parlamentario.
El contexto no es menor. La traumática renuncia del ex ministro de Economía, la presión devaluatoria, la inflación y una nueva oleada persecutoria contra las organizaciones sociales son elementos que exigen apurar las tratativas. Las organizaciones nucleadas en la UTEP no descartan movilizarse en pos de empujar el SBU y un paquete de medidas orientadas al aumento del SMVyM, las jubilaciones y el bono social.
Las organizaciones tendrán una larga lista de tareas de acá a una nueva convocatoria al 7 de Agosto, día de San Cayetano. De mes a mes, paso a paso, de Liniers a Plaza de Mayo.
