La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) se creó en 1992 y desde entonces, fue clave para la recuperación de la identidad de nada más ni nada menos que 139 nietos y nietas. Es decir, de los bebés que fueron robados por la dictadura y que varios años después pudieron saber la verdad y conocer a sus familiares biológicos.
El organismo -independiente de cualquier gobierno- se mantuvo en pie desde entonces y más allá de mejores o peores relaciones con los presidentes de turno, jamás se puso en duda su continuidad.
Con la llegada de Javier Milei al poder, la Conadi sufrió un ajuste significativo y el cierre momentáneo de su Unidad de Investigación a partir del Decreto 727/2024, el corazón del organismo que permitía contribuir a la búsqueda de familiares de detenidos-desaparecidos y otras investigaciones relacionadas a los crímenes de lesa humanidad.
En pocos días y pese haberle confirmado su continuidad, la titular desde la fundación de la Comisión –Claudia Carlotto– fue removida. Y los trabajadores de la Unidad de investigación, echados o obligados a renunciar.
En efecto, se trató de una medida que en términos de ajustes, no tenía la menor importancia, por el poco presupuesto que conlleva la Conadi. Fue, en todo caso, un acto de negacionismo más.
La decisión que aplicó la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños, se dio además en un contexto particular: legisladores libertarios reuniéndose con genocidas y declaraciones abiertamente negacionistas por parte de las más altas esferas del gobierno, como ocurre con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
Sin embargo, en agosto del año pasado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof, se reunió con su ex titular y parte del equipo desplazado. Luego de escuchar sus demandas, decidió crear la Unidad Provincial Especializada de Investigación, que funcionará como una copia del grupo de expertos que trabajaba para la Conadi.
Con los mismos objetivos y con la misma necesidad de seguir aportando a la verdad, teniendo en cuenta que -se estima- todavía quedan más de 300 nietos y nietas sin conocer su verdadera identidad.
“Ante la desesperación, nos reunimos con Axel. Él mismo en ese momento dijo: ´entonces vamos a crear una Unidad en la provincia para que se dedique a lo que se realizaba la anterior unidad de investigación de la Conadi´. Nos pareció maravilloso”, explica Claudia Carlotto en diálogo con ARG MEDIOS.
El acto oficial del lanzamiento de la Unidad Provincial Especializada fue el pasado 10 de diciembre, en el marco del día internacional de los Derechos Humanos, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena y el subsecretario de Derechos Humanos Matías Moreno.
“No hay figura del mundo que no conozca lo que se hizo acá en materia de derechos humanos, porque cuando ocurrieron genocidios en otros países no pasó después lo que pasó en la Argentina. Para resolver algo tan trágico se requirió la intervención de países extranjeros, pero acá se hizo en los tribunales”, expresó en ese entonces, Kicillof.
Al respecto, la referenta histórica de la Conadi y la ahora titular de la nueva Unidad de Investigación dependiente de Provincia explica que en este momento histórico “no se puede dejar de investigar” y que después de más de 30 años de trabajo, el grupo de expertos que presidió la Unidad de Investigación “tiene mucha información que sirve para condenar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad”.
“Esos archivos no pueden quedar en manos de este gobierno. Más después de enterarnos de que en la Armada quieren depurar parte de sus archivos”, considera la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Esos archivos siguen estando en manos de la Conadi. Afortunadamente, el año pasado la fiscal Ana Oberlín le pidió al juez Kreplak una medida de “no innovar con toda la información” que tiene el organismo, para evitar cualquier adulteración o destrucción de la misma.
“Cuidamos tanto la investigación que en uno de los traslados del archivo, los compañeros fueron arriba del camión para resguardar las cajas”, agrega a modo de anécdota, Carlotto.
El grupo de investigación que ahora dependerá del ministerio de Justicia de la provincia, consta de un equipo chico y se ubicará en el Centro para la Memoria de la Comisaría 5° de La Plata, allí donde funcionó un centro clandestino en la última dictadura militar.
“Entendemos la situación de emergencia de la provincia: pedimos un equipo pequeño, pero especializado. Ellos ya están trabajando, pese a que todavía no están oficializados. Se trata de investigadores e investigadoras con más de 20 años de experiencia”, detalló Carlotto.
Un ajuste que terminará recargando a la justicia
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad siempre funcionó como un auxiliar de la justicia. Las denuncias que llegaban al organismo, no eran remitidas automáticamente a un juzgado de turno, si no que se realizaba una investigación paralela para que el proceso judicial recién inicie con pruebas y testimonios contundentes.
De esa manera, la Justicia se ahorraba indagar en casos que podían terminar en nada, o más bien podía dictaminar respecto a hechos que ya estaban certificados que habían ocurrido.
“Sin la Unidad de la Conadi, ahora cualquier persona -sea responsable o no de delitos de lesa humanidad- terminarán siendo citados por la justicia desde un comienzo”, explican desde la Conadi.
Vale aclarar que el organismo todavía tiene alrededor de siete mil denuncias por resolver. Algo que evidentemente terminará perjudicando el funcionamiento normal de la justicia.
“Acá hay que resistir. Hay que aguantar trabajando, con inteligencia y con paciencia para que cuando este gobierno se vaya podamos rescatar todo y esta gente no se lleve su botín de guerra”, dice, a modo de cierre, Claudia Carlotto.
