Este martes por la noche, el presidente Javier Milei habló en una nueva cadena nacional para anunciar que su gobierno logró un superávit fiscal del 0,2%. Lo que a grandes líneas significa que en tan solo seis meses, la gestión libertaria pudo reducir el gasto público e incluso “ahorrar” recursos del Estado en un porcentaje amplio.
El anuncio se dio a menos de 24 horas de una movilización histórica: se trata de la marcha federal en defensa por la universidad pública, actualmente en una grave crisis presupuestaria.
Claro que aquí, una cosa tiene que ver con la otra: las universidades de todo el país aseguran que se encuentran funcionando con el presupuesto más bajo de su historia y que podrían dejar de funcionar normalmente para el segundo cuatrimestre. Pero, ¿Por qué? Debido -especial y exclusivamente- al ajuste que encabezó el gobierno de Milei, ayer festejado en cadena nacional.
Los números fríos y dolorosos del ajuste
El gobierno de Javier Milei se caracteriza por trabajar a través de estadísticas y números, ponderando lo cuantitativo por sobre lo cualitativo. Y especialmente, evitando ahondar en humanizar esos números.
Sin embargo, tan sólo en términos porcentuales, también se puede comprender la grave crisis presupuestaria que acarrea la universidad pública. Y en donde el gobierno tiene el poder de revertir de un día para el otro.
Como primer punto hay que aclarar que el presupuesto nacional correspondiente a este 2024 redujo un 48% las partidas para Educación, en general. En 2023 había sido del 6,02%, mientras que para este año se le calculó un 5,34% pero sin tener en cuenta la fuerte devaluación e inflación interanual.
Pero, hablando estrictamente del presupuesto para educación Superior -es decir para las Universidades y otras modalidades de enseñanza-, nos encontramos con una situación gravísima: actualmente no hay presupuesto actualizado y las universidades funcionan con el prorrogado de 2023, lo que alcanza tan solo para el 30% de los gastos.
“Las Transferencias Corrientes dirigidas a las Universidades experimentaron una reducción del 40 por ciento interanual ajustada por inflación en marzo y del 32,5 por ciento real en el acumulado del trimestre”, asegura la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Si las universidades estaban ajustadísimas y sin presupuesto actualizado, hay que sumarle a que debido a los tarifazos de luz y gas que el gobierno de Javier Milei autorizó, las facturas de los distintos servicios están asfixiando a las casas de estudio.
Los famosos “gastos de funcionamiento” ya no llegan ni al 5% del total que se necesitan. Y para que se entienda claramente, si antes llegaban facturas de luz por 500 mil pesos, ahora las universidades afrontan gastos que van desde los 5 a los 10 millones de pesos por mes.
Esto hizo que universidades prestigiosas como la propia UBA, tuvieran que reducir el uso de la luz para algunas facultades, así como evitar el uso de ascensores y otros servicios.
Párrafo aparte es la situación de los salarios docentes y no docentes, que en términos de presupuestos consume casi el total.
Actualmente, estos salarios se redujeron un 32 por ciento en términos reales (descontada la inflación), a no docentes (-28 por ciento) y funcionamiento y refacción de universidades (-66 por ciento).
En síntesis, la situación presupuestaria es grave para toda el área de educación. Es posible que en los próximos meses, estallen nuevos reclamos docentes de escuelas primarias y secundarias, así como se exprese el mal funcionamiento de las escuelas en distintos órdenes.
Pero sin dudas, el estado de mayor ajuste y deterioro se lo está llevando la universidad pública, que este martes 23 de abril convoca a una gran marcha federal para exigir que el gobierno de Milei siga ajustando y perjudicando a millones de argentinos y argentinas, en su derecho a estudiar.
