A poco de comenzar el ciclo lectivo, los principales gremios docentes alertan que sin mejoras salariales y la recomposición del Fondo de Incentivo Docente, las clases no comenzarán a tiempo.
Pero por otra parte, las universidades nacionales del país también enfrentan una dura situación y coinciden que sin una actualización de sus presupuestos, muchas de las casas de estudio podrán funcionar “hasta abril o mayo”.
Esto se da debido a que el gobierno de Javier Milei decidió prorrogar el presupuesto de 2023 para que sea utilizado para las universidades públicas del país. El problema, claro está, es que ese presupuesto quedó muy por debajo de la inflación y el costo de vida actual.
Mientras que algunas casas de estudio están buscando la forma de reducir gasto -aunque advierten que no será viable continuar en este sendero- otras directamente plantean medidas extremas y la relación con el gobierno nacional, comienza a agrietarse
Una de las primeras universidades que salió a denunciar el ajuste, por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que a través de su Consejo Superior, expresó su “extrema preocupación”.
“Se solicitará al Gobierno Nacional que disponga de un presupuesto actualizado para el presente año que garantice la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, salud y extensión, además de la actualización de las partidas vinculadas a paritarias docente y no docente”, plantearon.
Por su parte, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), es una de las casas de estudio que busca alertar con mayor visibilidad la drástica situación financiera de las universidades y la semana que viene podría declarar la emergencia económica.
“El Gobierno Nacional decidió prorrogar el presupuesto de 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024. Esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades. Como consecuencia del congelamiento presupuestario, una parte de la oferta académica de grado y pregrado se adecuará a las posibilidades presupuestarias actuales. Ya no será posible costear cursos adicionales y contratos de docentes extra”, denunciaron desde la UNQ.
En tanto, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto se pronunciaron en la misma línea y, a través de un comunicado oficial, difundieron: “El presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, devaluación de las becas, afectación del sistema alimentario, adquisición de insumos para docencia e investigación, programas especiales, entre otras tantas actividades que hacen al quehacer institucional”.
Pero resulta por demás llamativo que -frente a este escenario de sensible complejidad- el gobierno nacional haya ofrecido tan solo un aumento del 6 por ciento para el personal docente y no docente, cuando según estimaron, la pérdida salarial ya es del 50%.
“La pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50 por ciento respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero”, advirtieron desde el Frente Sindical Universitario. Y completaron: “Lo mínimo que reclamamos es que nuestros salarios no pierdan respecto de la inflación; la propuesta del Gobierno está muy lejos de esa equiparación”.
Aunque todavía no existen novedades respecto a medidas de fuerza, de continuar esta situación todo indica que los principales gremios docentes universitarios marcharán hacia un paro.
