En marzo de este año, dos funcionarios a cargo del ministro Luis Petri ingresaron a Campo de Mayo y mantuvieron reuniones privadas con genocidas. Se trata del subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes.
Posteriormente, seis diputados nacionales de La Libertad Avanza harían lo mismo. Pero hasta ahora, la justicia no pidió mayor información respecto a estos extraños movimientos, ni se ha dado algún escándalo mayor en el Congreso de la Nación. En resumen, en cuestión de meses, el oficialismo impulsó reiteradas visitas a las unidades 31 de Ezeiza y la 34 de Campo de Mayo, donde se alojan los detenidos por delitos de lesa humanidad en nuestro país.
Pero las visitas no fueron en vano y eso es lo que ahora genera una alerta roja para todos los organismos de Derechos Humanos de la Argentina: según informó Página12, los genocidas visitados le habrían entregado un proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o de ley, para modificar las condenas a los represores, o bien habilitar prisiones domiciliarias.
Tal como afirma el mismo diario, ahora el gobierno de Javier Milei estaría preparando su proyecto propio en base a lo que los genocidas le entregaron en mano a los legisladores libertarios. Más bien, un calco y copia, teniendo en cuenta que solo se hicieron unas breves modificaciones. 
¿Qué dice puntualmente el proyecto que busca liberar genocidas?
El proyecto de ley o DNU que tendría en manos el gobierno de Milei apunta principalmente en limitar el denominado “plazo razonable” para la tramitación de causas. Y si bien hasta ahora no estaría confirmado que el mismo está centrado en las causas de delitos de lesa humanidad, de alguna forma los genocidas ya condenados obtendrían un beneficio automático: y de esta forma muchos de ellos incluso recuperarían la libertad.
Esto se da a partir de que -según la ley- el Estado nacional tiene un plazo máximo de 25 años para llegar a una sentencia definitiva frente a un delito. Pero lo que beneficia directamente a genocidas como Alfredo Astiz, por ejemplo, es que ese plazo comienza a regir desde que se cometió el ilícito y puede suspenderse si hay una interrupción en la vida democrática. Por otro lado, no se extiende a quienes están prófugos.
Un ejemplo claro y concreto sería la situación de Astiz, condenado dos veces a perpetua por diversos delitos de lesa humanidad, entre ellos ser responsable de la infiltración de la recién fundada organización Madres de Plaza de Mayo y finalmente secuestrar a una de sus fundadoras: Azucena Villaflor. También fue responsable del secuestro y muerte de las monjas francesas, por lo cual la visita reciente de Milei a Francia le valió repudio de sectores de Derechos Humanos de ese país, atentos a la impunidad que empieza a cocinarse en Argentina.
De esta forma, si se aprobara esta nueva legislación que plantea que los delitos deberán tener un máximo de plazo de 25 años para ser juzgados, Astiz hubiese obtenido la libertad en 2002. De hecho, el exmarino y otros genocidas recién empezaron a ser condenados entre el 2006 y el 2015.
En ese sentido, la abogada y querellante en causas de delitos de lesa humanidad, Guadalupe Godoy, considera que se tratan de nuevos intentos que tienen un pasado reciente: cuando durante el gobierno de Mauricio Macri, la justicia casi logra aprobar una reducción de penas a los genocidas, popularmente conocida como el “2×1”. La que finalmente no pudo prosperar por una de las movilizaciones más importantes de los últimos años.
Sin embargo, la abogada hace hincapié en un punto central: “la diferencia es que hoy tienen la recepción de un sector político, que hoy ahora el Poder Ejecutivo Nacional, por lo que tienen muchísima más capacidad de operar que en otras épocas”, aclara.
De todas formas, pone en duda que los proyectos de ley o DNU que tendría en mente el gobierno de Javier Milei para modificar penas o reducir condenas a los genocidas, puedan tener éxito:
“Ninguno de estos planteos debería prosperar, no solo por la jurisprudencia argentina si no por los tratados internacionales, que fueron los que incluso permitieron comenzar a condenar a los genocidas”.
Para Godoy, lograr eliminar la imprescriptibilidad de estos delitos y la obligación de los Estados de la investigación y la condena de los crímenes de estas características, es una misión que encontrará demasiada resistencia en la justicia nacional e internacional.
Pero si el gobierno de Milei sabe esto, la pregunta pasa en saber qué se busca realmente con estas políticas que alimentan la impunidad y nos retrotraen a los indultos y leyes como la de Punto Final y Obediencia Debida, durante el gobierno de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
“En este sentido es improbable, pero lo que también hay que decir es que estas estrategias buscan limar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que se ha extendido en nuestro país a base de mucho esfuerzo”, sostiene la militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
La falsa idea de que todos los genocidas están encerrados
A todo esto, no solo lo confirma Página12, si no también los recientes testimonios de las diputadas libertarias Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, quienes se “arrepintieron” de las visitas que integraron en los penales de Ezeiza y Campo de Mayo. Prácticamente dijeron haber sido engañadas.
Pero según lo que relató Bonacci, el papel que le entregaron alguno de esos militares condenados por delitos de lesa humanidad apuntaba a una iniciativa para lograr la prisión domiciliaria para los genocidas que tuvieran más de 70 años. Lo cual es, la mayoría.
“Tengo entendido que estaba haciendo un proyecto él con algunos asesores. No sé si había algunos diputados más involucrados”, dijo Arrieta en una entrevista sobre Benedit. “Lo que sí sé es que estaban llevando esta bandera, no sé si para indultarlos pero por lo menos para la prisión domiciliaria”, agregó.
Por su parte Bonacci confirmó esa versión y también dejó un nombre puntual: según la diputada, fue el genocida Raúl Guglielminetti quien entregó un proyecto redactado con birome al diputado Benedit, uno de los que habría organizado la visita al penal.
Pero hay que aclarar que según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), actualmente son solo 134 los genocidas condenados con causas firmes. Y de ese número, solo 32 se encuentran a disposición del Servicio Penitenciario Federal (SPF), es decir, encerrados en cárceles comunes. El resto cumple sus condenas en sus casas.
